Cuba
Cuba: ranchitos, desalojos, demoliciones... y nuevas mansiones
Proporcionar una vivienda digna a los cubanos, es un deber del Estado. Pero en la práctica éste se ocupa más de desalojar y demoler que del deber.
Estos principios se basan en la indivisibilidad de los derechos humanos y en la participación de los más pobres y excluidos en las decisiones que afectan sus vidas.
Una transcripción de la intervención del representante de Cuba, Frank Díaz, publicada en la web del MINREX, da fe de que éste le dio la bienvenida al documento, y lo calificó de “herramienta útil para el desarrollo de acciones futuras (…) necesarias para erradicar la pobreza extrema en todo el mundo”.
Pero cuando abordó durante su turno en el hemiciclo del Palacio de las Naciones la crítica situación que enfrenta el planeta con el agua potable, Díaz sólo se estaba refiriendo a uno de los derechos específicos recogidos en el mencionado Proyecto , cuyo disfrute por quienes viven en la pobreza es –-según el texto— “particularmente limitado, o está especialmente menoscabado, y respecto de los cuales los Estados tienen con frecuencia políticas inadecuadas o contraproducentes”.
El documento abarca tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, referidos al marco específico de la pobreza extrema. Una somera lectura de esta nueva plataforma de Naciones Unidas indica que podríamos estar en presencia de otro de esos pactos de la ONU que La Habana firma, sin esperar cumplirlos.
LO QUE FIRMAN Y LO QUE HACEN
Tomemos como botón de muestra el título “Derecho a una vivienda adecuada, seguridad de la tenencia y prohibición del desalojo forzoso”.
La parte preambular toma nota de que las personas que viven en la pobreza tienen con frecuencia viviendas insalubres; por ejemplo, en barrios marginales y asentamientos irregulares, con acceso limitado o nulo a servicios básicos. Agrega que el hacinamiento, la inseguridad y la exposición desproporcionada a desastres naturales o peligros ambientales amenazan la vida o la salud de estas personas, y que muchas carecen de seguridad en la tenencia, y viven en el constante temor de un desalojo o una expropiación, sin medios para defender sus derechos en los tribunales.
Luego, pasa a enumerar los deberes de los Estados.
El primero de ellos es otorgar prioridad a la erradicación de la carencia de vivienda mediante una estrategia nacional.
El segundo, es aprobar leyes que protejan a todos los individuos, grupos y comunidades, incluidos los que viven en la pobreza, contra el desalojo forzoso por agentes estatales y no estatales.
Los principios presentados por la relatora Sepúlveda también establecen como obligaciones del Estado:
- Conceder prioridad en la asignación de las viviendas y tierras a las personas y comunidades que viven en la pobreza.
- Adoptar medidas inmediatas para conferir seguridad legal a la tenencia de las personas y familias que viven en la pobreza y que carecen de esta protección.
- Asegurar un gasto público adecuado en viviendas asequibles y promover políticas y programas que prioricen el acceso de las personas que viven en la pobreza a esas viviendas. Tales políticas pueden incluir programas de financiación de la vivienda, mejora de los barrios marginales, titularización y regularización de los asentamientos irregulares y/o subsidios del Estado para el alquiler, o compra, de una vivienda.
- Otorgar prioridad a la mejora de la infraestructura y los servicios en las zonas habitadas por personas que viven en la pobreza, incluyendo caminos transitables todo el año, agua potable, evacuación de desechos y aguas negras e instalaciones de saneamiento, servicios de atención a la salud, educación, y electricidad.
- Elaborar y aplicar políticas y programas de reducción del riesgo de desastres relacionados con la vivienda, lo cual incluye priorizar la reconstrucción de las viviendas y proveer otras posibilidades de alojamiento digno a los grupos más desfavorecidos.
Como decíamos, el gobierno cubano acaba de apoyar estos principios en Ginebra, pero ¿cómo se aplican en la isla?
DESALOJOS BRUTALES
El Centro de Información Hablemos Press, entidad independiente que elabora un informe mensual sobre violaciones de derechos humanos, preparó en junio un boletín especial sobre el incremento en 2012 de los desalojos brutales contra familias que construyen viviendas rústicas en terrenos baldíos o que, desesperadas por un techo, se cobijan en algún inmueble abandonado o sellado por las autoridades.
De enero a junio la entidad contabilizó 322 operativos de desalojo que afectaron a unas 800 familias. Muchas de ellas incluían a niños, ancianos y personas enfermas.
Hablemos Press ha reportado este tipo de operativos en la mayor parte de las provincias de la isla. Su modus operandi podría considerarse entre los tratos crueles, inhumanos o degradantes que los instrumentos internacionales de derechos humanos condenan.
Suelen acudir policías, inspectores de la vivienda y otras autoridades locales, con tractores, vehículos patrulleros, carros de bomberos, una ambulancia y un camión.
Las puertas, si las hay, son derribadas; las personas, expulsadas a la fuerza; las propiedades, extraídas y montadas en el camión; los niños, arrebatados a los padres y evacuados en la ambulancia; las viviendas, demolidas; y los “agentes estatales” suelen actuar con violencia contra los inquilinos que se resisten a perder su único amparo, como muestran los siguientes testimonios grabados por Hablemos Press.
Que estas personas ocupen ilegalmente un inmueble deshabitado, o levanten una choza o rancho sin permiso, se debe muchas veces al desprecio o la indiferencia que han enfrentado al plantear sus críticos casos a las autoridades.
¿UN TECHO? ESE ES SU “MALETÍN”
La situación de la vivienda en la isla no es mucho mejor para los cubanos que al menos tienen un domicilio legal.
En un reciente reportaje titulado “En una Encrucijada: Construir por Esfuerzo Propio la Vivienda, o la Libertad”, la directora de la Agencia de Prensa Libre Oriental, APLO, Yusmila Reina, afirma que cualquier mirada superficial percibe el deterioro inmenso y deprimente de las edificaciones en Cuba, una muestra de la inefectividad de las políticas aplicadas por el gobierno, o de la ausencia de éstas.
La autora reconoce que en los Lineamientos del Partido Comunista se proponen seis directrices para el problema de la vivienda, pero las considera inviables a menos que se amplíen las libertades económicas, sociales y políticas de los cubanos para poder auto-sostener y crear su propia base habitacional; y que se inyecten capital y tecnología para la producción de materiales y la construcción de viviendas.
Según datos oficiales, el 43 % de las viviendas en Santiago de Cuba,la provincia donde reside Reina,están en un estado entre regular y malo. Pero ella asegura que la situación real es crítica; que barrios como el Distrito José Martí, con 420 edificios, cuarterías o interiores; asentamientos marginales en la periferia de ese mismo Distrito y los repartos Abel Santamaría, El Polvorín, Los Guaos, Alturas de Quinteros, Alturas de Chicharrones, VAN-VAN, Venceremos y muchos más, se encuentran en pésimo estado.
Agrega que un pase de revista por domicilios santiagueros revela que al que no le falta por construir el baño, le falta la taza o el lavamanos, o no han podido hacer la fosa; o no tienen instalación de agua; les falta terminar un cuarto u otra pieza; no tienen piso; tienen rotas las ventanas; o les falta el techo o, en el mejor de los casos, la pintura. En el peor, se trata de un espacio mínimo, una especie de caseta para guardar materiales de construcción.
En años recientes el gobierno de Raúl Castro, empeñado en arrojar lastre para que no se hunda la nave del Estado, dejó de considerar la construcción de viviendas una obra social para transferir esa responsabilidad a los ciudadanos: ellos tendrían que mejorar con esfuerzo propio sus condiciones de alojamiento.
La periodista independiente apunta que un sondeo de opiniones en los poblados santiagueros de Songo-La Maya, Dos Caminos, Palma y Contramaestre evidenció que construir o mejorar sus viviendas es una de las preocupaciones primarias de la población. Pero muchos se sienten engañados por el aplazamiento de la solución constructiva y el cambio de la política de viviendas, sin contar con ellos, de obra social a esfuerzo propio. Se sienten impotentes, pues con sus bajos ingresos no pueden levantar sus casas debido al alto precio de los materiales y la mano de obra.
La directora de la APLO subraya que la población santiaguera se encuentra en franca indefensión ante su pobreza habitacional, ya que ha agotado sus intentos a través de quejas y peticiones a todos los niveles, para que el gobierno les ayude. La única respuesta es que deben asumir sus problemas sin esperar soluciones estatales.
“¿Resulta ahora que este gobierno lucha por la independencia y creatividad de su pueblo o es que lo está abandonando a su suerte? ¿Dónde queda la aseveración constitucional cubana de que el Estado trabaja para que cada familia tenga una vivienda confortable?”, se pregunta la autora.
Bueno, no hay que exagerar: el gobierno sí trabaja para que algunas familias cubanas tengan una vivienda confortable.
CONSTRUYA SIN MISERIA, CORONEL, QUE EL MININT PAGA
En el sitio de Hablemos Press, el veterano periodista independiente Jaime Leygonier escribe que el Estado cubano no tiene materiales para construirles casas decorosas a los trabajadores o reparar el 80% de edificios deteriorados que acaban derrumbándose y aplastando a sus moradores; pero sí aparecen para lujosas ampliaciones de las casas de altos oficiales militares y dirigentes.
Los beneficiados –dice el autor-- no roban un centavo; sencillamente tienen el privilegio de construirse una mansión a expensas del pueblo, y todo aparece autorizado y pagado por el Ministerio del Interior, que aporta los materiales, los equipos y la mano de obra..
La cobertura legal –explica Leygonier-- la brinda un proyecto de entrega y reparación de casas inhabitables, por ruinosas, a oficiales del MININT, pretexto para construirse residencias que le costarían a un particular entre 100.000 dólares y medio millón. Algo que no aparece en las facturas del MININT son los costos
El autor incluye una foto (ilustración) de las obras para ampliar a dos plantas una casa de inicios del siglo XX en Santa Emilia, casi esquina a San Benigno, frente al parque de Santos Suárez. El inmueble estaba semiderruido. Los vecinos dicen que esa obra se construye para la hija y el yerno de un coronel del MININT.
El colaborador de Hablemos Press apunta que en un día fundieron el techo de placa de la segunda planta con una hormigonera que bombeaba la mezcla, dos mezcladoras de concreto, un camión pipa y numerosos obreros y operarios de esos equipos. Para trabajar, cerraron el tráfico en esa cuadra, donde hay una parada de ómnibus.
Algo parecido ocurrió hace unos años a dos cuadras de allí, en San Indalecio y San Bernardino, cuando se construyó una para el entonces coronel y fiscal militar González Peña.
Precisa el periodista que como norma, en esas construcciones trabajan reclusos, en una franca explotación de su trabajo como esclavos, pero también es legal.
La piñata no es exclusiva de los miembros del MININT. También está ocurriendo --dice el autor-- en la casa de los padres del vicepresidente y zar de las reformas Marino Murillo –un ex coronel de las FAR-- donde se reporta la entrega de rastras cargadas de costosas losas y materiales para remozar el inmueble del reparto D'Beche, en Guanabacoa. Se ignora qué organismo del Estado paga la cuenta.
Termina reiterando Jaime Leygonier que estos militares y dirigentes no roban un centavo, pues lo suyo no es oficialmente corrupción, sino derecho de elegidos, el privilegio de construir a expensas del Estado, en una ciudad –y un país-- que se derrumba sobre sus habitantes.
Vea todas las noticias de hoy
Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
Foro