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Diplomacia petrolera de Chávez se volvió insostenible
La diplomacia petrolera de Chávez
Un análisis de la agencia Reuters actualiza el estado de los acuerdos energéticos que creó el fallecido presidente en medio de la crisis económica que azota al país sudamericano.
El suministro de crudo y derivados venezolanos a sus aliados bajo los pactos energéticos que creó el fallecido presidente Hugo Chávez se desplomó en el 2013 a mínimos de los últimos cinco años en medio de la crisis económica que azota al país sudamericano, según datos de la estatal Petróleos de Venezuela.
Los envíos enmarcados en acuerdos de cooperación regional cayeron 11 por ciento a 243.000 barriles por día (bpd), poniendo de manifiesto las dificultades del país y de PDVSA para mantener en pie un puñado de convenios concebidos por Chávez para ayudar a sus socios y esparcir su influencia política.
Varios son los factores para esta caída: una producción petrolera en declive, débil crecimiento económico, una vapuleada red de refinación y acuerdos de financiamiento con China que desvían una parte de los despachos del país socio de la OPEP.
En medio de esto, muchos beneficiaros de estos acuerdos se han visto obligados a recurrir al voraz mercado abierto.
En lo que va del año, países desde Jamaica hasta Argentina que tienen pactos de suministro con Venezuela han comprado 140 embarques de crudo, componentes de refinación y combustibles en el mercado abierto, según información recopilada por Reuters.
Más de dos tercios de los cargamentos fueron a parar a Ecuador, cercano aliado de Venezuela.
Las transacciones, que están saturando la renta de tanqueros en la cuenca Atlántica, suponen precios mayores y condiciones de venta menos ventajosas que los acuerdos con Venezuela.
Petrocaribe, nacida en el 2005 bajo el abrigo de Chávez, permite a sus miembros pagar en efectivo 40 por ciento de los envíos, mientras que el restante 60 por ciento se puede financiar a 25 años con tasas de interés bajas o mediante pagos con productos que van desde arroz hasta pantalones de jean.
Venezuela está importando una gran cantidad para cubrir su propia demanda interna
En total 21 países se han adherido a estos pactos, incluyendo Petrocaribe, el Acuerdo Energético de Caracas y varios acuerdos bilaterales.
Pero los problemas operacionales y financieros de PDVSA han creado obstáculos, obligando a la petrolera a comprar derivados para poder cumplir con el suministro a sus aliados.
"(Venezuela) está importando una gran cantidad para cubrir su propia demanda interna, por lo que la compra de volúmenes adicionales para ayudar a esos países es insostenible", dijo un agente involucrado en el suministro de combustible a Venezuela.
Mientras el Gobierno del presidente Nicolás Maduro intenta que los acuerdos no se desvanezcan, firmas estadounidenses con amplios inventarios de gas natural acechan en busca de nuevos negocios en la región.
El Gobierno de Estados Unidos también podría beneficiarse de la situación en su intento de recuperar su influencia en Latinoamérica y el Caribe.
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, anunció el mes pasado la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe, un plan para reducir la dependencia de la región de los "costosos combustibles y electricidad importados", con la promesa de financiar proyectos para generar energía.
Y Overseas Private Investment Corp., un ente del Gobierno de Estados Unidos que financia el desarrollo, está en discusiones con inversores para la ejecución de proyectos energéticos en el Caribe, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
Ahora es para China
Del total de barriles que Venezuela envía a China -que ahora es el primer destino de sus exportaciones petroleras-, 485.000 bpd son entregados para pagar millonarios créditos desembolsados por el gigante asiático al país, lo que deja cada vez menos volúmenes disponibles para aliados regionales.
La cuota máxima que los miembros de Petrocaribe podrían recibir suma 377.000 bpd según PDVSA, aunque el año pasado se enviaron 134.000 bpd menos que eso.
Dominica, Honduras, Paraguay y Bolivia no recibieron un solo barril de Venezuela el año pasado, agregan los números de PDVSA.
Argentina, que sorteó una profunda crisis energética en el 2002 gracias, en parte, al petróleo venezolano, vio en 2013 cómo los despachos desde Venezuela se redujeron en la mitad.
El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, ha negado los señalamientos de que Venezuela está proveyendo menos productos a sus socios de Petrocaribe, insistiendo en que esos envíos fluctúan de acuerdo a las necesidades de cada país.
"Son nominaciones (solicitudes) mensuales y los países tienen una cuota. A veces la piden toda, a veces no es necesario, a veces no tenemos disponibilidad. Varía y ellos saben que es así", dijo Ramírez en junio.
Pero ese no parece ser el caso de los países que se han volcado al mercado abierto, algunos por primera vez en años, de acuerdo a documentos vistos por Reuters.
Aunque los gobiernos y las petroleras estatales no publican datos de licitaciones realizadas en el opaco mundo del comercio de crudo al contado, los intermediarios dicen que las compras -que tienden a pactar precios mayores que en contratos de suministro de mediano y largo plazos- están en auge.
PDVSA y otras empresas estatales de la región no respondieron a las solicitudes de información de Reuters.
Comprarle a otros
La petrolera estatal argentina YPF está comprando en el mercado abierto una porción cada vez mayor del diésel y el fuel oil que usa Argentina para generar electricidad, según documentos de oferta. Esto ha aumentado el peso de los subsidios que costea el Gobierno en momentos en que el país entra de nuevo en una cesación de pagos.
"Argentina ha accedido a pagar este año hasta 20 dólares por millón de BTU para las importaciones de GNL (Gas Natural Licuado), frente a un precio internacional de 16-18 dólares", dijo un operador. "Pero los consumidores no lo notan debido a los subsidios".
Un portavoz de YPF dijo que los aumentos en los precios domésticos son el resultado de mayores costos, pero declinó a ofrecer más detalles.
Este año, Uruguay ha comprado en el mercado abierto al menos 1 millón de barriles de crudo cada trimestre, después de que los suministros de PDVSA cayeran un 15 por ciento el año pasado.
Los despachos venezolanos han declinado incluso hacia países donde PDVSA tiene activos de refinación como Jamaica y República Dominicana, exponiéndolos a los intermediarios.
Ecuador, que enfrenta prolongados trabajos de modernización en su principal refinería, ha comprado más de 70 cargamentos de nafta y 30 de diésel este año, después de que un acuerdo de intercambio con Venezuela cayera a unos 2.000 bpd el año pasado, desde los 49.000 bpd que se despacharon en el 2008.
Chávez fue un fiero crítico de lo que llamó los "intermediarios usureros" que comerciaban con el Caribe y pequeños países de Centro y Sudamérica.
Iniciativas como Petrocaribe fueron creadas para limitar el rol de los agentes comerciales que inflan los costos de importación para la región. Pero ninguno de estos acuerdos energéticos ha podido prescindir completamente de ellos.
Bolivia también está en apuros. Solía importar la mayoría de su diésel de Venezuela, pero los envíos se contrajeron y Chile se convirtió en su principal proveedor. Esto ha exacerbado la presión fiscal sobre los subsidios a los combustibles, que el año pasado superaron los 1.000 millones de dólares, o el 3,4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
El presidente Evo Morales ha intentado subir los precios de los combustibles de uso automotor -congelados desde 2001- en varias oportunidades, pero las protestas se lo han impedido.
"Cualquier reducción en los envíos de diésel del gobierno venezolano, que era el principal suministrador, va a afectar al presupuesto público boliviano", dijo Marco Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
Otras naciones como Guatemala nunca han logrado recibir suministros de Venezuela en medio de quejas por las condiciones de pago y desacuerdos políticos.
Sin embargo, no todos los países han sufrido recortes. Los envíos a Cuba y Nicaragua, dos de los más estrechos aliados del Gobierno socialista de Maduro, se han mantenido: unos 130.000 bpd en conjunto en el 2013, según PDVSA.
Y en Estados Unidos la firma Citizens Energy Corp renovó en febrero por noveno año consecutivo un programa que reparte unos 620.000 barriles de combustible para calefacción a familias de bajos recursos. Los productos, que son vendidos en condiciones favorables, provienen de Citgo, la unidad refinadora de PDVSA en el país del norte.
Los crecientes acuerdos con China que involucran pagos con petróleo y los generosos esquemas de crédito previstos en los acuerdos regionales han creado un serio problema de flujo de caja para Venezuela, que lucha para contener una inflación que supera el 60 por ciento y una prolongada escasez de bienes básicos.
En esas circunstancias, los convenios petroleros con aliados parecen un lujo que Venezuela no puede ya permitirse, sobre todo si el país se ve forzado a refinanciar deudas e incluso a condonarlas, como sucedió con Haití y Nicaragua.
PDVSA informó en su reporte que las cuentas por cobrar correspondientes a acuerdos energéticos aumentaron nuevamente el año pasado a 6.090 millones de dólares, desde los 5.300 millones de dólares del 2012 y los 3.250 millones de dólares del 2011.
Mientras tanto, la estatal venezolana no cobró en efectivo en el corto plazo al menos un tercio de sus exportaciones del año pasado, a medida que un mayor volumen de petróleo se destina al pago de deudas con China, según cálculos de Reuters basados en las cifras de los últimos estados financieros de la firma.
Esta es una preocupación medular para un país cuyas exportaciones petroleras están aportando el 96 por ciento de los dólares que alimentan su economía.
"Mientras la propia Venezuela está comprometiendo más barriles para China e importando al menos ocho cargamentos mensuales de nafta, diésel y gasolina para su mercado interno, Jamaica, Uruguay y Argentina están licitando para importar combustibles", dijo un comerciante involucrado en las compras.
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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