Vale la pena desentrañar de qué va esta conferencia que tiene tres objetivos un tanto tenebrosos: “control, influencia y atención a sancionados”.
El Centro de Convenciones de Cojímar, en La Habana, alberga este jueves a un pintoresco evento de título rimbombante, uno de esos que el régimen castrista almacena en su despensa de metáforas. Se trata del VII Taller Nacional sobre Control, Influencia y Atención a Sancionados.
Por supuesto que un “taller” de estas características es una especie de conferencia o seminario participativo, y nada tiene que ver con cualquier actividad artesanal, para la cual la palabra taller es más adecuada.
Perogrulladas aparte, vale la pena desentrañar de qué va esta conferencia que tiene tres objetivos un tanto tenebrosos: “control, influencia y atención a sancionados”.
El diario Trabajadores, que da cuenta hoy del evento, lo muestra con un aspecto más amable según declaraciones de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
“El 97 % de las personas que cumplen sanción penal en libertad están vinculadas laboralmente y de ellas más del 30 por ciento lo hace en el sector no estatal”, aseguró Rubén Remigio.
En un lenguaje menos sofisticado, cumplir una “sanción penal en libertad” quiere decir obtener una “libertad condicional”.
La información no lo aclara, por eso hay que asumir que eso de trabajar “en el sector no estatal”, equivale a trabajar como cuentapropistas o empleados de cuentapropistas, campesinos y de cooperativa agrícolas.
Es una lástima que Rubén Remigio no precise cuántos reclusos hay en esa categoría. Sería interesante conocer la cifra real y no el por ciento, porque activistas de derechos humanos en Cuba reportan la existencia de miles de presos comunes en todo el país. Una cifra, que según esos reportes, ha ido en aumento al mismo tiempo que las leyes del país se han vuelto más restrictivas.
Dicho de manera más clara: no es que los cubanos se han convertido en delicuentes, sino que el número de actividades declaradas ilegales por el régimen ha crecido de modo alarmante y se considera delito, lo que en una sociedad más libre y abierta es una actividad normal.
Quizás el Presidente del Tribunal Supremo dejó entrever esa preocupación cuando declaró que “en los últimos tiempos existe un mayor empleo de las penas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad y de los beneficios de excarcelación anticipada para quienes cumplieron determinado tiempo de su sanción con buena conducta”.
El reportaje de Trabajadores afirma que “la inserción en el nuevo escenario económico y laboral del país de personas que cumplen su sanción penal en libertad, y las acciones de las instituciones en los distintos niveles serán de los principales temas” que se debatirán en el taller.
Pero de esos otros temas como “control e influencia”, ni una palabra en Trabajadores.
Por supuesto que un “taller” de estas características es una especie de conferencia o seminario participativo, y nada tiene que ver con cualquier actividad artesanal, para la cual la palabra taller es más adecuada.
Perogrulladas aparte, vale la pena desentrañar de qué va esta conferencia que tiene tres objetivos un tanto tenebrosos: “control, influencia y atención a sancionados”.
El diario Trabajadores, que da cuenta hoy del evento, lo muestra con un aspecto más amable según declaraciones de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
“El 97 % de las personas que cumplen sanción penal en libertad están vinculadas laboralmente y de ellas más del 30 por ciento lo hace en el sector no estatal”, aseguró Rubén Remigio.
En un lenguaje menos sofisticado, cumplir una “sanción penal en libertad” quiere decir obtener una “libertad condicional”.
La información no lo aclara, por eso hay que asumir que eso de trabajar “en el sector no estatal”, equivale a trabajar como cuentapropistas o empleados de cuentapropistas, campesinos y de cooperativa agrícolas.
Es una lástima que Rubén Remigio no precise cuántos reclusos hay en esa categoría. Sería interesante conocer la cifra real y no el por ciento, porque activistas de derechos humanos en Cuba reportan la existencia de miles de presos comunes en todo el país. Una cifra, que según esos reportes, ha ido en aumento al mismo tiempo que las leyes del país se han vuelto más restrictivas.
Dicho de manera más clara: no es que los cubanos se han convertido en delicuentes, sino que el número de actividades declaradas ilegales por el régimen ha crecido de modo alarmante y se considera delito, lo que en una sociedad más libre y abierta es una actividad normal.
Quizás el Presidente del Tribunal Supremo dejó entrever esa preocupación cuando declaró que “en los últimos tiempos existe un mayor empleo de las penas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad y de los beneficios de excarcelación anticipada para quienes cumplieron determinado tiempo de su sanción con buena conducta”.
El reportaje de Trabajadores afirma que “la inserción en el nuevo escenario económico y laboral del país de personas que cumplen su sanción penal en libertad, y las acciones de las instituciones en los distintos niveles serán de los principales temas” que se debatirán en el taller.
Pero de esos otros temas como “control e influencia”, ni una palabra en Trabajadores.