La abogada cubana Laritza Diversent llamó la atención sobre el terrible destino que le espera a los menores encarcelados tras el 11 de julio.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de la República hay procesados 55 menores de entre 16 y 18 años de edad, por delitos como desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje e, incluso, sedición. De ellos, reconoce que 28 están encarcelados en régimen de prisión provisional y a 27 se les aplicó lo que denominan el “procedimiento legal establecido”.
En declaraciones a Deutsche Welle (DW), la directora de Cubalex alertó que “nada alentador” puede esperar a estos niños en centros penitenciarios o del sistema de reeducación de menores de la isla, bajo la administración militar del Ministerio del Interior y aseguró que "el Estado no tiene personal calificado para tratar con estos menores”.
Además mencionó que en muchos casos documentados en el pasado por el centro de asesoría legal que ella dirige, las personas se ven atrapadas en una espiral en la que “nunca salen de la cárcel, delito tras delito”.
Diversent dijo que los menores “actuaron en legítima defensa contra la violencia ejercida por agentes del Estado".
Cubalex y Justicia 11J, son las agrupaciones que han hecho el monitoreo más exhaustivo de las detenciones, procesos judiciales y juicios tras la manifestaciones masivas de julio de 2021. Ambos grupos consideran a los detenidos como presos políticos, porque salieron a ejercer su derecho a la protesta e insisten en hablar de “niños presos políticos” porque, si bien el Estado cubano fija en 16 años la edad mínima para adquirir responsabilidad penal, Cuba es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera menor de edad a todo aquel que no haya cumplido 18 años.
La jurista denunció que las autoridades no han observado los estándares internacionales de la justicia en menores, especialmente en lo que respecta al acompañamiento de los padres en el proceso.
"Muchos de estos niños estuvieron en condición de desaparición forzada tras su detención, porque las autoridades no informaron sobre su ubicación", denunció y agregó que muchos llevan ya siete meses encarcelados, esperando juicio, con “excesivas” peticiones fiscales de más de 6 años de prisión, cuando los estándares de justicia en menores establecen que la privación de libertad es el último recurso.
Salomé García Bacallao, coordinadora de Justicia 11, dijo a DW que la mayoría de los menores de los que llevan registrados están presos en el Establecimiento Penitenciario Jóvenes de Occidente, en La Habana, pero también registran casos en las provincias de Holguín y Matanzas.
"Ellos lo que hicieron fue gritar ‘abajo la dictadura', ‘no tenemos comida ni medicinas', y ‘abajo Díaz-Canel'. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás”, dijo a DW Emilio Román, padre de los varones Yosney de 25 años y Emiyoslán de 18 y Mackyanis, de 24.