Estados Unidos
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Cuando "Ike" rompió con Cuba, la gota que colmó la copa
Estados Unidos en La Habana. Edificios y embajadas en el siglo XX.
El presidente 34 de EEUU decidió romper con un régimen que había acuñado la consigna "Cuba sí, yanquis no" mientras saqueaba los intereses estadounidenses y se acercaba a Moscú.
Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Fidel Castro el 3 de enero de 1961 y, aunque la gota que colmó la copa del presidente Dwight D. Eisenhower fue una reducción inmediata del personal diplomático estadounidense ordenada por La Habana, la ruptura fue el fruto de un deterioro progresivo de las relaciones en el marco del acercamiento de Castro a la Unión Soviética y su radicalización ideológica en el apogeo de la Guerra Fría.
Aunque reconoció rápidamente al Gobierno revolucionario, Estados Unidos comenzó a preocuparse con las cerca de 500 condenas a muerte por fusilamiento dictadas por el nuevo régimen en juicios sin garantías procesales durante sus primeros meses.
En mayo de 1959 se promulga la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe la tenencia de tierras por extranjeros y da paso a las primeras "nacionalizaciones" que afectaron a compañías estadounidenses. También se dispuso la presencia de interventores del Gobierno en las compañías de servicios públicos de propiedad estadounidense.
En octubre, el comandante de la revolución Hubert Matos renuncia a su puesto como jefe militar de la provincia de Camagüey, alegando una creciente influencia del comunismo en la revolución cubana.
En febrero de 1960 el canciller y viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, firmó en la capital cubana el primer convenio comercial Cuba-URSS, bajo el cual Moscú compraría por lo menos un millón de toneladas de azúcar cubana al año, a precios preferenciales, y le suministraría petróleo barato y con facilidades de pago, así como trigo, fertilizantes y maquinaria, aportando los barcos.
Mikoyan también reveló la concesión del primer crédito de Moscú para La Habana, por $100 millones. El primer embarque soviético de petróleo llegó a Cuba en abril y en mayo los dos países establecieron relaciones diplomáticas.
En junio, a instancias del Departamento de Estado, las principales empresas petroleras estadounidenses en la isla, Shell, Esso y Texaco, dejaron de refinar crudo soviético, a lo que Castro respondió con la expropiación de dichas plantas.
El presidente Eisenhower canceló, entonces, la mayor parte de la cuota azucarera cubana, que antes de 1960 era de unos tres millones de toneladas anuales o la mitad de la zafra.
Castro ordena "nacionalizar" todas las propiedades estadounidenses en Cuba e impone aranceles prohibitivos a las importaciones de productos norteamericanos. Fue, entonces, que nació la consigna antiamericana "Cuba sí, yanquis no".
Las expropiaciones de propiedades y bienes de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla han sido calculadas en entre $1.000 y $1.800 millones de la época. En la mayoría de los casos no fueron compensadas, a pesar de que el decreto de "nacionalización" de Castro reconocía ese derecho.
Fueron expropiadas fábricas, ingenios azucareros y tierras, compañías de servicios, hoteles y compañías comerciales mayoristas y minoristas, entre otros.
Eisenhower reaccionó a este despojo masivo imponiendo un embargo a todas las exportaciones estadounidenses a la isla, salvo las de alimentos y medicinas. Esto se hizo extensivo a las subsidiarias de compañías norteamericanas en otros países.
"Ike" eliminó asimismo por completo la cuota cubana de azúcar en el mercado estadounidense, que fue reasignada, y las exportaciones de petróleo a la isla. Además, los buques que transportaran carga hacia o desde Cuba no podrían transportar cargamentos financiados por Washington.
En su orden ejecutiva sobre la ruptura de relaciones con Cuba a comienzos del año siguiente, el presidente número 34 de Estados Unidos consignó que la limitación del personal diplomático era sólo la última "acción calculada" del Gobierno de Castro "en una larga serie de hostigamientos, acusaciones sin fundamento e injurias":
Declaración del Presidente sobre rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, 3 de enero de 1961
Entre la 1 y las 2 de esta madrugada, el Gobierno de Cuba entregó al Encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en La Habana una nota indicando que el Gobierno cubano había decidido limitar a once personas el personal de nuestra Embajada y Consulado en La Habana. Se concedieron cuarenta y ocho horas para la salida del país de todo nuestro personal, con excepción de los once. Esta acción inusual por parte del Gobierno de Castro no puede tener otro propósito que el de hacer imposible la conducción de las relaciones diplomáticas normales con ese Gobierno.
Por consiguiente, he dado instrucciones al Secretario de Estado para que entregue una nota al Encargado de Negocios interino de Cuba en Washington, que se refiere a la demanda de su Gobierno, y afirma que el Gobierno de los Estados Unidos por este medio rompe formalmente las relaciones diplomáticas y consulares con el Gobierno de Cuba. Las copias de ambas notas se están poniendo a disposición de la prensa.
Esta acción calculada por parte del Gobierno de Castro es sólo la última de una larga serie de hostigamientos, acusaciones sin fundamento, e injurias. Hay un límite a lo que Estados Unidos, con respeto a sí mismo, puede soportar. Ya se ha llegado a ese límite. Nuestra amistad con el pueblo cubano no se verá afectada. Es mi esperanza y mi convicción que en un futuro no muy lejano será posible que la amistad histórica entre nosotros encuentre una vez más su reflejo en relaciones normales, de todo tipo. Mientras tanto, nuestra simpatía está con el pueblo de Cuba, que ahora sufre bajo el yugo de un dictador.
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Corte Suprema de EEUU escucha argumentos sobre afirmación de Trump de inmunidad absoluta
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este jueves si el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad y puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.
El juicio del ex presidente por presunta interferencia electoral ha sido retrasado durante meses mientras la Corte considera el argumento de Trump de que los presidentes deberían ser inmunes a las acciones que tomen mientras están en el cargo.
En Nueva York, Trump dijo que quería estar presente en la Corte Suprema pero en vez de eso, tuvo que nuevamente presentarse a una corte de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificar registros para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos monetarios a una actriz de películas para adultos a fin de mantener en secreto sus afirmaciones de que tuvieron relaciones sexuales.
"Creo que en la Corte Suprema que tiene que ver con la inmunidad, escuché que el argumento fue brillante. Pensé que las preguntas del juez eran geniales y todos los presidentes deben tener inmunidad", declaró Trump.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.
Pero al menos cuatro de los nueve magistrados parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal después de dejar el cargo.
Los abogados de Trump sostuvieron que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los procesos por motivos políticos de exmandatarios serían rutinarios y los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales.
Por su parte, la fiscalía afirmó que quienes redactaron la Constitución nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump —incluyendo el participar en un plan para incluir electores falsos en estados disputados ganados por Biden— no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente.
La inmunidad presidencial de Trump en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.
El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.
Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.
Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".
Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.
En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.
Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.
Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.
Nuevas detenciones en protestas estudiantiles en EEUU por la guerra de Gaza
Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.
NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.
Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.
El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.
Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.
El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.
En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.
“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.
“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.
Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.
El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.
Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.
Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.
En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.
En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.
El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.
En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.
La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.
Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.
Cuba, entre los países con más residentes y nacionalizados en EEUU en 2023
Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.
De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.
Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.
Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.
A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.
El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.
"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.
Fuertes críticas de EEUU por violaciones de los derechos humanos en Cuba: “No hay cambios”
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación este lunes de su informe sobre Derechos Humanos en el mundo.
“En Cuba, según informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos; sus familiares también son blanco de amenazas”, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua.
“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, asegura el texto.
Continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
El informe da cuenta además de “graves problemas con la independencia del poder judicial” y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. EEUU tomó nota de los cortes de internet, así como sobre las leyes “demasiado restrictivas” contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas.
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.
EEUU asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una “grave corrupción gubernamental”.
Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como “trabajo forzoso patrocinado por el Estado”.
“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió al informe acusando al Secretario de Estado, Antony Blinken, de “no preocuparle” los derechos humanos de cubanos y palestinos.
“Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo”, escribió Rodríguez en X.
Decenas de activistas respondieron a las palabras de Rodríguez en X publicando imágenes de represión.
Venezuela también ha mantenido su régimen autoritario sin cambios
El Departamento de Estado también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Blinken.
“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva”, añade el documento.
Preocupación por Ucrania y Gaza
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. El reporte se elabora desde 1977.
En el documento, Estados Unidos también mostró su preocupación por las crisis en el mundo, especialmente los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Ucrania por los ocupantes rusos y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí contra Hamás, considerada por el gobierno estadounidense una organización terrorista.
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