El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía retomará de forma gradual las operaciones nacionales e internacionales, más de dos meses después del doble terremoto que obligó a cerrar sus terminales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, en 2013, Rafael José Quero Silva supervisó directamente las torturas de al menos 74 manifestantes pacíficos.
Foro Penal advirtió sobre un aumento significativo de denuncias relacionadas con presuntos presos políticos en Venezuela, mientras la organización revisa nuevos casos de posibles detenciones arbitrarias y reportes de malos tratos, amenazas e intimidaciones contra familiares de los detenidos.
La decisión genera preocupación entre representantes de la comunidad venezolana, que piden diferenciar entre quienes cometen delitos y quienes permanecen en condición irregular, además de evitar discursos que puedan derivar en estigmatización o xenofobia.
El president de Colombia Abelardo De La Espriella ordenó iniciar operativos contra extranjeros en situación irregular. Activistas venezolanos piden diferenciar entre quienes cometen delitos y quienes se atienen a las leyes pero no han logrado regularizar su permanencia en el país.
A dos meses de los terremotos que golpearon Venezuela, la desolación persiste en comunidades de La Guaira, donde familias que perdieron sus viviendas continúan viviendo en carpas y denuncian falta de ayuda oportuna y fallas en servicios básicos.
Los manifestantes lograron superar varios cordones policiales durante una movilización desde el Ministerio Público hasta las inmediaciones del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde entregaron un documento dirigido a Diosdado Cabello.
La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, anunció que en septiembre la mesa de negociación entre la oposición y el oficialismo abordará las garantías políticas y civiles en Venezuela.
Familiares del preso político Jesús Rafael Medina Vásquez denunciaron presuntas torturas, desaparición forzada y amenazas contra menores de edad en Venezuela.
Los equipos permitirán retirar “cientos de miles de toneladas de escombros” de manera más rápida y segura, especialmente en áreas de difícil acceso, y contribuirán a restablecer la comunicación con comunidades que quedaron aisladas tras los sismos.
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