América Latina
- Agencias
En libertad "Popeye", jefe de sicarios de Pablo Escobar
Ejecutó 300 asesinatos y coordinó 3.000, pero por colaboración, estudios y buena conducta cumplió 22 años de 30. Testigo excepcional de la participación de los Castro en el narcotráfico.
Jhon Jairo Velásquez Vásquez, el temible ex jefe de sicarios del fallecido capo del narcotráfico Pablo Escobar recobró el martes la libertad tras permanecer encarcelado más de 22 años por cargos relacionados con homicidios, secuestros y concierto para delinquir, se informó oficialmente.
"La caravana que salió de la prisión de Cómbita (Boyacá) era la de Popeye. Ya Popeye está en libertad", señaló a la AFP una fuente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Alias Popeye, abandonó la prisión escoltado por una comitiva de varios vehículos sin que su imagen pudiera ser captada directamente por las cámaras de los medios que aguardaban su salida.
Con paradero desconocido, la caravana de vehículos estaba conformada por autos de la Defensoría del Pueblo, el Inpec y la Policía Nacional.
El juez Primero de Ejecución de Penas de Tunja, Yesid Rodríguez, ordenó la libertad condicional de Velásquez el viernes, tras lo cual la Fiscalía efectuó una búsqueda en todos los juzgados de Colombia para determinar si había algún proceso pendiente que le impidiera recuperar su libertad, lo cual fue descartado.
Popeye fue uno de los principales colaboradores de Escobar, antes de cumplir la sentencia que le impusieron luego de confesar, entre otros crímenes, su participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien murió baleado el 18 de agosto de 1989 mientras asistía a un acto de campaña en Soacha, localidad aledaña a Bogotá.
La condena total fue de 40 años de prisión, pero le fue reducida a 26 años y una multa porque Velásquez se acogió a una política que permite obtener rebaja de penas.
Además de su sentencia de 26 años, a Velásquez se le sentenció en un segundo proceso por narcotráfico a 12 años de prisión en 2008.
Sin embargo, el juez Rodríguez decidió "conceder redención de pena" por la acumulación de días de trabajo y estudio y buen comportamiento, lo que según las leyes colombianas le permite beneficiarse de la libertad condicional, atada al pago de una fianza de 9 millones de pesos (o 4.657 dólares) y a un período de prueba de excelente conducta.
Durante una probatoria de 52 meses y 22 días Popeye tendrá que reportarse constantemente a las autoridades y no podrá salir del país antes de cumplir la totalidad de la pena.
"En Colombia no hay penas irredimibles ni hay castigos como la cadena perpetua... Si esa fue la pena que le impusieron (a Popeye), la cumplió físicamente en gran parte y redimió pena por trabajo y estudio, no se puede hacer nada diferente a otorgarle la libertad", observó por teléfono a The Associated Press Guillermo Mendoza Diago, ex fiscal general.
Trayectoria tenebrosa
La trayectoria de Velásquez es tenebrosa. En su haber delictivo hay registrados unos 300 asesinatos, por mano propia, y la coordinación de otros 3.000, según ha reconocido en diferentes entrevistas.
Corría la década de 1980 cuando Escobar declaró una guerra sin tregua al Estado y a todos aquellos que amenazaban con extraditar a Estados Unidos a los máximos líderes del narcotráfico. Uno de los políticos que promovió esa política fue Galán.
Por encargo del propio Escobar, a quien dijo haber conocido en 1980, Popeye ejecutó o coordinó las emboscadas contra diferentes líderes colombianos que le resultaban incómodos al jefe del Cartel de Medellín, abatido finalmente por la policía en 1993. A su paso cayeron caciques políticos, magistrados, periodistas y miembros de la fuerza pública.
Velásquez encabezó el secuestro y posterior asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988. Ese mismo año tuvo secuestrado una semana al ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002), entonces director de un noticiero de televisión. El periodista era hijo del ex presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974), líder natural del conservatismo colombiano.
"La verdad es que Popeye a mí me pidió perdón, hubo reconciliación y hubo perdón por parte de él; él nos pidió perdón a mí y a mi familia", declaró Pastrana por teléfono a la AP.
A Popeye también se le responsabiliza de planear la explosión en pleno vuelo del vuelo 203 de Avianca en 1989. El Cartel de Medellín dio la orden de volarlo porque creía que a bordo viajaba César Gaviria, para entonces candidato presidencial y sucesor de las ideas de Galán.
Velásquez nació en Yarumal, un pueblo cercano a Medellín, ciudad a la cual se trasladó años después y donde contactó a hombres cercanos a Escobar.
Con sólo 18 años recibió los primeros "contratos" por parte del Cartel de Medellín, según narró en una entrevista con la revista bogotana Bocas.
El general de la policía Carlos Mena, quien de joven persiguió en Medellín a Escobar y a sus secuaces, lamentó la liberación de Popeye. Consideró inaudito que este "sicario" con decenas de homicidios encima haya recibido una pena de prisión tan corta.
Colaboró con la justicia
Por su parte, el senador Juan Manuel Galán, el hijo mayor del asesinado Luis Carlos Galán, no quiso alinearse claramente a favor o en contra de la liberación de Velásquez y se limitó a decir que "Popeye fue condenado por el asesinato de mi papá gracias a su propia confesión. Si él no hubiera confesado ante la justicia, seguramente ésta habría tenido dificultades en procesarlo y condenarlo".
En entrevista telefónica con la AP, Galán hijo recordó que Popeye fue un testigo clave para que, en septiembre de 2011, las autoridades judiciales condenaran al ex ministro y ex senador Alberto Santofimio Botero como instigador del asesinato de su padre.
Alias Popeye solicitó más temprano este martes "de puño y letra" a la Defensoría del Pueblo garantizar su vida. "Por favor me brinde la policía seguridad desde la puerta del penal", escribió en una carta.
Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), negó no obstante que este cuerpo, que protege a expresidentes y otras personas cuyas vidas corren riesgo por sus funciones, le vaya asignar posteriormente guardaespaldas a Velásquez.
Sin embargo, Villamizar, sobrino de Galán e hijo de Maruja Pachón, secuestrada por Velásquez, escribió en Twitter: "Mi familia y yo somos víctimas directas de alias Popeye. Pero si alguien en Colombia ha pagado, es él".
Conexión castrista
El sicario ha descrito los nexos de Cuba con Pablo Escobar, asegurando que la relación entre su patrón y Fidel Castro era permanente y fluida, por cartas y terceras personas, y que se inició a través de comandantes de la guerrilla M-19.
También ha detallado la participación de los cubanos en el narcotráfico: la droga salía por mar hacia las costas mexicanas, donde era recibida por los socios locales; allí era subida a aviones con matrícula mexicana y despachada rumbo a Cuba.
Una vez en la isla “los militares cubanos, al mando del general Ochoa y el coronel Tony de la Guardia, bajo instrucciones directas de Raúl Castro, se hacían cargo de la mercancía, custodiándola para posteriormente embarcarla en lanchas rápidas, tanqueadas con gasolina por cuenta de los cubanos, con destino a Estados Unidos, entrando por Cayo Hueso”.
“Popeye” ha explicado que los cubanos recibían “2.000 dólares por cada kilo de droga transportada y 200 dólares por cada kilo custodiado” y en cada envío hacia Cuba por avión, “se cargaba un promedio de 10.000 a 12.000 kilos”.
El llamado "jefe militar" de Escobar ha confirmado la comprometedora participación de Raúl Castro y los ayudantes del general Arnaldo Ochoa y el coronel Tony de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés y el oficial Amado Padrón. Los cuatro fueron fusilados en 1989 después que Estados Unidos acumulara evidencias de la conexión cubana en el tráfico de drogas.
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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