Nuevamente las redes sociales, los blogueros, los tuiteros y el periodismo ciudadano se convierten en el blanco de las críticas del régimen castrista. La realidad web 2.0 les supera tanto que ya no saben ni qué cara poner ante lo que sucede en el mundo. Por eso resultan simplemente ridículas las acusaciones vertidas, en este caso, contra el
Festival CLIC, promovido por la Academia Blogger,
Estado de SATS y la organización española
EBE.
El pataleo constante del régimen castrista es digno de análisis. Responsabilizar a blogueros y tuiteros cubanos de una incierta (y más que improbable) intervención militar en Cuba al estilo de Libia no es más que un ejercicio de cinismo, un nuevo cuento para mecer al pueblo cubano en la cuna y convencerlo de que el mal anida en Internet, por lo que las consecuencias, si se permite su avance, podrían resultar fatales para el país. Hasta comportar muerte y destrucción porque, según ellos, viene el lobo.
En los últimos días, el régimen ha cargado en sendas ocasiones contra el periodismo ciudadano y la comunicación libre en Internet. Por un lado, en una editorial en el portal oficialista
Cubadebate y, por el otro, en las afirmaciones de su representante en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra asegurando que el periodismo ciudadano es una fábrica de noticias falsas que tienen por objetivo desestabilizar a algunos países.
Con estas declaraciones el régimen no hace más que arruinar todos los esfuerzos que desde el oficialismo se pretende hacer para vender Cuba como un país en el que se promueve la comunicación digital. Por supuesto, nada más lejos de la realidad. Para apoyar el periodismo ciudadano ante todo hay que otorgar el derecho a los ciudadanos de disponer de conexión a Internet, si no puede ser en sus casas, sí al menos a precios asequibles o gratis en espacios públicos. Esto es lo que sucede hoy en todo el mundo… libre.
El Estado no puede en ningún caso orientar la opinión de los internautas, que son soberanos respecto a sus reflexiones y pueden verterlas con total libertad sin el más mínimo reparo y con la garantía de que no van a ser molestados por hacerlo. Se trata ni más ni menos que del respeto de algunos de nuestros derechos fundamentales. El gobierno cubano sigue resistiéndose al cumplimiento de estas reglas que están por encima de cualquier otra soberanía.
La criminalización constante de la oposición no es solo un discurso gastado sino que además quiere trasladarse ahora al ámbito del periodismo ciudadano lo que no deja de ser una ofensa para todas aquellas personas en el mundo que hoy participan de la conversación global a través de la redes y que nos solidarizamos con los blogueros que están en la Isla. El régimen cubano no tiene ningún derecho a limitar el acceso de los cubanos a los recursos informativos que circulan globalmente en las redes, incluso a aquellos que promuevan un cambio de sistema en la Isla. Tampoco debería impedir el acceso a herramientas de publicación.
Resulta sorprendente que funcionarios del régimen tengan el atrevimiento de criminalizar el periodismo ciudadano en sitios como el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Y además parece contradictorio que un régimen que se pasa la vida aupando movimientos sociales en el extranjero los cuales precisamente tienen su base de apoyo ante todo en el periodismo ciudadano, considere que algo similar en su territorio es un atentado a la soberanía.
Sin lugar a dudas, y como venimos anunciando hace rato, el régimen está intentando con las redes sociales hacer la cuadratura del círculo. Pero es algo que le va a resultar, afortunadamente, una tarea prácticamente imposible. Si quieren seguir luchando contra ello el dolor de cabeza será considerable. Los blogueros, efectivamente, vamos a seguir dando guerra a los autócratas.