La segunda hija de los reyes de España, la infanta Cristina, este miércoles se convirtió en el primer miembro de la realeza española imputado en un caso de presunta corrupción.
La infanta Cristina, hija de los reyes de España, fue imputada el miércoles por el escándalo de corrupción que afecta a su marido, el ex deportista profesional de balonmano Iñaki Urdangarín.
La duquesa de Palma tendrá que comparecer ante un juez en calidad de sospechosa "por delito de tráfico de influencias” el próximo 27 de abril en el tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, donde se investiga el "caso Nóos", que implica desde 2011 a su marido y que ya acumula más de 42.000 folios de instrucción.
Hasta ahora la infanta había permanecido al margen de una investigación que se acercaba cada vez más peligrosamente a la Casa Real y al entorno más próximo del monarca, de 75 años, cuya imagen también se vio duramente afectada por el escándalo.
Cristina, de 47 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que supuestamente documentaban su conocimiento de las actividades de su esposo
La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio presuntamente se apropiaron de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.
El duque de Palma, al igual que su mujer, está imputado y bajo investigación, pero no ha sido arrestado ni ha pisado la cárcel, y todavía no ha sido acusado formalmente de delito alguno. Su socio en el instituto Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena superior a los cuatro años de prisión.
El caso de Urdangarín ha multiplicado las sospechas de que los más allegados a la familia real hicieron la vista gorda a unos negocios presuntamente turbios.
La imagen del próximo 27 de abril con la hija de los reyes entrando en un tribunal de justicia como imputada se suma a episodios como el polémico safari de Juan Carlos para cazar elefantes en Africa el año pasado que han minado la credibilidad de la monarquía en un país en plena crisis económica y con un desempleo del 26%.
La duquesa de Palma tendrá que comparecer ante un juez en calidad de sospechosa "por delito de tráfico de influencias” el próximo 27 de abril en el tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, donde se investiga el "caso Nóos", que implica desde 2011 a su marido y que ya acumula más de 42.000 folios de instrucción.
Hasta ahora la infanta había permanecido al margen de una investigación que se acercaba cada vez más peligrosamente a la Casa Real y al entorno más próximo del monarca, de 75 años, cuya imagen también se vio duramente afectada por el escándalo.
Cristina, de 47 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que supuestamente documentaban su conocimiento de las actividades de su esposo
La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio presuntamente se apropiaron de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.
El duque de Palma, al igual que su mujer, está imputado y bajo investigación, pero no ha sido arrestado ni ha pisado la cárcel, y todavía no ha sido acusado formalmente de delito alguno. Su socio en el instituto Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena superior a los cuatro años de prisión.
El caso de Urdangarín ha multiplicado las sospechas de que los más allegados a la familia real hicieron la vista gorda a unos negocios presuntamente turbios.
La imagen del próximo 27 de abril con la hija de los reyes entrando en un tribunal de justicia como imputada se suma a episodios como el polémico safari de Juan Carlos para cazar elefantes en Africa el año pasado que han minado la credibilidad de la monarquía en un país en plena crisis económica y con un desempleo del 26%.