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Piden congelar vuelos a Cuba hasta que devuelvan a fugitivos
Colegas del patrullero muerto por Joanne Chesimard en Nueva Jersey en 1973 se oponen a que el estado permita operar vuelos a la isla hasta que la asesina convicta del agente Werner Foerster sea entregada por Cuba a EEUU.
Un grupo de la Policía Estatal de Nueva Jersey está instando al Departamento de Transporte de Estados Unidos a
no reanudar los vuelos regulares de las aerolíneas estadounidenses a Cuba hasta que sea devuelta Joanne Chesimard.
La dependencia federal está recogiendo propuestas y comentarios sobre la restauración de los vuelos regulares a la isla.
Pero el diario USA Today reporta que el presidente de la Organización Fraternal de los Policías Estatales de Nueva Jersey, Christopher Burgos, se opuso a la reanudación de los vuelos en una carta fechada el 17 de febrero, hasta que decenas de fugitivos refugiados en Cuba sean entregados a la justicia de Estados Unidos.
"Nos oponemos firmemente a cualquier solicitud o aprobación a United Airlines, o a cualquier otra línea aérea del permiso para utilizar aeropuertos de la Autoridad Portuaria de Nueva Jersey en vuelos de ida y vuelta a un país como Cuba, que ha dado una bofetada pública a todos los estadounidenses con su política de mantener a fugitivos de Estados Unidos lejos y a resguardo de la justicia estadounidense", escribió Burgos.
Joanne Chesimard, quien adoptó el nombre de Assata Shakur, fue declarada culpable en 1977 de matar al patrullero estatal Werner Foerster el 2 de mayo de 1973, cuando él y un compañero detuvieron el auto en que viajaban ella y otros dos miembros del Ejército Negro de Liberación en la autopista.
Chesimard era buscada, entonces, por su participación en varios delitos, entre ellos el robo a un banco, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que la mantiene en su lista de "Los 10 terroristas más buscados" y ofrece un $1 millón por su captura.
Ella y sus cómplices abrieron fuego contra los agentes del orden, y Foerster fue herido y luego rematado con su propia pistola a quemarropa, según el FBI.
Chesimard fue condenada a cadena perpetua, pero escapó de la cárcel en 1979 y en 1984 reapareció en Cuba, donde vive desde entonces.
La Cámara y el Senado del estado aprobaron por unanimidad sendas resoluciones en1998 para exigir a Cuba que entregue a Chesimard a Estados Unidos.
Otros fugitivos de la justicia estadounidense que según indicios residen en Cuba son:
–Víctor Manuel Gerena, a quien el FBI incluyó en su lista de los más buscados, con una recompensa de $1 millón. Está relacionado con el robo a mano armada en 1983 de $7 millones de la compañía Wells en Connecticut para el grupo terrorista puertorriqueño Macheteros.
–Cheri Laverne Dalton, conocido como "Nehanda Abiodum", por cuya captura el FBI pagaría una recompensa de $100.000. Se le acusa de robar $1.6 millones de un furgón blindado en 1981; murieron dos policías y un guardia de seguridad.
–William "Guillermo" Morales, quien es buscado por el FBI con una recompensa de $100.000. Escapó para evitar su enjuiciamiento por cargos de que fabricaba bombas para los Macheteros
La Casa Blanca ha dicho que la devolución de los fugitivos por Cuba se abordará en el contexto más amplio de la normalización de las relaciones bilaterales. Funcionarios de los dos países sostuvieron asuntos judiciales y policiales el 9 de noviembre en Washington y se esperan más reuniones en la primera mitad de este año.
El secretario de Transporte Anthony Foxx firmó un acuerdo con su homólogo cubano el 16 de febrero en La Habana, para permitir hasta 110 vuelos diarios regulares desde Estados Unidos a Cuba.
Los vuelos programados podrían comenzar este otoño boreal, después que el Departamento revise las propuestas de compañías rivales para optar por 20 vuelos iniciales a La Habana y otros 10 a otros nueve aeropuertos internacionales en la isla.
Las solicitudes se reciben hasta el 2 de marzo.
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Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Senado de EEUU pudiera poner fin rápidamente a juicio político contra Mayorkas
Los demócratas del Senado podrían poner fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos.
La Cámara envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se “rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración” en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y que ha “quebrantado la confianza pública” con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura.
Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio según las reglas de juicio político, una vez que los cargos crucen el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho.
Se prevé que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos acusatorios contra Mayorkas, una vez que los senadores sean juramentados como jurados alrededor del mediodía.
La medida cancelaría el juicio y frustraría a los republicanos que han exigido que se les permita a los fiscales de la cámara baja presentar su caso. Los demócratas parecen estar unidos en su oposición al proceso.
El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
"Alejandro N. Mayorkas merece un juicio politico, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza y beneficio bajo los Estados Unidos", opinó Green.
Por su parte, Schumer dijo en el pleno del Senado que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente possible, el juicio político “nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política”.
“Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso”, dijo el senador demócrata.
Por su parte, Mayorkas dijo el miércoles que está enfocado en su trabajo, administrando esa enorme agencia gubernamental.
“Mientras ellos se enfocan en un juicio político, yo trabajo en impulsar la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho durante todo este proceso”, declaró en el programa “CBS Mornings”, a donde acudió para hablar de la campaña del departamento por proteger a los niños cuando usan la Internet.
Mayorkas es apenas el segundo funcionario del gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876, cuando William Belknap, el secretario de guerra del entonces presidente Ulysses Grant, fue acusado de corrupción.
Muere Bob Graham, un político instrumental en el éxodo del Mariel (VIDEO)
Bob Graham, el ex gobernador de Florida y senador estadounidense que jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel, falleció el martes a los 87 años, anunció su hija Gwen Graham.
El político originario de Miami y graduado de Harvard tuvo que hacer frente como gobernador de Florida a la mayor avalancha de inmigrantes cubanos que se había producido hasta entonces, cuando Fidel Castro (1926-2016) dio luz verde para que embarcaciones fletadas por exiliados llegaran al puerto de Mariel a buscar a sus familiares.
Castro aprovechó la oportunidad para vaciar prisiones y manicomios y obligó a los barcos a cargar también con miles de convictos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Florida y de la administración de entonces, la del presidente Jimmy Carter.
El 21 de abril de 1980, el primer barco del puerto de Mariel llegó a Key West, Florida, transportando a 48 exiliados cubanos y, en cuatro días, casi 300 barcos llegaron a las costas floridanas. Esa primera semana, el entonces gobernador Graham se movilizó para que fuera declarado el estado de emergencia en los condados de Monroe y Dade en respuesta al arribo de los miles de inmigrantes bautizados como "marielitos".
La inmigración desde Cuba alcanzó su punto máximo en el mes de mayo de 1980 con 86.488 refugiados, pero se estima que en total fueron 125 mil los cubanos que arribaron a EEUU en aquel éxodo sólo superado por el actual, que ha traído más de medio millón de cubanos a territorio estadounidense.
El diario floridano The Miami Herald destaca en el obituario de Graham que en los años posteriores al Mariel, el representante demócrata se enfrentaría a las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan, argumentando que el gobierno federal había abdicado de su responsabilidad de abordar una crisis de inmigración federal que se desarrollaba en el estado de Florida".
Graham se inició en la política a los 29 años como representante estatal de la Florida y escaló a las más altas esferas, en las que mantuvo por tres términos un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde llegó a presidir el Comité de Inteligencia.
En 2003 se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2004, en una campaña en las que ganó seguidores, entre otras condiciones, por su oposición a la guerra de Irak.
Años después viajaría a Cuba para explorar los riesgos de las perforaciones petroleras en la zona del Golfo, fue interlocutor del canciller Bruno Rodríguez y un escéptico de que se diera un cambio político en la isla con un miembro de la familia Castro en el poder, como expresó en entrevista concedida a Martí Noticias en 2014.
También apostó a la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama, considerando que "a largo plazo sería beneficiosa para estadounidenses y cubanos".
Rubio pide "transparencia" en investigación del caso Rocha en carta enviada a Blinken
El senador cubanoamericano de la Florida, Marco Rubio, pidió al gobierno federal “transparencia” en las investigaciones sobre el caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado el pasado viernes a 15 años de prisión por trabajar como un agente no declarado del régimen cubano.
“Es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas de espionaje que podrían poner en peligro vidas norteamericanas e intereses de EEUU”, escribió Rubio en una carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken.
Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia y miembro sénior del Comité de Exteriores del Senado, recordó que Rocha trabajó en puestos diplomáticos estadounidenses en media docena de países de América Latina. Recalcó su papel como director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, segundo jefe de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana, embajador en Bolivia y asesor del Comando Sur de los Estados Unidos.
“Estaba en condiciones de utilizar su acceso gubernamental para socavar la asistencia estadounidense a la lucha de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas respaldados por Cuba, dirigir la política estadounidense hacia América Latina en beneficio de Cuba, revelar detalles de la asistencia estadounidense a defensores de los derechos humanos en Cuba, ayudan a elegir un líder procubano en Bolivia y divulgar la planificación militar estadounidense”, advirtió Rubio.
Rocha fue condenado tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos: trabajar como agente de un gobierno extranjero sin registrarse y defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, cree que Rocha fue reclutado por los servicios de inteligencia cubanos en 1973 mientras se encontraba en Chile.
El exdiplomático, de 73 años, fue arrestado a finales del pasado año tras una serie de encuentros con un oficial del FBI que se hizo pasar por un oficial de inteligencia cubano. En ese momento Rocha se refirió a Estados Unidos como “el enemigo” y alabó a Fidel Castro. También alardeó de su trabajo de inteligencia y lo calificó como “un grand slam”.
Ante la corte federal en la ciudad de Miami el pasado viernes, Rocha dijo asumir “toda la responsabilidad” por sus acciones, y que “continuará haciendo, según sea necesario, enmiendas significativas a través de mi colaboración incondicional a aquellos a quienes he traicionado”.
El acuerdo de culpabilidad de Rocha le obliga a compartir con el gobierno estadounidense “una evaluación completa y detallada del daño que cometió”, de acuerdo con documentos judiciales.
El senador Rubio destacó en su carta al secretario Blinken que había una multitud de señales para sospechar de Rocha pero que todas fueron ignoradas, permitiéndole acceder a información confidencial de seguridad nacional.
En ese contexto, Rubio pidió una actualización de las “lagunas” que permitieron que Rocha trabajara en secreto por más de 40 años para la inteligencia cubana y qué acciones acometerá el gobierno para que esto no ocurra nuevamente.
“¿Qué lagunas de contrainteligencia permitieron a Rocha trabajar sin ser detectado como espía cubano durante toda su carrera en el Departamento de Estado? ¿Qué explica el fracaso de los procesos interinstitucionales para compartir con el Departamento de Estado información crítica sobre Rocha poseída por la CIA y el FBI? ¿Cómo mejorará el Departamento de Estado las medidas de contrainteligencia y seguridad actuales?”, son algunas de las preguntas del senador al secretario Blinken.
Donald Trump se convierte en primer expresidente de EEUU en enfrentar un juicio penal
Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado penalmente cuando compareció este lunes ante un tribunal en Nueva York para el inicio de la selección de jurados en su juicio por cargos derivados de un pago de dinero a una actriz de películas para adultos.
"Este es un asalto a Estados Unidos. Nunca antes había sucedido algo así. Nunca ha habido algo así. Todos los juristas dijeron que este caso es una tontería, nunca debería haberse presentado”, dijo Trump al llegar al tribunal en Manhattan.
El día comenzó con el juez Juan M. Merchan resolviendo una variedad de mociones procesales previas al juicio, mientras Trump permanecía en su asiento en la mesa de la defensa cuando se presentaban pruebas, seña un reporte de Associated Press.
Los fiscales le pidieron a Merchan que multe a Trump con $3,000 por publicaciones en redes sociales que, según dijeron, violaban la orden de silencio del juez que le prohibía atacar a los testigos.
La semana pasada, el expresidente estadounidense utilizó su plataforma Truth Social para llamar a su exabogado Michael Cohen y a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels “dos sinvergüenzas que, con sus mentiras y tergiversaciones, han costado muy caro a nuestro país”.
El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo que Trump no violó la orden de silencio porque estaba respondiendo a las declaraciones públicas de los testigos.
En la selección del jurado, se llamará a decenas de personas a la sala del tribunal para iniciar el proceso de encontrar a 12 jurados, más seis suplentes. La notoriedad de Trump hará que el proceso de selección de un jurado sea una tarea difícil. Se espera que la selección entre un grupo de residentes de Manhattan demore, aproximadamente, una semana, seguida del testimonio de los testigos.
Merchan ha escrito que la clave es “si el jurado potencial puede asegurarnos que dejará de lado cualquier sentimiento personal o prejuicio y tomará una decisión basada en la evidencia y la ley”.
En la mañana, los abogados de Trump pidieron al juez que ampliara el ya extenso cuestionario completado por los posibles miembros del jurado para descartar a las personas que se oponen al expresidente. Merchan rechazó la solicitud, descartando la idea de que las preguntas del jurado estuvieran sesgadas en beneficio de los fiscales.
Los fiscales del estado de Nueva York acusan a Trump de falsificar registros para encubrir un pago de 130.000 dólares que, afirman, el expresidente hizo a su abogado Cohen en los últimos días de la campaña presidencial de 2016 para comprar el silencio de la actriz Daniels sobre un encuentro sexual en el 2006.
Cohen habría pagado esa suma en nombre de Trump para evitar que la actriz de películas para adultos hiciera públicas sus afirmaciones sobre un encuentro sexual con el magnate casado.
Trump ha negado una relación con la actriz y se declaró inocente el año pasado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan.
Si es declarado culpable, Trump, que busca nuevamente la presidencia en las elecciones de noviembre, aún podría ocupar el cargo.
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