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Cuba

El reclamo de bienes estadounidenses en Cuba se anima 56 años después

Bandera de Estados Unidos en un balcón cubano.
Bandera de Estados Unidos en un balcón cubano.

Muchos políticos y empresas de EEUU harían borrón y cuenta nueva pero los ciudadanos comunes insisten en este reportaje de AP en que deben ser compensados.

Un aroma a café viene de la cocina mientras Carolyn Chester revisa fotos viejas que saca de cuatro cajas en la mesa del comedor. Amigos tomados de los brazos en una playa cubana. Hombres con trajes y mujeres con vestidos de fiesta en un nightclub de La Habana.

En todas las fotos aparecen un hombre elegante con un bigote con algunas canas y una mujer de cabello negro con las cejas arqueadas como las de una estrella de cine de los años 50 –el padre y la madre de Chester– que sonríen ante su buena fortuna, sin saber que pronto los abandonaría.

"Esa vida ya no existe", comenta Chester. "Siempre oí hablar de Cuba... de todo el dinero que perdimos y de que 'tal vez algún día...', pero no entendía de qué hablaban".

Ahora, casi 60 años después y a 2.300 kilómetros (1.500 millas) de distancia, ese día podría estar cerca para Chester y muchas otras personas como ella. Para que se haga realidad, no obstante, una nueva diplomacia, que todavía no ha sido ensayada, tendrá que ajustar viejas cuentas.

Poco después que Fidel Castro tomó el control de Cuba en 1959, su gobierno comenzó a confiscar propiedades de miles de ciudadanos y empresas estadounidenses. En el caso de Edmund y Enna Chester, las pérdidas incluyeron una hacienda 32 hectáreas con animales y un Buick nuevo que, ¿quién sabe?, todavía podría estar circulando por las calles de La Habana.

La confiscación de propiedades estadounidenses por un valor ajustado de $7.000 millones se produjo en el marco de una serie de marchas y contramarchas que desembocó en un embargo comercial estadounidense que sigue en vigor. En 1996 el Congreso aprobó una ley que estipula que Cuba deberá compensar a los estadounidenses por lo que les confiscó para que se levante el embargo.

Ese requisito no fue mencionado por el presidente Barack Obama cuando anunció en diciembre que Estados Unidos y Cuba reanudarían sus lazos diplomáticos. Dada la fragilidad de la economía cubana, algunos expertos dicen que las empresas cuyas propiedades fueron confiscadas podrían darse por satisfechas si se les permite volver a operar allí y darían vuelta la página.

Pero la memoria de las empresas no es tan grande como las de las familias. Eso queda claro en sitios como la pequeña vivienda de Chester en Omaha, en un lote esquinero, donde un retrato pintado de su madre, con un marco dorado, observa los amarillentos títulos de propiedad y las acciones que hoy no valen nada. Son recordatorios de la Cuba que existió antes de la llegada de Castro. Y la amargura generada por lo que vino después aún sigue presente.

En las oficinas de una dependencia federal poco conocida hay más de 5.900 reclamos de muebles, fábricas, ropa y vehículos que alguna vez pertenecieron a estadounidenses en Cuba. Detrás de cada reclamo hay una historia, una vida que quedó atrás.

La historia de Edmund Chester comenzó poco después de que fue dado de baja por el ejército y regresó a su casa en Louisville, Kentucky, donde consiguió un trabajo como periodista de un diario. En sus horas libres aprendió por su cuenta a hablar español y en 1929 fue contratado por Associated Press, que lo envió a La Habana.

Chester pasó la década siguiente informando desde todo el Caribe y América Latina. Su trabajo denotaba su amor por Cuba, cuya música y arte llenaron su casa hasta su muerte, y dio lugar a dos relaciones clave.

La primera nació cuando cubrió en 1933 una revuelta que puso a un antiguo sargento, Fulgencio Batista, a cargo de las fuerzas armadas cubanas. Dos décadas después, cuando Batista era el dictador de Cuba, le encomendó a Chester –quien por entonces era un amigo cercano y compañero de pesca, y no ejercía el periodismo– que escribiese una biografía autorizada, con una foto de los dos sonriendo en la tapa.

La segunda relación surgió en 1939, cuando Chester fue a Chile para cubrir un terremoto y vio a Enna, 20 años más joven que él, en la piscina de un hotel. Años después, recuerda su hija, la pareja bailaba en su casa de Mount Dora, en la Florida, al compás de "Bésame". "El seguía muy enamorado de ella", cuenta Carolyn Chester.

En 1940 CBS contrató a Chester como jefe de sus transmisiones para América Latina. En CBS Chester llegó a ser director de noticias y de eventos especiales de la cadena y trabajó en Nueva York con el legendario Edward R. Murrow.

Volvió a Cuba en 1951 y compró una cadena de radios en una isla donde empresas estadounidenses dominaban la economía. La Habana era un imán para los estadounidenses, incluidas celebridades como Frank Sinatra y Marlon Brando, que iban allí a divertirse. "Cuba era un cabaret, un casino, un sitio donde tomar sol", dice Louis Pérez, historiador de la Universidad de Carolina del Norte. "¡Muchacho, cómo cambiaron las cosas!".

Chester vendió las radios después de unos pocos años y su creciente familia seguía dividiendo su tiempo entre un departamento desde el cual se veía la bahía de La Habana y una casa en construcción en el centro de la Florida.

Abrió una agencia de relaciones públicas en La Habana y cuando llegó un equipo de Hollywood para filmar la película The Sharkfighters, Chester los llevó a lo que por entonces se llamaba Isla de los Pinos, frente a la costa sur. Poco después Chester compró una granja de 30 hectáreas en la isla, donde alguna vez hubo tantos estadounidenses que se fundó una escuela para ellos. En 1957 Chester compró acciones de la empresa telefónica cubana por valor de $250.000.

El asesor de Batista, a quien también le redactó discursos, empezó a inquietarse cuando los rebeldes de Castro comenzaron a ganar terreno.

"Preciosa, acabo de colgar el teléfono después de hablar contigo y me di cuenta de que estabas preocupada", le escribió a su esposa desde La Habana en julio de 1958, semanas después del nacimiento de Carolyn. "Estoy de acuerdo en que deberíamos irnos de Cuba lo antes posible".

Cuando se reunió con su familia en la Florida tres días antes de la Navidad, todavía tenía negocios en Cuba. Pero, pocos días después, Batista huía del país y el 1 de enero de 1959 las fuerzas de Castor tomaban el control.

En los primeros meses del gobierno de Castro, muchos funcionarios estadounidenses pensaron que era alguien con quien se podía trabajar. Pero cuando la Unión Soviética empezó a enviar petróleo a Cuba, Estados Unidos ordenó a las refinerías de la isla –que eran propiedad de firmas estadounidenses y de otros países– que no procesasen el crudo de su gran enemigo de la Guerra Fría.

Entonces, el Gobierno cubano se apropió de las refinerías. El Gobierno de Dwight Eisenhower respondió eliminando las protecciones a los precios del azúcar cubano, que generaban el 90% de las divisas fuertes de la isla. Cuba nacionalizó las principales haciendas y para cuando el presidente John F. Kennedy impuso el embargo, ya había confiscado una cantidad de propiedades.

Librado a su suerte, Edmund Chester buscó la forma de sostener a su familia. No había contemplado una jubilación temprana, le escribió a un amigo en 1965.

Los Chester no estaban solos. A lo largo de la década del 60, la Comisión de Reclamos del Extranjero (FCSC, siglas en inglés) recibió miles de reclamos de propiedades confiscadas en Cuba.

Las más grandes eran de empresas como la Cuban Electric Company, dueña de una planta eléctrica confiscada de $268 millones. Luego de numerosas fusiones, el reclamo está hoy en manos de Office Depot.

La mayoría de los 5.900 reclamos aprobados, sin embargo, eran de individuos y familias.

Luther Coleman era un empresario de Detroit que se radicó con su familia en la Isla de los Pinos en 1952. Compró allí 1200 hectáreas de tierra. Su hija Nancy Luetzow, quien tenía ocho años cuando se fue a Cuba y que hoy vive en Hillsdale, Michigan, dijo que su padre convenció a su madre de que se fuesen. "Esta es nuestra oportunidad de vivir en el paraíso, le dijo". El valor de los bienes de la familia reclamados es de $173.000.

Roy Schechter nació en Cuba y tenía doble nacionalidad. Su familia había emigrado algunos años antes y había fundado una sinagoga en La Habana. Schechter se casó y llevó a su esposa estadounidense, Lois, a la isla.

En 1960 la pareja se dirigió en auto a la granja de la familia de 5.000 hectáreas para pagar los sueldos y fue recibida por soldados que le dijeron que la hacienda ya no les pertenecía. Cuando la pareja se fue de la isla en un ferry a Cayo Hueso poco después, Lois escondió su anillo de bodas y algunas joyas adentro de un pañal manchado con extracto de vainilla con la esperanza de que los funcionarios cubanos no revisasen demasiado.

Antes de irse, le pagaron a todos sus empleados, convencidos de que algún día volverían. Pero Roy Schechter pasó al resto de sus días trabajando en una zapatería de Nyack, Nueva York, propiedad de su suegro. Entre las pérdidas de los Schechter, además de la hacienda, figuran una casa colonial española de 17 habitaciones en La Habana que había sido de su madre y que hoy alberga la embajada china.

Su hija Amy Rosoff, quien comparte una casa con su madre en Saratoga Springs, Nueva York, cuenta que su padre les recordaba constantemente acerca del reclamo. "Me encantaría recuperar la casa de mi abuela", dijo Rosoff, "porque es una historia que nos han arrebatado".

Expertos en el tema difieren en torno a la validez de los reclamos, que están amparados por las leyes internacionales.

"Hoy por hoy, lo único que hay son los recuerdos más que nada", dice Robert Muse, abogado de Washington que representa a compañías con reclamos. "Para muchos, luego de ser desposeídos (de sus propiedades) crean un mundo idealizado que tal vez no existió realmente".

Sin embargo, Mauricio Tamargo, presidente de la comisión de arreglos hasta el 2019 y hoy abogado que representa a personas con reclamos, dijo que las confiscaciones produjeron perjuicios permanentes a familias estadounidenses.

"Muchas jamás se recuperaron económicamente", sostuvo Tamargo. "Tu sabes, nadie jamás pensó que pasarían 50 años y no habrían sido compensados".

A los 60 años, Edmund Chester tenía tres hijos pequeños y no podía darse el lujo de jubilarse. Pero una fuerte helada destruyó sus cultivos de citrus. Los reemplazó con duraznos, que también perecieron. Con los últimos ahorros que le quedaban, se dedicó a criar pollos. "La granja de pollos fue un desastre financiero", dice su hijo Edmund Jr. "No me di cuenta lo mal que estaban las cosas hasta que revisé los archivos y aparecieron todos los documentos legales. El proveedor de alimentos, el banco hipotecario, todos estaban detrás suyo".

El estrés hizo mella en Chester, cuyas facultades mentales estaban diluyéndose. Les dijo a sus hijos que temía que los hombres de Castro lo iban a matar y les enseñó a usar armas. Se despertaba gritando en medio de la noche.

Esos temores tenían sus fundamentos. Una noche de 1958, la hija mayor de Chester, Patricia, nadaba en la piscina detrás de la casa con unos amigos cuando escucharon unos ruidos fuertes en medio de la oscuridad. "Al principio pensamos que era el caño de escape" de algún auto que pasaba, recuerda una amiga, Jean Stoothoff. Pero eran disparos a lo largo de toda la propiedad, agrega. Edmund Chster y dos guardias salieron con sus armas.

"Tenía una (pistola) calibre 38. No sé dónde la guardaba, pero cada vez que aparecía alguien que no conocía, se la ponía en su bolsillo trasero al ir a recibirlos", relata su hijo.

Antes de morir en 1975 a raíz de una serie de derrames, el viejo Chester seguía esperanzado en recibir compensaciones por la confiscación de propiedades "tan rápida, tan violenta y tan completa". Por años después de su muerte, Enna Chester recortó y guardó artículos sobre reclamos de estadounidenses que perdieron propiedades en Cuba. Pero tuvo que vender la tierra alrededor de su casa para pagar las cuentas.

Carolyn Chester, cuyo padre falleció cuando ella tenía 15 años, dijo que las pérdidas de las que tanto hablaban sus padres no la impresionaron mucho hasta los 20 años, en que ella y su madre fueron a comer con un ejecutivo bancario. Cuando se iban, el hombre las llamó a un lado y le dijo que algún día se reanudarían las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que ellas podría recibir algún dinero.

Al morir su madre en el 2001, lo único que le quedó a Carolyn Chester fueron rollos de películas viejas y una gran cantidad de papeles y de cuentas impagas.

Cuando se fue a Omaha con su familia en el 2006, consiguió trabajo en la oficina de admisiones de la facultad de Medicina de la Creighton University, donde le mostró a su compañeros fotos de su familia en Cuba. Un día una colega le comentó al pasar que había escuchado que estudiantes y profesores de la facultad de Derecho estaban investigando reclamos de propiedades confiscadas en Cuba. ¿Castro no se había quedado con las tierras de la familia?

Hace una década, la noción de una Cuba sin Fidel comenzó a parecer una posibilidad. "Fidel se ve enfermo y el Gobierno de (George W.) Bush decide que si algo pasa en Cuba, hay que tener un plan listo", expresó Michael Kelly, profesor de Derecho en Creighton.

El Gobierno encargó varios estudios, incluido uno sobre las propiedades confiscadas y otros sobre los reclamos. Un grupo de Creighton fue el vencedor, a pesar de estar tan lejos del vórtice de emociones que envuelve las relaciones cubano-estadounidenses y que se centra sobre todo en el sur de la Florida.

Los profesores reclutaron estudiantes y pasaron una semana estudiando viejos reclamos hechos en Washington. Dos profesores viajaron a Cuba e inspeccionaron viviendas y negocios mencionados en los reclamos. Comprobaron que los nombres de las calles habían cambiado y que algunos edificios se encontraban en muy mal estado, mientras que otros habían desaparecido.

"Cada uno cuenta una historia", dice el profesor de Ciencias Políticas Rick Witmer, señalando hacia los archivos de un banco de datos de una computadora que armó a partir de los detalles de los reclamos. Un archivo habla de una familia que perdió obras de arte y los muebles de la casa. Otro de una fábrica de cigarrillos. "Esta es la vida de la gente, cosas que perdieron. Y no será posible recomponer esto".

Las leyes estadounidenses, no obstante, le exigen al Gobierno que lo intente. El embargo comenzó con una directiva presidencial. Pero en 1996, en medio de grandes tensiones derivadas del derribo de dos aviones de exiliados cubanos que tiraban panfletos sobre la isla, el Congreso aprobó la ley Helms-Burton, que estipula que el Congreso es el único que puede levantar el embargo.

"El Congreso opina", dice la ley, "que la satisfactoria resolución de los reclamos de propiedades... sigue siendo una condición esencial" para la reanudación total de relaciones entre los países.

La revisión de los reclamos aprobados ofrece un panorama de una era en la que Cuba concentraba mucha riqueza estadounidense. Hoy, los principales reclamos, de empresas como Exxon y Coca Cola, podrían resolverse si el Gobierno cubano les da el derecho a operar en Cuba, dice Kelly. Pero las otras personas que tienen reclamos tienen que hacerse la idea de que el país simplemente no tiene el dinero para compensarlos, acotó.

"Cuando se abra la economía cubana, tendremos la bancarrota más grande del siglo XXI a 90 millas (145 kilómetros) de nuestras costas", dijo Kelly. "Tenemos que ser ingeniosos para hacer desaparecer esos reclamos".

En el 2007, los profesores de Creighton ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de sus investigaciones de los reclamos y dijeron que lo más probable es que se recuperen entre tres y cuatro centavos por dólar perdido.

A las personas que tenían reclamos se les había venido diciendo que sus pérdidas serían ajustadas a la inflación. Los $1.900 millones confiscados en los años 60 equivaldrían a mucho más hoy, al menos en los papeles.

La perspectiva de que las pérdidas de Chester, que alguna vez fueron calculadas en $489.000, sean devaluadas ofusca a Carolyn Chester. Y cuando un inversionista la llamó proponiéndole comprar su reclamo por una suma mucho más baja, directamente se enfureció.

Divorciada, con un hijo adolescente, Chester se ha pasado horas estudiando los archivos de la familia. Recabó información, tratando de comprender cómo puede ser que, con tantas empresas no estadounidenses que invierten en Cuba, su Gobierno pueda ofrecer compensaciones tan escasas. Revisó artículos sobre Cuba y desmintió comentarios de lectores que decían que los estadounidenses que vivieron en la isla eran mafiosos que recibieron su merecido. "Se ha metido en esto", dice su hermano, "y se aferra a esto como un pit bull".

En diciembre, Chester escuchó que Obama iba a hacer un pronunciamiento sobre Cuba y pidió el resto del día libre. De vuelta en su casa, encendió el televisor debajo del retrato de su madre y escuchó atentamente al Presidente cuando habló de revisar una "política rígida, basada en eventos que tuvieron lugar antes de que la mayoría de nosotros hayamos nacido".

Para Chester, el discurso confirmó que los políticos y las empresas quieren dar vuelta la página y se alegrarían si desaparecen los reclamos. Pero no pueden ver lo que ella hace desde la sala de estar de su casa, donde tiene una pila de documentos relacionados con Cuba en una mesita.

Fidel Castro no se quedó con las propiedades solamente, dice Chester. Se llevó la seguridad financiera de sus padres, el bienestar de su familia, la salud de su padre y toda posibilidad de una herencia que pueda reparar los escalones rajados de su puerta. 56 años después, dice, "no voy a permitir que me despojen de nuevo".

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Crece la preocupación por Ferrer: EEUU, Amnistía y la CIDH exigen su libertad inmediata

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.

La organización Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos han exigido la libertad inmediata del preso político José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"El gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a José Daniel Ferrer y violando sus derechos humanos. Estamos gravemente preocupados por su salud y pedimos su liberación inmediata e incondicional", escribió Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.

Un mensaje similar fue divulgado este martes por Amnistía Internacional: "Tememos por la vida de José Daniel Ferrer. Tras meses sin tener contacto con él, su familia pudo verlo el pasado 18 de marzo y constatar el grave estado de salud en que lo mantienen las autoridades cubanas".

"Exige a Díaz-Canel liberarlo ¡YA!", escribió la ONG en sus redes sociales.

La entidad reconoce a Ferrer García como un preso de conciencia, por lo que ha exigido en numerosas ocasiones que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

El líder del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.

El prisionero político y su familia han denunciado desde entonces que está sometido a un régimen de incomunicación, en confinamiento solitario prolongado, así como el agravamiento de sus problemas de salud, como dolores gástricos, de cabeza y pérdida progresiva de la visión, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, expresó el lunes preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano, y subrayó que los Estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia.

Víctimas de la represión comparten sus testimonios mientras se discute en la ONU las violaciones de derechos humanos en Cuba

Conferencia de prensa en Miami convocada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) / Foto: Martí Noticias
Conferencia de prensa en Miami convocada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) / Foto: Martí Noticias

Víctimas de la represión la isla participaron este martes en una conferencia de prensa organizada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El encuentro tuvo lugar en el marco de la presentación sobre Cuba en el Examen Periódico Universal, que se celebra cada cuatro años en la sede de Naciones Unidos.

Entre los participantes estuvo Rufina Velázquez, hija del exprisionero político Ramón Velázquez Toranzo, detenido el pasado 10 de marzo en la Isla luego de convocar a una protesta pacífica desde El Cobre, en Santiago de Cuba.

“Mi padre estuvo en El Cobre desde el ocho de marzo y dos días después lo sacaron de allí a la fuerza y lo mantuvieron incomunicado durante una semana”, explicó la mujer en declaraciones a Martí Noticias, minutos antes de comenzar la reunión.

“La única opción que le dan es deportarlo a Estados Unidos y prohibirle la entrada a Cuba. Mi padre se mantuvo en huelga de hambre por 13 días. Estuvo muy delicado de salud, muy débil y depuso la huelga el pasado sábado 23, pero todavía no acepta el destierro, que es la única opción que le están dando”.

Según dijo, desde el pasado sábado no tienen comunicación con él. “Todavía no lo han acusado formalmente de ningún cargo. Según le dijeron a mi familia, la fiscalía de Santiago de Cuba está tratando de crearle un caso sobre un llamado al desorden institucional. Hasta ahora están supuestamente en el proceso investigativo. No creemos que tengan ninguna base porque mi padre no ha roto ninguna ley”, detalló.

En el encuentro también estuvo presente, vía online, Osiris José Puerto Terry, quien recibió tres balazos en diferentes zonas del cuerpo en la tarde del 11 de julio de 2021, durante las manifestaciones populares de ese día.

Puerto Terry se encontraba en la Calzada de Diez de Octubre, en La Habana, zona que transitaba habitualmente ya que tenía una heladería ambulante. Todavía recuerda cuando en medio de las manifestaciones escuchó a uno de los oficiales ordenar al resto que dispararan contra el pueblo. Casi tres años después, sigue bajo las presiones de la policía política.

“Justicia es lo que estamos exigiendo”, comentó el hombre, que asegura que todavía debe presentarse mensualmente en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para firmar documentos. También lo presionan “cada vez que llega una fecha señalada. Así estamos aquí”, dijo.

Otra de las asistentes al avente fue Elizabeth León Martínez, madre de José A. Gómez León, Frandy González León, Adonis A. Remón León y Santiago Vázquez León, manifestantes del 11 de julio. Tres de ellos permanecen todavía en prisión.

León Martínez hizo un recuento de la represión contra su familia el día de las protestas y de las irregularidades durante el proceso que llevó a sus hijos a los tribunales.

Este martes activistas cubanos testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “A pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático”, dijo en su intervención Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.

“Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana”, declaró.

(Con reportes de Alejandro Marcano Santelli)

Activistas acuden a la Cruz Roja Internacional ante deterioro de salud de presa política cubana

Lizandra Góngora, prisionera política del 11J. (Foto: Facebook)
Lizandra Góngora, prisionera política del 11J. (Foto: Facebook)

Activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba solicitaron en una carta a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja su mediación ante las autoridades cubanas por el deterioro del estado de salud de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, informaron a Martí Noticias disidentes cubanos.

Desde el poblado de Cabañas, en el Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez explicó el objetivo de la misiva.

“El propósito es ver si la Cruz Roja Internacional y su sección América toman cartas en el asunto de Lizandra, puesto que se trata de una urgencia médica que no está siendo debidamente atendida, según establecen las normas internacionales, en particular las reglas mínimas de atención a reclusas de Naciones Unidas, de la cual está dictadura es miembro de su Consejo de Derechos Humanos", argumentó.

Activistas acuden a la Cruz Roja ante negación de asistencia médica especializada a presa política cubana
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"Intentamos agotar este recurso para ver si al fin la dictadura sede y se le concede la atención médica debida a esta prisionera política y de conciencia”, destacó el promotor de la organización disidente Corriente Martiana.

Por su parte, el también activista Lázaro González Valdés señaló que las autoridades cubanas están violando las reglas internacionales de tratamiento a reclusos.

“Estamos tocándole la puerta a la señora Mirjara Spoljaric, poniéndole sobre su despacho el caso de Lizandra Góngora Espinosa. Se están violando las Reglas Mandela, que en su regla número 24 establecen claramente que la prestación de los servicios médicos es una responsabilidad del estado, y que debe tener los mismos estándares disponibles que en el exterior penal", señaló.

El opositor agregó que, en la regla número 27, se especifica que, en casos especiales de cirugía, las autoridades penitenciarias tienen que actuar rápidamente a favor del recluso. "En este caso, Lizandra tiene una patología de alto riesgo, un fibroma que requiere cirugía, una operación de urgencia”, recordó.

Desde Güira de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Góngora Espinosa, describió el estado de salud de la presa política, que fue internada a inicios de marzo en el Hospital General Docente Héroes del Baire, en Nueva Gerona. Los médicos dijeron que su caso requería cirugía, pero que allí no tenían los insumos ni el especialista para practicarla.

Mientras, en el penal de mujeres Los Colonos, las condiciones son precarias.

“Hay que cargar el agua en cubos; Lizandra no puede hacer fuerza con un fibroma... Allá adentro no hay nada, por eso fue que yo me decidí a reclamar un traslado para un hospital aquí, en La Habana”, describió el esposo de la activista.

Lizandra Góngora Espinosa, de 38 años de edad, madre de cinco niños, fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.

Payá pide expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La activista cubana Rosa María Payá (izq.) habla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 26 de marzo del 2024.
La activista cubana Rosa María Payá (izq.) habla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 26 de marzo del 2024.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este martes la activista Rosa María Payá dijo que la constitución impuesta por el gobierno cubano niega al pueblo el derecho de vivir en democracia, y que por ello hacía un llamado a que “Cuba sea expulsada del organismo".

“Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana”, declaró la fundadora de la iniciativa Cuba Decide.

Además, señaló que el gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando la ejecución extrajudicial de sus oponentes, “tal como sentenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” cuando responsabilizó al estado cubano por el asesinato de los opositores Oswaldo Payá, y Harold Cepero.

Asimismo añadió que el régimen “reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto” y que hay más de 1000 personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, incluyendo al líder opositor José Daniel Ferrer, que es sistemáticamente torturado y está en peligro de muerte.

Expresó además que el régimen viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, “forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria”.

Añadió que “a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático” e instó al Consejo a exigirle “a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía”.

Payá fue una de varias activistas que testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal examinó el historial de Cuba en materia de derechos humanos.

Kirenia Nuñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, dijo que la población cubana continúa enfrentándose a represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas cuando se manifiesta. Señaló ademas que en marzo de este año se realizaron protestas en varias ciudades del país, principalmente en el este, y que hasta ahora conocen de 10 personas privadas de libertad como parte de la represión de las manifestaciones.

Una representante de Amnistía Internacional dijo en una intervención por video que la organización está profundamente preocupada por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión.

Después de las intervenciones, el Representante Permanente Adjunto de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Yusnier Romero Puentes, calificó de acusaciones falsas las declaraciones de los que expusieron las violaciones de derechos humanos en Cuba.

“No podemos estar aquí escuchando acusaciones falsas de quienes reciben dinero de una potencia extranjera para intentar subvertir el orden interno de nuestro país”, dijo.

Régimen permite 111 procesiones salvo en Bayamo y una en El Vedado (VIDEO)

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz, junto a sus feligreses, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.
El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz, junto a sus feligreses, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.

Las autoridades cubanas autorizan más de un centenar de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diocésis de Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en La Habana.

El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección.

“En la diócesis de Bayamo-Manzanillo no aprobaron ninguna y no aprobaron las del padre Lester en La Habana”, dijo el padre Reyes.

“Si la procesión no les va a suponer a ellos un peligro, no hay por qué impedirlas, o sea el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas (...) En ningún lugar de Bayamo hay procesión porque Bayamo acaba de levantarse en protesta, entonces tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema, el filtro de todas las decisiones es el sistema”, agregó el sacerdote.

Otro lugar donde ocurrieron protestas recientemente es en Santiago de Cuba. Pero el arzobispo de esa ciudad, Dionisio García Ibáñez, dijo a Martí noticias que allí no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la revolución no se hizo ninguna más, precisó.

"En ningún lugar de Bayamo hay procesión porque acaban de levantarse en protesta"
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Por otra parte, la prohibición de la procesión a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la barriada habanera del Vedado, fue denunciada el lunes como una violación a la libertad religiosa por su párroco, Fray Lester Rafael Zayas Díaz.

En un detallado post en Facebook, el líder religioso informó a sus feligreses y a la comunidad que había sido informado a través de "los canales pertinentes" que no sería aprobada la procesión del Santo Entierro por las calles del Vedado, a pesar de que fue solicitada oportunamente.

"Lamento que se vea maltratada la libertad religiosa de una parcela del pueblo de Dios, por cosas que podrían ser tratadas en un diálogo franco y sereno", escribió.

"La solicitud de la procesión no es una iniciativa del párroco, es fruto del deseo de la feligresía y por tanto del pueblo que quiere manifestar públicamente su fe, quiere llevar la religión que profesan a sus barrios, a sus calles, a sus casas, a su vida diaria, es por tanto un derecho soberano del Santo Pueblo Fiel de Dios. Negarla como castigo a un párroco es además de absurdo, una violación de la libertad religiosa. El párroco es solo el portavoz del deseo del pueblo, es quien la solicita a la autoridad competente pero no es un deseo personal suyo", explicó el sacerdote.

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz.
El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz.

Zayas Díaz es firmante de la carta “He visto la aflicción de mi pueblo”, publicada en enero de 2021, en la que un grupo de sacerdotes, laicos y feligreses alientan a romper “las cadenas” frente a la crisis política, económica y socia en la isla y en noviembre de ese mismo año, ante los temores de que la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba fuera reprimida como ocurrió con los manifestantes del 11 de julio, estuvo entre los sacerdotes cubanos que dirigieron un mensaje a militares, reclutas y población civil de abstenerse de emplear la violencia contra los cubanos, con la exhortación "¡No alces la mano contra tu hermano!".

En el mensaje de esta semana, el religioso admite que el contenido de alguna de sus homilías "pueda resultar incómodo" pero defiende que "jamás ha sido usado el púlpito para hacer política, al estilo de los partidos políticos o como ellos entienden la política pues no es competencia del predicador hacer eso".

"Si alguien ha querido ver en mis homilías otra cosa, ya sea de dentro o de fuera, no es correcta ni bien intencionada su visión. Nunca en mis años de sacerdocio he hecho uso del espacio público, dígase durante las procesiones para exhortar a nada que no sea la piedad. Soy muy consciente del espacio público y máxime defensor de un estado laico, como para saber distinguir entre el espacio público que lleva un tipo de tratamiento y el espacio religioso que lleva otro. Es por ello que no comprendo los temores que pudieran haber llevado a la negativa de la procesión. Como sacerdote y hombre adulto conocedor de las leyes y de la actual Constitución de la República sé qué me es permitido y qué no", agregó en su comentario.

[Incluye reporte radial de José Luis Ramos]

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