El Informe sobre Derechos Humanos en el Mundo de Amnistía Internacional advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia, así como la crisis humanitaria y la discriminación contra mujeres, afrodescendientes y la comunidad LGBTI.
En entrevista este miércoles con Martí Noticias, Johanna Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, dijo que “no ha habido cambios significativos en los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad”.
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Amnistía Internacional en su informe señala varios problemas con la situación de los derechos humanos en Cuba, ¿qué exactamente le preocupa a Amnistía Internacional?
Bueno, como habrán visto en el informe, señalamos de manera generalizada los casos de hostigamiento, acoso, criminalización y persecución de activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas. Esa es una primera gran preocupación, que se mantiene durante nuestro monitoreo de este informe, casos preocupantes de situaciones relacionadas con el activismo y con las posibilidades de defender derechos humanos en Cuba de manera generalizada.
Un segundo punto: la situación de las personas que se encuentran en prisión por su participación en eventos de protestas, porque ya sabemos que además de más de 600 personas que siguen prisioneras después del 11 de julio, tenemos también personas que han entrado en prisión por protestas posteriores al 11 de julio y que siguen ocurriendo en el país y las condiciones tanto del procesamiento de esos juicios, los delitos por los que son acusados, la forma y la falta de garantías procesales de estos juicios, así como las condiciones en prisión, las negativas de derechos de beneficios penales, de acceso a familiares para visitas de manera regular es otra preocupación importante que aparece en el informe.
En especial mencionamos en el informe los casos de los 5 prisioneros de conciencia que hoy tiene Amnistía Internacional, pero que también sabemos que sus circunstancias son compartidas por otros cientos de personas que están en prisión y por las familias, los amigos y las personas que los rodean, que también sufren violaciones a sus derechos al negárselas, por ejemplo, visitas, llamadas telefónicas o estar en condiciones de incomunicación, como tenemos el caso, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, que ha estado en condiciones de incomunicacion durante meses, el pasado año.
Otro elemento que señalamos tiene que ver con la discriminación persistente, no solamente por temas de raza, por temas de género. Hemos visto que hay un esfuerzo y una denuncia importante en materia de discriminación racial y de discriminación de género. También la discriminación política y la discriminación religiosa. Dos de nuestros prisioneros de conciencia son líderes religiosos.
Entonces también hemos estado documentando los problemas relativos a los derechos de religiosos relacionados con las prácticas religiosas en Cuba y también señalamos --no lo estoy priorizando por orden de prioridad, ni mucho menos son todos temas relevantes-- el tema de acceso a derechos sociales que también hemos visto que continúa un deterioro en condiciones relacionadas con la economía y que afectan sobre todo el acceso a la alimentación, acceso a la salud, la ocurrencia de apagones y que cortes eléctricos importantes.
Señalamos también la utilización de los cortes selectivos y generalizados de internet como forma de represión, particularmente durante eventos de protesta o en fechas señaladas como el Día de los Derechos Humanos o la conmemoración del 11 de julio, y también los cortes generalizados que vimos durante el 11 y 12 de julio en el año 2021 y que hemos visto sucesivamente en protestas en los años 2022 y 2023 que limitan, por ejemplo, la posibilidad de documentar violaciones de derechos humanos al no tener forma de grabarse y transmitirse esas imágenes.
Mencionaste discriminación en base de género ¿cual es la realidad de la situación de la mujer en Cuba?
Yo creo que es importante señalar el esfuerzo permanente que hace la sociedad civil cubana, organizaciones colectivas feministas, las feministas que están dentro de la isla y que están haciendo un esfuerzo de monitoreo sumamente relevante para las organizaciones internacionales y para mostrar esta otra cara de las condiciones de la violencia de género.
Por ejemplo, el conteo de feminicidios nos habla de un problema importante relacionado con la violencia contra la mujer, que no está siendo reflejado en los discursos públicos. La ausencia de la regulación de este delito de manera explícita en la, por ejemplo, la formulación del nuevo Código Penal cubano. La postergación indefinida que ha sufrido la exigencia de una ley contra la violencia de género que también colectivos feministas y grupos dentro y fuera de la isla han exigido. Nos habla también de una preocupación de la sociedad que no está siendo reflejada en las posturas oficiales y en los pronunciamientos públicos. Entonces creo que es muy importante mencionar el trabajo de los observatorios y de los colectivos independientes para visibilizar esta realidad.
Ahí están los números relacionados con violencia contra la mujer, con violencia de género, con discriminación, que también se ve en los análisis que se hacen sobre participación en la economía, participación en los cuidados, en las tareas de cuidado, que también hay una sobrecarga en las tareas de cuidado y es algo que vemos en todo el mundo, que vemos en Latinoamérica, y que también se ve en Cuba. Esta sobrecarga de las labores de cuidado en las mujeres y que también hemos visto, por ejemplo, en las protestas. Hay una participación importante de mujeres en eventos de protestas que tiene que ver sobre todo con la sobrecarga que tiene en materia de garantizar alimentos, garantizar medicinas a las personas que están bajo su cuidado, que afecta de manera diferente a las mujeres o que está afectando de manera diferente a las mujeres en Cuba, una realidad que no está del todo reflejada en los discursos oficiales.
¿Algo mejoró en la situación de derechos humanos en Cuba este año?
Es muy difícil hablar de mejor o de peor porque los procesos sociales son muy complejos. Tampoco me gusta decir avances porque lo que puedo decir es que no han habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad.
Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto, se siguen manteniendo las condiciones en que defensores de derechos humanos, activistas, artistas hacen su labor en Cuba y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social.
Sí nos hemos podido dar cuenta de que hay un aumento de la protesta social, un aumento de descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivos o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023 cómo fue la protesta de Caimanera que documentamos y que mencionamos en nuestro informe en mayo pasado.
Entonces podemos ver que se mantienen estas condiciones de patrones represivos que impiden la articulación y los canales para expresar disidencias y defender derechos humanos, pero, por otro lado, hay una sociedad que cada vez es más consciente de esos derechos y cada vez exige más estos derechos.
Entonces, si hablamos de manera general de derechos humanos, es importante hacer el reconocimiento a todas las personas que salen a las calles a protestar, a todos los activistas que en ese ambiente, que además es el ambiente de un nuevo Código Penal, de todas maneras, siguen ejerciendo y defendiendo derechos humanos en ese contexto en Cuba.
¿Amnistía no tiene acceso para hacer su trabajo de documentación, entonces, cómo obtienen ustedes su información y qué quiere lograr la organización de derechos humanos con estos informes anuales?
El informe anual es un esfuerzo global que, cada año, vemos patrones muy complicados para el tema de la documentación, no solamente en Cuba, sino en distintas partes del mundo, donde la labor de derechos humanos está siendo criminalizada.
Este informe de Cuba entra dentro de un ejercicio global que hace Amnistía Internacional y los patrones que se ven en Cuba en términos de dificultades de acceso lamentablemente los estamos viendo también en otros lugares donde se está haciendo compleja la labor de documentación.
Efectivamente, no tener acceso al terreno pone limitaciones importantes al trabajo que podemos hacer en materia de derechos humanos, pero creo que hay algunas cosas que funcionan hoy en el caso cubano y también en otros casos. Una, tiene que ver con el acceso y la amplitud de acceso a internet que ha tenido el país. Esto ha garantizado que las formas de comunicación, de hacer entrevistas, de documentar, de obtener información sean mayores. Otra, es la calidad y el profesionalismo que ha ganado la prensa independiente cubana y los esfuerzos de documentar lo que está pasando en Cuba desde la base de un periodismo serio y confiable, también es de muchísima ayuda para nosotros. Otra cosa es el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Cuba y fuera de Cuba, con personas de Cuba que también han ganado muchísimo en organización, en prestigio, en credibilidad, en metodologías de trabajo que nos facilitan datos e información que a lo mejor de otra manera no podríamos tener o que hace unos años era impensable que tuviéramos.
La valentía de las personas que dan su testimonio por distintas vías y que continúan ofreciendo, y documentando violaciones de derechos humanos también es importante.
Pero yo llamaría la atención a que es una exigencia nuestra, una exigencia permanente de la organización, no sólo para Cuba, sino para para el resto de los países, es justamente la posibilidad de que los países estén abiertos al escrutinio en materia de derechos humanos, ya sea de parte de organizaciones como Amnistía Internacional, organizaciones internacionales de derechos humanos como organizaciones locales, organizaciones nacionales o procedimientos internacionales como las relatorías especiales de Naciones Unidas.