Luego de 24 días de incertidumbre, con denuncias por las demoras en la transmisión de las actas electorales, el Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente al candidato por el Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, como el presidente electo para el período 2026-2030.

Con más del 99 por ciento de las actas escrutadas, Asfura obtuvo un millón 479 mil 822 votos, equivalentes al 40.27 por ciento del total, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con un millón 452 mil 796 papeletas a su favor, lo que representa el 39.53 por ciento.

Este martes, dos consejeras de la autoridad electoral hondureña votaron a favor de declarar un ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre, sin que aún se revisaran la totalidad de las más de 2 mil 790 actas que presentaron inconsistencias y estaban bajo un “escrutinio especial”.

La candidata del partido LIBRE, Rixi Moncada, que no logró rebasar el 20 por ciento de los votos, quedó en un rezagado tercer puesto. El representante de LIBRE en el CNE, el consejero Marlon Ochoa, se opuso a la declaratoria de los resultados y dijo que presentaría una denuncia penal.

En una publicación en X, Ana Paola Hall, consejera-presidente del CNE, advirtió que “continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias” y alertó a la comunidad internacional” sobre lo que podría suceder “contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos”, escribió.

La declaratoria, que deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta como establece la ley, fue firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona, pues el consejero titular Marlon Ochoa, de LIBRE, se negó a firmarla.

Según establecen la Constitución hondureña, el presidente electo Nasry “Tito” Asfura ocupará la Casa Presidencial de Tegucigalpa a partir del próximo 27 de enero, en sustitución de la actual mandataria Xiomara Castro de Zelaya, lo que culmina cuatro años de gobierno de izquierda en Honduras.

¿Quién es “Tito” Asfura?

Nasry Asfura, para algunos “Tito” y para otros “Papi a la Orden”, es un empresario del área de la construcción que ganó las internas del Partido Nacional en marzo pasado. Su vida política comenzó en 1990, con cargos en administraciones locales.

En 2010 se convirtió en director del Fondo Hondureño de Inversión Social, en el gobierno de Porfirio Lobo. Ese mismo año había sido elegido Diputado al Congreso Nacional. El gran salto de su carrera política sucedió en 2014, cuando ganó las elecciones para la alcaldía de Tegucigalpa, que ocupó hasta 2022.

Durante su campaña a la Casa Presidencial presentó su plan de Gobierno, definido en cinco direcciones, como un “país cinco estrellas”: económica, social, gobernabilidad democrática, biodiversidad y conservación del Medio Ambiente y Política Exterior y Cooperación.

Nasry “Tito” Asfura recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó como un “verdadero amigo de la libertad”. En ese momento, Trump le pidió al pueblo hondureño que votara por Asfura, el único con el cual dijo estaría dispuesto a trabajar.

El más reciente informe del Observatorio de Libertad Académica (OLA) documenta la represión estatal contra maestros y estudiantes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, y concluye que al menos una decena de docentes fueron convertidos en presos políticos tras juicios sin garantías y castigos de carácter ejemplarizante.

El Informe Especial No. 51, publicado el 22 de diciembre —Día del Educador en Cuba— y elaborado en coordinación con la ONG Justicia 11J, sostiene que existe una “contradicción profunda” entre la conmemoración oficial del magisterio y la persecución a educadores por ejercer su derecho a la protesta.

El estudio, firmado por Omara Isabel Ruiz Urquiola, Anamely Ramos González, Dimas Cecilio Castellanos Martí y Alenmichel Aguiló Queijeiro, cita a Odrey Rodríguez Lanz, Félix Navarro Rodríguez, Ángel Jesús Véliz Marcano, Harlen Oropesa Carrero, Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo como docentes presos políticos. Otros —Pedro Albert Sánchez, César Adrián Delgado Correa, Yoslén Domínguez Víctores y Samuel Pupo Martínez— cumplen o ya cumplieron sanciones fuera de prisión, con impactos severos en sus vidas profesionales y personales.

“El informe que acabamos de lanzar (…) ha sido fruto de un trabajo arduo en equipo”, dijo Ramos a Martí Noticias.

“Pretende demostrar que este proceso de criminalización que se llevó a cabo, dañó la vida de personas concretas”, agregó.

El documento vincula los castigos con problemas estructurales del sistema educativo.

La acdémica Ruiz Urquiola explicó a nuestra redacción que “el 80% de los casos de maestros que analizamos habían dejado el aula por la precarización del sector educacional”, y añadió que en procesos judiciales “les adulteraron el grado de escolaridad a cuatro profesores, siempre restándoles nivel educativo”, una práctica que el informe califica como humillación institucional y estigmatización.

Según el Observatorio y Justicia 11J, el castigo a maestros confirma el uso del sistema penal como herramienta de control político y refleja el deterioro de un modelo educativo que ya no garantiza movilidad social ni protección a quienes sostienen las aulas.

De acuerdo al documento, en el país que proclamó haber erradicado el analfabetismo, “enseñar, pensar y disentir se ha convertido en un riesgo”.

(Con reporte de Ariane González)