El informe correspondiente al mes de noviembre del centro de asesoría legal Cubalex revela un marcado agravamiento de la crisis de derechos humanos en Cuba. Durante ese periodo, la organización registró 165 eventos represivos en todas las provincias del país, que incluyeron 343 incidentes de hostigamiento, distribuidos en 42 categorías.

La situación en las cárceles fue uno de los aspectos más alarmantes del período analizado. El informe documenta un aumento de las huelgas de hambre como forma de protesta frente a traslados arbitrarios, aislamiento, negación de atención médica y represalias.

Uno de los casos más graves fue el de Yosvany Rosell García Caso, quien permaneció 40 días en huelga de hambre, en los que sufrió incomunicación, negación de información médica y presiones indebidas a su familia.

En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de Cubalex Alain Espinosa denunció que, durante ese período, Rosell García Casos fue sometido a tratos que constituyen tortura, incluyendo su permanencia esposado a una cama en centros hospitalarios. Tras finalizar la huelga, fue trasladado a la prisión provincial de Holguín, donde la familia continuaba sin poder establecer contacto directo con él.

El informe subraya que el caso de Yosvany Rosell no fue aislado y que los tratamientos aplicados a otros huelguistas de hambre durante noviembre fueron similares, lo que evidencia patrones reiterados de abuso dentro del sistema penitenciario cubano.

El informe “continúa evidenciando la voluntad política del Estado cubano de incumplir con sus obligaciones de cara a la ciudadanía”, indicó.

Espinosa describió la situación actual como una grave crisis humana, marcada por múltiples carencias, entre ellas la falta de acceso a una atención médica adecuada, en medio del aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikungunya. “Muchas personas no encuentran una atención sanitaria que les garantice un estándar de vida y una seguridad personal adecuados, quedando incluso con secuelas importantes”, advirtió.

A esta situación se suman los prolongados apagones, el limitado acceso a los alimentos y la escasa respuesta estatal ante las necesidades más básicas de la población. El abogado subrayó además que, a más de un mes del paso del huracán Melissa, numerosas comunidades afectadas continúan sin recibir una atención efectiva por parte del Estado para resolver los daños materiales y sociales provocados por el fenómeno meteorológico.

El informe también alerta sobre la criminalización de la protesta social y una represión que Cubalex califica como sistemática y extendida a todo el territorio nacional. “No se circunscribe a un grupo poblacional específico. Afecta a hombres y mujeres, a activistas y periodistas independientes, pero también a ciudadanos comunes que simplemente expresan inconformidad con la crisis que vive el país”, explicó Espinosa.