América Latina
Las pruebas y testigos que respaldan la acusación de secuestro contra Rafael Correa
Seis meses de investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana revelaron que Correa aprobó y financió el secuestro en Bogotá, en 2012, de uno de sus más incisivos críticos por parte de su secretaría de Inteligencia.
La investigación de la justicia ecuatoriana que ha resultado en una orden de prisión preventiva y la solicitud aInterpol para la captura y extradición del expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene su origen irónicamente en la política de reprimir las libertades de expresión y prensa que aplicó el mandatario socialista durante sus diez años (2007-2017) cometiendo arbitrariedades desde el poder.
Medios ecuatorianos, colombianos y otros ofrecen detalles de las acusaciones de asociación ilícita y secuestro radicadas por la Fiscalía de Ecuador y por las cuales el martes la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó las mencionadas medidas cautelares, después que el expresidente, que reside en Bélgica, no se presentara a una citación el lunes en Quito.
La operación Wilson
El principal motivo de la orden de captura contra Correa es su presunta vinculación con el intento de secuestro en Colombia, en 2012, de un opositor llamado Fernando Balda Flores.
Balda Flores es un joven político ecuatoriano que después de trabajar en el partido Alianza País de Correa, se pasó a cooperar desde la Asamblea Nacional con el expresidente Lucio Gutiérrez, el principal opositor a su gobierno.
Entre sus denuncias de ilegalidades y abusos cometidos por Correa, Balda aseguró en un programa televisivo que el gobierno ecuatoriano mantenía una central secreta desde la cual espiaba a políticos y periodistas desafectos al régimen. Por esa denuncia fue demandado por injuria y buscó refugio con su familia en Colombia.
Desde el país vecino, donde fue acogido en los círculos del expresidente colombiano Alvaro Uribe, Balda continuó sus denuncias contra Correa.
En agosto de 2012, Balda caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, cuando una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron al vehículo a la fuerza.
Tuvo la suerte de que un taxista presenció lo sucedido y llamó a sus colegas y a la Policía. Se inició una persecución a alta velocidad, se instalaron barricadas y ya cerca de la salida norte de la ciudad los secuestradores dejaron abandonado el vehículo con el secuestrado y escaparon.
Contrataron a delincuentes
Una investigación colombiana descubrió que durante meses, miembros de la inteligencia ecuatoriana habían estado trabajando de manera encubierta en Colombia, se aliaron con un cabo del Ejército de ese país, y contrataron a delincuentes para secuestrar a Balda.
Tres meses después del frustrado intento, el opositor ecuatoriano fue sorpresivamente deportado por el gobierno de Juan Manuel Santos a su país, donde fue condenado a dos años en prisión por injurias no calumniosas contra el Estado.
En la cárcel, Balda estuvo denunciando desde entonces que había sido sido secuestrado, pero solo a principios de este año la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación reservada y solicitó las primeras versiones.
Por este caso, tres antiguos miembros de la inteligencia ecuatoriana ya fueron procesados. El siguiente de la lista era el expresidente Rafael Correa.
El rastro del dinero
"Está demostrado que las órdenes vinieron de la Presidencia de la República y pasaron por el Ministerio del Interior", afirmaba Fernando Balda en una entrevista concedida a la agencia EFE el pasado 20 de junio.
Las presuntas pruebas que habrían hundido al ex presidente se basan en correos electrónicos entre los autores materiales y la Presidencia ecuatoriana, y depósitos realizados a la Secretaría de Inteligencia que el político opositor ha calculado en unos $250.000.
He aquí su respuesta sobre el tema en otra entrevista con el canal Ecuavisa:
“Los montos son: Presidencia de la República: $3.300 para 4 personas, alrededor de 13.000; Los cheques son de $11.000; Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia), pago de $43.000”.
“Hasta allí serían aproximadamente $80.000; sin embargo, nosotros sabemos que ese es no es el total del secuestro, porque [Luis Raúl] Chicaiza [agente de inteligencia portador de los fondos para la operación en Colombia] les ofreció, según la declaración de los capturados en Colombia, pagarles 30 millones de pesos a cada uno, y fueron 10 actores: 5 materiales y 5 coordinadores arriba de los materiales, es decir, al cambio de la época eran aproximadamente $16.000 por 10, $160.000”
“Si a esto le suma los boletos de avión de los cuatro viajes que hizo Chicaiza a Colombia acompañado de otros agentes, el dinero que pagó en alquiler de vehículos, en hospedarse en hoteles cinco estrellas para él y las otras 10 personas que contrató, estamos hablando de que esto costó hasta allí aproximadamente $250.000, eso es lo que se sabe, lo que se puede contabilizar”.
Testigo clave
Hace unos días, el 20 de junio, Chicaiza aseguró en un testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia que Rafael Correa, tuvo conocimiento antes, durante y después, del secuestro a Fernando Balda en Colombia, en agosto de 2012.
Durante la diligencia, dirigida por la jueza Camacho y con la presencia del fiscal general encargado Paúl Pérez, el exagente afirmó haber hablado dos veces del asunto con el entonces mandatario. La primera, a principios de agosto de 2012, a través de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, quien puso en altavoz la llamada, en la que Correa habría dicho: “compañero, el flaco ya sabe lo que tienes que hacer, tienes el apoyo político, económico e institucional, manos a la obra”.
La segunda comunicación se habría dado el 14 de agosto de 2012, una llamada directa en la que Correa le preguntó sobre la operación fallida del secuestro y sobre su situación personal.
Según Chicaiza, quien se acogió al recurso de cooperación eficaz con la Fiscalía, su misión fue llevar el dinero a Colombia para pagar a las personas que realizarían el operativo denominado 'Wilson' y llevar a Balda hasta Ipiales, frontera de Colombia con Ecuador.
¿Por qué Balda?
A una pregunta de Ecuavisa sobre por qué se volvió tan importante Fernando Balda para Correa, el ex asambleísta citó sus denuncias de actos de corrupción “muy ligados, muy cercanos al expresidente Rafael Correa”.
“Fui yo quien denunció la existencia de un diario de alias Raúl Reyes, donde se mencionaban los vínculos del gobierno de Correa con el grupo terrorista de las FARC. Yo fui quien denunció una grabación donde José Ignacio Chauvín contaba que los hermanos Ostaiza Amay, vinculados en el caso de narcotráfico Huracán de la frontera, iban a hacer una gran aportación de dinero a la campaña de Rafael Correa; salieron libres los hermanos y lo confesaron, dijeron que han entregado cifras de arriba de siete ceros a la campaña de Rafael Correa”.
“Yo denuncié una conversación del expresidente Correa en su despacho, donde Silvia Salgado le decía que habían adulterado la Constitución y donde él conoció del tema y allí conversaba de manera piratesca de cómo iban a incautar, a tomarse los medios de comunicación”.
“Mis denuncias han sido muy fundamentadas, y el tiempo me dio la razón”, concluyó diciendo Fernando Balda.
(Con información de El Comercio, Semana, la agencia EFE y Ecuavisa)
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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