América Latina
Venezuela: entre dos presidentes y una crisis interminable
Venezuela cierra el año 2019 con dos presidentes: Nicolás Maduro, que la oposición califica de "usurpador", y Juan Guaidó, mandatario encargado con respaldo internacional que busca la vía hacia unas elecciones transparentes para lograr un cambio político en el país petrolero.
A pesar de la mediación internacional, el envío de ayuda humanitaria y la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, las cifras e indicadores sociales reflejaron una crisis cada vez más aguda en el país petrolero durante el año que termina.
Operación Libertad llama a terminar usurpación de Maduro en Venezuela
El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó -un activista político hasta ese momento poco conocido del partido Voluntad Popular- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder legítimo de esta nación suramericana. Su ascenso a la cabeza del parlamento es resultado de la continuidad de uno de los pactos políticos entre los partidos de oposición que conviven en la coalición opositora llamada Unidad Democrática.
Durante su discurso ante el Parlamento, Guaidó explicó que la ruta para lograr el cambio político sería el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Llamó al régimen de Maduro una “dictadura sin máscaras y sin filtros” y le dijo: “y por si no te ha quedado claro, Maduro el 10 de enero ¡No te vamos a juramentar!”.
La juramentación de Maduro fue celebrada el 10 de enero a puerta cerrada, por primera vez en la historia democrática de Venezuela, en el Tribunal Supremo de Justicia. “Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados, del gran cacique Guaicaipuro, por el legado nuestro amado comandante Hugo Chávez (…)”, dijo Maduro.
La figura de Guaidó cobró relevancia el 23 de enero, día en el que -cuando históricamente se celebra la institucionalización de la democracia en Venezuela- juró como presidente encargado de Venezuela ante una multitud convocada en una concentración en Caracas, ante el vacío de poder que generaron las acusaciones de ilegitimidad contra las elecciones del 20 mayo de 2018, con las que Maduro se mantuvo en la presidencia de la república.
“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", dijo Guaidó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció ese mismo día el gobierno interino de Guaidó. Maduro respondió rompiendo relaciones con el país norteamericano.
Un mes después, el 23 de febrero, desde Cúcuta, Colombia, a donde llegó cruzando por las trochas (pasos fronterizos ilegales), Guaidó recibió de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Paraguay, Mario Abdó, la ayuda humanitaria para Venezuela procedente de diferentes partes del mundo.
El régimen de Maduro ordenó impedir el acceso de ayuda humanitaria que también se intentó ingresar desde Brasil. La represión dejó un saldo de 25 indígenas pemones asesinados en el estado Bolívar al sureste de Venezuela en la frontera con Brasil, según lo denunció el diputado Ramón Flores presidente del Parlamento Amazónico.
“Veinticinco pemones, 25 venezolanos que fueron acribillados a mansalva por este régimen usurpador”, dijo Flores.
Además de la crisis política, los venezolanos enfrentaron el agravamiento de las condiciones socioeconómicas con un primer mega apagón el 7 de marzo, un corte del servicio eléctrico que dejó al país sin luz por cinco días. El restablecimiento del servicio fue progresivo, aunque Maduro anunció un mes después un plan de racionamiento de servicio eléctrico que sometió a cortes programados de luz a casi todas las regiones de Venezuela. El más afectado es el estado Zulia, donde al cierre de 2019 se superan en ocasiones las 14 horas sin luz en un día. Maduro, de nuevo, acusó a Estados Unidos de sabotaje.
En marzo de 2019 se incrementó la persecución del régimen contra Guaidó. Primero con el secuestro y detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Roberto Marrero, su jefe de despacho presidencial.
“Como no se atreve a encarcelarme, simplemente porque no manda, porque le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él (Maduro) y secuestraron injustamente a Roberto Marrero”, señaló Guaidó.
Unos 15 días después del primero, el 25 de marzo, se registró un segundo apagón que afectó 16 estados, por el que Maduro pidió paciencia a los venezolanos para resolverlo y Guaidó prometió acciones contundentes contra el gobierno de Cuba.
“No más petróleo a Cuba. No más chuleo mientras nuestra gente pasa hambre y necesita medicamentos”, dijo entonces Guaidó.
El 29 de marzo se registró un tercer apagón que dejó a oscuras a los 23 estados de Venezuela. La falta de luz agravó la crisis socioeconómica, para la que sirvió como un aliciente la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Su presidente en Venezuela, Mario Villarroel, reafirmó que “la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad, independencia. Le pedimos a todos sin excepción que nos permitan la politización de este gran logro”.
Los venezolanos y la comunidad internacional, unos 50 países que ya venían respaldando a Guaidó, quedaron sorprendidos por una inesperada transmisión por redes sociales, el 30 de abril, de Guaidó junto a Leopoldo López, quien venía cumpliendo arresto domiciliario como parte de una condena de casi 14 años. Los acompañaban el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cristopher Figuera.
Guaidó liberó a López y en las inmediaciones de la base aérea militar La Carlota, en Caracas, intentó lograr la adhesión de los militares para alcanzar la ruta trazada para el cambio político en Venezuela.
“Como presidente encargado de Venezuela, como legítimo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados y a toda la familia militar a acompañarnos en esta gesta, como siempre lo hemos hecho en el marco de la Constitución y en el marco de la lucha no violenta”, dijo Guaidó.
Al evento del 30 de abril, que el régimen de Nicolás Maduro calificó como un golpe de Estado, le siguió la separación pública del chavismo, mediante una carta, del director del Sebin, el general Cristopher Figuera.
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Asamblea Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria por desacato a Guaidó. También ordenó de enjuiciar a seis diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los eventos del 30 de abril, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido el 8 de mayo.
El 16 de mayo, en medio de la persecución del régimen a la oposición, Guaidó confirma reuniones entre emisarios de Maduro y de opositores en Noruega para lograr un acuerdo que diera una salida política a la crisis. Pero reitera que la única solución a la crisis es la salida de Maduro del poder. También ese mismo día se fuga Iván Simonovis de su casa, donde cumplía una pena de 30 años por los hechos del 11 de abril de 2002.
Entre el 19 y el 21 de junio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó Venezuela como parte de la última fase para emitir su informe sobre la situación de los derechos humanos en este país. Bachelet exigió al régimen de Maduro la liberación de los presos políticos al final de su visita a Caracas.
“Hago un llamado a las autoridades a liberar a todos los que estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”, dijo Bachelet en conferencia de prensa.
Maduro descalificó el informe de Bachelet. Guaidó lo calificó como reflejo de la evidencia de una catástrofe.
Ocho días después de la visita de Bachelet a Venezuela, el 29 de junio, el capitán de navío Rafael Acosta Arévalo fue asesinado. Su abogado, Alonso Medina, denunció que el régimen de Maduro pretendió evadir la responsabilidad por tortura en el crimen.
“La única explicación es que el delito de homicidio podría generar responsabilidades individuales mientras que por el caso de los delitos de tortura le genera responsabilidad al Estado la cual pretende evadir”, explicó Medina.
El intento infructuoso de Noruega por mediar entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó tuvo su fin a finales de julio en Barbados, y fue seguido por nuevas sanciones de Estados Unidos a cualquier tipo de transacción con el régimen chavista.
La reacción de Maduro no se hizo esperar y el 13 de septiembre anunció una investigación penal contra Guaidó.
A pesar de los señalamientos en contra del régimen de Maduro por violación de derechos humanos, el 17 de octubre Venezuela fue elegida, con 105 votos a favor, para integrar el Consejo de DDHH de la ONU, ocupando la vacante que dejó Cuba.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, celebró el hecho como “un importante logro que Venezuela haya sido electa para ingresar como miembro del Consejo de Derechos Humanos porque es una voz importante que estará allí para el tema de la paz”.
Ese mismo día, Saab anunció la excarcelación de 24 presos políticos.
El 20 de diciembre, a escasos 15 días para la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, resultó desaparecido por funcionarios de las FAES, el diputado del partido Voluntad Popular Gilber Caro, tal y como lo explicó la diputada Adriana Pichardo. Diputados opositores denunciaron que es una treta más del régimen de Maduro para impedir la reelección de Guaidó.
Venezuela cierra el 2019 con cifras rojas en migraciones forzadas, casi cinco millones de venezolanos, según organismos internacionales. Con cifras incalculables de personas que han fallecido por innumerables consecuencias de la crisis humanitaria, o como el joven Rufo Chacón, quien perdió la vista por disparos de perdigones mientras protestaba por falta de gas para cocinar.
Se mantiene, además, como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. Concluye el 2019 con un estimado de al menos el 16.506 fallecidos por causas violentas según el Observatorio Venezolano de Violencia.
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Petro: "El Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el martes que está dispuesto a exponer ante la ONU los incumplimientos del Estado colombiano sobre el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un mensaje en el que el mandatario se desmarca de los puntos pendientes.
El Consejo de Seguridad de la ONU revisa trimestralmente la situación del proceso de paz por medio de un informe que realiza el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación que opera en Colombia desde 2016. La última revisión fue el 9 de abril y la siguiente se prevé en tres meses.
En la sesión suele intervenir un delegado del gobierno colombiano para dar su balance, pero de cara a la próxima, Petro lanzó un reproche a otras ramas del poder del Estado en Colombia, sin precisar exactamente a qué entes o autoridades, acerca de puntos del acuerdo de paz que están aún pendientes.
"Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras", señaló el mandatario, en el acto de posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.
En un mensaje posterior en X, antes Twitter, matizó parcialmente su declaración al mencionar que el "Estado incumplió", en lugar de señalar como había hecho antes la falta de voluntad para acatar lo firmado.
Según su visión, los puntos pendientes están notablemente en tres ejes: una reforma agraria para devolver terrenos a quienes les fueron arrebatados por la violencia, la transformación del territorio con inversión que compense las desigualdades y la verdad judicial que busca juzgar y sancionar los crímenes cometidos.
Aunque como presidente es también el jefe de Estado y de gobierno, de acuerdo con lo recogido en la Constitución colombiana, Petro sugirió, desmarcándose, que los incumplimientos dependerían o de la rama judicial o de procesos administrativos que no le permitirían en su administración llevar lo pactado a la realidad.
El comentario del presidente contrasta con lo defendido en revisiones previas. A lo largo de los años, el gobierno de turno en Colombia se ha enfocado sobre todo en sus aciertos al rendir informe en la ONU y no tanto sus falencias en la implementación de un acuerdo que puso fin a la confrontación de cinco décadas con la guerrilla de las FARC.
En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplió una visita oficial en Colombia, revisó de primera mano la ejecución y habló tanto con el gobierno como con las comunidades. En anteriores sesiones, se ha pedido mayor avance en la reforma rural.
Petro pronosticó que, además del descrédito del Estado colombiano ante el mundo por no cumplir con lo pactado, el país padecería más violencia. "Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas... porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz", agregó.
Para la reforma agraria, Petro aseguró que se necesita una compra expedita de tres millones de hectáreas que no lograría ejecutar.
"No es mucho, pero aquí, por los procedimientos ordinarios, prácticamente es inalcanzable", reprochó sin aludir directamente a ninguna institución.
El segundo eje que se estaría incumpliendo sería, según Petro, el de la transformación del territorio con inversiones en las regiones históricamente excluidas en las que hay mayor desigualdad y violencia. A largo plazo, pronosticó, tampoco se lograría tal como van las cosas. "Cuando yo me pongo a ver las matrices de inversión pública calculadas a 30 años y puestas con cerrojo normativo para que ningún gobierno las cambie", indicó el mandatario.
No hizo alusión al ente o autoridad del que dependería esta estrategia, siendo el gobierno del país el que propone al Congreso cómo se distribuye el presupuesto del Estado y las áreas de inversión.
Y el tercero aspecto en deuda sería para Petro el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz para juzgar y sancionar los crímenes del conflicto interno que funciona para exguerrilleros, agentes estatales, militares y civiles que se involucraron en el conflicto.
El mandatario ha defendido recurrentemente que debería haber un único tribunal para llevar procesos investigativos del complejo conflicto dado que en la actualidad existe uno para los crímenes de la extinta guerrilla y otro para los grupos paramilitares que también dejaron las armas.
"Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad", señaló Petro en alusión a que no está consiguiendo su propósito. El mandatario ha esbozado en diferentes declaraciones que, eliminando esa división de justicia, ese tribunal "de cierre" podría ser la misma JEP u otro distinto.
EE.UU impone nuevas sanciones a Nicaragua
Estados Unidos anunció este miércoles una serie de medidas en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que incluyen restricciones de visa a funcionarios, sanciones a empresas y alertas de políticas a aerolíneas para frenar la migración irregular.
El gobierno “continúa participando en la campaña represiva que silencia a la sociedad civil y las personas injustamente detenidas que están ejerciendo sus libertades fundamentales”, recoge el comunicado.
Las empresas sancionadas
Entre las entidadaes sancionadas está el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia (GOR), con sede en Managua (RTC), al que acusan de convertirse un actor "clave" de la represión orquestada por el mandatario Daniel Ortega.
La RTC es una subdivisión del (GOR) que capacita oficiales del régimen de Ortega, responsables de la detención y encarcelamiento de personas por expresar su disidencia o ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales.
También fueron sancionadas dos compañías auríferas afiliadas al gobierno: Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining).
"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense y su capacidad para manipular el sector del oro y beneficiarse de operaciones corruptas", dijeron.
"El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, y esta acción tiene como objetivo degradar la capacidad del régimen para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas de sambas", indicaron.
Restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno
Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos y sancionó a un centro de entrenamiento ruso en ese país, por ser "un actor clave en la represión" orquestada por el mandatario Daniel Ortega.
Un comunicado del Departamento de Estados indica que las personas apoyan "al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables".
Entre ellos hay policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública, así como a actores no gubernamentales seleccionados para sus funciones.
A finales 2021, la administración de Joe Biden restringió la entrada a Estados Unidos de "personas responsables de amenazar la democracia en Nicaragua". Desde entonces, más de 1.400 funcionarios de ese país han sido sancionados.
Alerta a las aerolíneas
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una alerta de política a la industria de la aviación en la que hacen referencia a los contrabandistas que facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos.
Se trata de una notificación en la que ofrecen a las aerolíneas los pasos clave que deben tomar para evitar la complicidad en la explotación de los migrantes. La misma no hace referencia a acciones específicas para las que no colaboren.
Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, "continúan deteniendo injustamente a quienes abogan por una sociedad civil libre, la libertad religiosa y la libertad de expresión, y enriquecen su régimen mediante la explotación de migrantes vulnerables", agrega el texto.
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses de 2021, marcada por una oleada de detenciones contra opositores, activistas y miembros de la sociedad civil.
Batallón Simón Bolívar: unidad latinoamericana contra la invasión rusa (VIDEO)
En medio de una destrucción masiva y continuos bombardeos, Ucrania atraviesa el tercer año de la invasión rusa, un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos entre militares de ambos bandos y civiles. En esta confrontación bélica, destaca el batallón Simón Bolívar, integrado por varios centenares de combatientes iberoamericanos voluntarios que luchan junto a las fuerzas ucranianas.
El comandante Chaparro
José David Chaparro, de 55 años y originario de San Cristóbal, capital del estado Táchira en Venezuela, es el comandante de este batallón, que surgió posterior a una unidad de hispanoamericanos que servía en las tropas de la llamada Defensa Territorial Ucraniana.
“Después del primer año de guerra, coincidimos en algunos puntos con el gobierno ucraniano sobre las realidades en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, con respecto a la terrible presencia militar rusa en el país sudamericano, y el apoyo que le da al régimen de Maduro. Nos dieron los permisos para cambiar el nombre del batallón a Simón Bolívar”, dijo el comandante Chaparro desde un lugar en Ucrania a Martí Noticias.
Chicos y chicas de diferentes países latinoamericanos, incluyendo exmilitares del gobierno totalitario de Venezuela, han sido acogidos en este batallón, manifestando su deseo de integrar un cuerpo con principios libertarios, morales y justificar la lucha en Ucrania.
“Estamos lejos de nuestros países, pero tenemos un punto de coincidencia ético y principios bolivarianos entre los latinoamericanos que estamos aquí, y eso nos ha servido de escudo contra este tremendo escenario que se vive aquí cada día”, comentó Chaparro.
Más de 300 iberoamericanos luchan contra el invasor
En Ucrania, además de la Legión de Defensa Territorial Internacional, el primer grupo armado de extranjeros que surgió a petición del gobierno de Ucrania, combaten junto a las fuerzas nacionales un batallón de voluntarios de Bielorrusia y una Legión de Georgia. A ellos se suman el Cuerpo de Voluntarios Rusos, el Batallón Siberiano y la Legión Libertad de Rusia, todos integrados por rusos opositores a Vladímir Putin.
“En el caso del batallón Simón Bolívar, lo conforman combatientes de Venezuela, España, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y unos pocos de Perú. En total, pasamos los 300 combatientes”, informó el comandante, agregando que los equipos, armamento y todo el material bélico provienen del gobierno de Ucrania.
Cada combatiente debe cumplir ciertos requisitos para ingresar al batallón, como cualquier unidad de combate del ejército de Ucrania.
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“Tiene que llenar una planilla con sus datos generales, su grado en caso de haber prestado servicio militar en algún país, su experiencia, con el fin de identificar plenamente a la persona y realizar una verificación a nivel nacional e internacional para evitar que, entre gente no deseada, no solo al batallón, sino al país en general”, dijo el líder militar.
Una vez superado el filtro, el voluntario debe viajar a Ucrania y firmar un contrato por un año de servicio renovable y con salario.
“El soldado devenga un salario de 1,300 a 1,500 euros, además de beneficios médicos, y cuando va a cumplir misiones en las líneas del frente, el sueldo se duplica, es decir, es entre 2,000 y 3,000 euros aproximadamente”, indicó Chaparro, y aclaró que, en su caso, en dos años que lleva en Ucrania, aún no ha cobrado su primer sueldo.
“Tengo contrato, prerrogativas médicas, pero nunca he cobrado un solo salario. Soy un voluntario al cien por ciento”.
Comandante hoy, asesor chavista ayer
Como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Chaparro integró el equipo que organizó la primera visita del mandatario a Rusia en 2001.
Posteriormente, por sus conocimientos del idioma y de la política de la ex Unión Soviética, fue enviado a la embajada de Venezuela en Moscú como diplomático.
“Debo aclarar que en esa época todavía no se había perfilado tanto el gobierno de Chávez como ente dictatorial, estaba enmascarado. Entonces, para nosotros fue una oportunidad de trabajo. No se veía siquiera la punta del iceberg”, dijo en abierta alusión a la misma esencia del sistema de gobierno que impera en su país natal.
Fue justo en 2002 cuando ocurrió el intento de cambio de gobierno en Venezuela, que Chaparro se percató del intento chavista por perpetuarse en el poder.
“Incluso, en nuestra embajada en Moscú, las directrices que nos daban ya no eran las que nosotros, como diplomáticos y demócratas, defendemos. Entonces decidí cerrar ese capítulo, me salí de mis funciones y me retiré a mi vida privada”, comentó.
El mercenarismo
Ucrania y Rusia han intercambiado acusaciones de que cada lado utiliza mercenarios en el conflicto. Según datos del Ministerio ruso de Defensa, desde el 24 de febrero de 2022, llegaron a Ucrania procedentes de diversos países 13,387 combatientes. Por su lado, los servicios ucranianos de inteligencia han denunciado que Rusia recluta no solo a mercenarios extranjeros, sino también a personas en regiones pobres de Rusia.
“Muchos de ellos han sido capturados y es un hecho que forman parte no solo del llamado grupo Wagner, sino de otros grupos de mercenarios de diferentes países, principalmente asiáticos, que se han prestado a venir aquí a combatir contra Ucrania”, manifestó con apatía.
Preguntado si tiene evidencias sobre el terreno de la participación de mercenarios cubanos dentro de las tropas invasoras, el comandante dijo no tener información al respecto.
La guerra de mil caras
En su opinión, la guerra tiene mil caras, por lo que Chaparro no se aventura a pronosticar cuándo acabará la contienda. Según su argumento, son muchos los actores y factores a tomar en cuenta. Asegura que la moral de los soldados está en alto, pero admite que una guerra tiene mil caras y que, personalmente, ha sufrido algunos golpes.
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"Hay aspectos económicos, políticos, militares. Por ejemplo, las próximas elecciones en Estados Unidos podrían definir de alguna manera lo que sucederá en los próximos acontecimientos, dijo el jefe militar que confiesa que la guerra en Ucrania le ha permitido comprender el dolor humano.
"Solo aquellos que están aquí y ven el sufrimiento, las desgracias que dejan huellas prácticamente imborrables, comprenden el significado de la vida, la guerra y la tragedia. Esto no es deseable para ningún país. ¡Libertad y democracia!", concluyó.
UE suaviza sanciones a dirigentes en Venezuela para promover elecciones democráticas
La Unión Europea acordó este lunes retirar temporalmente las sanciones a algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como parte de los esfuerzos para promover elecciones presidenciales "inclusivas y competitivas" en Venezuela, informó la agencia Europa Press.
El portavoz del Servicio Exterior del bloque, Peter Stano, dijo a Europa Press que los 27 estados de la UE han decidido aliviar de forma temporal las restricciones de viaje al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, y a tres exmiembros de esa institución.
Stano afirmó que la Unión Europea también decidió prorrogar el resto de las sanciones que impuso al gobierno de Maduro, pero por un período más corto que lo habitual.
El nuevo plazo es hasta el 10 de enero de 2025, coincidiendo con la fecha marcada para la toma de posesión del presidente venezolano que sea electo el próximo 28 de julio.
Ambas medidas van en línea con apoyar la vía electoral para poner fin a la crisis en Venezuela, dijo Stano a Europa Press.
Propuesta de Mulino de cerrar el Darién "no es viable" y generaría "graves" efectos: analistas y autoridades (VIDEO)
Expertos coinciden en que cerrar un paso fronterizo como el Darién generaría más caminos ilegales, el incremento de la violación de derechos humanos contra los migrantes y hasta tensiones entre los países, y coinciden en que son decisiones que deben tomarse de manera conjunta.
BOGOTÁ —Cerrar la frontera del Tapón del Darién, como lo ofreció en la campaña el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, es una propuesta aún no detallada y “poco viable” pero que, de darse, podría generar crisis y efectos negativos, sobre todo en aspectos humanitarios y de seguridad para los migrantes, según analistas y autoridades consultadas por la Voz de América.
"Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos", dijo Mulino, a mediados de abril, a periodistas durante un recorrido electoral por Las Mañanitas, un suburbio de clase trabajadora de la capital panameña.
"La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral [entre Estados Unidos, Colombia y Panamá] y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes", afirmó el presidente electo, quien fue ministro de Seguridad del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien sustituyó como candidato en las recientes elecciones, al estar inhabilitado por una condena de más de 10 años por el delito de blanqueo de capitales.
Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia indicó a la VOA que la frontera “es imposible” de cerrar porque siempre va a haber diferentes mecanismos que hará que las personas “de una u otra manera encuentren cómo atravesar una frontera internacional”.
Opinión que comparte Diego Chaves-González, gerente sénior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute (MPI), al señalar que un cierre de la frontera es “muy poco viable” porque “por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más silenciosos, no tan voluminosos”.
“Frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tienen las aperturas, muchas veces oficiales, que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración”, agregó en entrevista con la VOA.
¿Cuál sería la medida?
En principio, el abogado y analista político panameño Rodrigo Noriega explicó a la VOA que el presidente electo es experto en temas de seguridad fronteriza y su planteamiento es “abierto”. Es decir, “no necesariamente se necesita hacer un cierre físico, usted puede hacer un cierre policial… o el uso de barreras naturales… o de mecanismos electrónicos de monitoreo… Hay un portafolio de medidas disponibles”.
Y, en ese sentido, cree que Mulino está hablando de un Panamá “frustrado” por los señalamientos que recibe sobre el maltrato a los migrantes o, incluso, para fomentar una postura de negociación con otros países que permita tomar “medidas responsables para provocar un flujo migratorio más sostenible”.
Según Fernando García, director de Migración Colombia, el presidente electo de Panamá se refería a posibilidades tecnológicas para tener un mayor control de la frontera, pues hablar de un cierre “no es posible físicamente, monetariamente, ni económicamente ni militarmente” y podría traer otros efectos que “son mucho más graves”.
La VOA también intentó obtener comentarios de la autoridad migratoria de Panamá, pero respondió que no se referirán al tema.
“Graves” implicaciones
Represamientos, abusos de todo tipo, incremento de la violación de derechos, fortalecimiento de las bandas criminales y crisis en las poblaciones de acogida son algunas de las consecuencias que podría traer un cierre unilateral de la frontera, en este caso, de la selva del Tapón del Darién, dicen los expertos.
Para la académica, un cierre fortalece el crimen organizado y las organizaciones criminales en un punto fronterizo, con acciones como el tráfico de migrantes y el aumento de los cobros a quienes deseen ingresar por vías no autorizadas.
En cuanto a los migrantes, pueden recurrir “a vías más peligrosas” y el Darién “ya es una zona de por sí inhóspita, difícil geográficamente y el hecho de que ahora sea prohibido cruzar o que se llegue a generar un proceso de vigilancia o de militarización de la frontera para impedirlo, pues pone en riesgo a las personas”.
Si este cierre no es planificado, dijo el abogado Rodrigo Noriega, los migrantes pueden decidir “ir por el por el Pacífico, por zonas que trabajan con nuevos traficantes o con otro tipo de situaciones, o que decidan irse de su países, por ejemplo, como pasó con los cubanos, incluso en el tren de aterrizaje de los aviones”.
Según un informe de la OIM publicado en marzo, más de un tercio de los migrantes fallecidos -cuyo país de origen pudo identificarse- provienen de países en conflicto o con grandes poblaciones de refugiados, poniendo de relieve los peligros enfrentados por quienes intentan escapar de las zonas de conflictos sin contar con vías seguras.
Otro elemento, agregó Irene Cabrera, es el riesgo de quedar en manos de organizaciones criminales que pueden generar diferentes tipos de afectaciones a los migrantes, como la violencia sexual.
Por otro lado, pueden incrementar los represamientos en Colombia, por ejemplo “donde ya es un problema serio”, incrementar la violencia en esas poblaciones, donde los migrantes permanecen antes de cruzar la selva, y la presión institucional que responda a las necesidad de las personas que desean salir del país.
Incluso, autoridades locales de la zona fronteriza de Colombia con Panamá expresaron su preocupación por la idea que ha esbozado el presidente electo de ese país.
Problemas que, según el abogado Noriega, puede repercutir en otros países como Ecuador, Venezuela y Brasil porque “los migrantes van a seguir moviéndose” y es que, como dice el abogado, “este flujo no para sino hay una transformación profunda de las poblaciones internacionales”.
Un fenómeno continuo
“La corriente de migrantes que cada día viene siendo mayor, se viene duplicando año tras año”, indicó el director de Migración Colombia, y con un cierre, “se triplicaría o se partiría en miles de pedazos de grupos intentando pasar la selva y traería efectos negativos para la conservación” de la misma, dijo García.
Según cifras del MPI, en 2021 migraron 125.000 personas. Un año después, 250.000 personas pasaron por el Darién, en 2023 la cifra llegó a 500.000, y en lo que va de este año, se ha duplicado casi que mes a mes con respecto al mismo mes el año anterior. Por eso, enfatizó Chaves, “es un momento más de buscar soluciones colectivas que de buscar soluciones individuales”.
En este sentido, dijo García a la VOA, Colombia está “preocupada” por las declaraciones de Mulino. “Nosotros hemos concebido, como otros países en el continente, que el problema de la migración es un problema continental e incluso hoy en día extracontinental” y, por lo tanto, “requiere de soluciones que tengan la participación de los estados que participan del fenómeno migratorio.
Y, en ese sentido, se debe es mantener un paso seguro para los migrantes y, para ello, están abiertos al diálogo con el nuevo gobierno y con entidades multilaterales.
Según el abogado Noriega, si Panamá decide cerrar su frontera, debe haber un periodo de consultas con los países implicados para que también busquen medidas para enfrentar la situación o con experiencias similares para que “aporten recursos y asesoría”. Pero lo ideal son las decisiones multilaterales que favorezcan el “tratamiento humanitario para los migrantes”.
Para Chaves-González, la respuesta debería ser “mucho más articulada, que pensar en las políticas de securitización de las fronteras” o se podrían generar tensiones entre los países.
“Lo importante es tratar de no buscar que la migración sea cada vez más clandestina, sino buscar procesos de trabajo con los gobiernos, con la comunidad internacional más activamente para poder buscar una solución mucho más efectiva y que garantice los derechos humanos de las personas”, sentenció el vocero del MPI.
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