América Latina
En Nicaragua, Masaya Libre resiste brutal asalto del gobierno de Ortega
Masaya resiste embestida de paramilitares
El martes francotiradores cazaban de día como venados a los manifestantes, mientras que de noche los paramilitares incendiaban propiedades de los activistas de la resistencia de una ciudad que devino esperanza y ejemplo para todo el país. Un líder de las protestas dio a Martí Noticias su testimonio sobre la jornada de ayer.
A Cristian Fajardo el gobierno de Daniel Ortega le mató el martes a Marcelo, su amigo de la infancia.
Los francotiradores que llegaron a Masaya como parte de una tropa de asalto enviada por Ortega no solo le apuntaron a matar a Marcelo, sino que impedían a tiro con mirilla que sus compañeros o su desconsolada esposa, Auxiliadora, se acercaran a ayudarle. Tal vez pudo haberse salvado, de no ser porque pasó demasiado tiempo desangrándose, en la línea de fuego de los rifleros.
El cuerpo solo fue retirado del medio de la calle cuando, convirtiéndose irónicamente en una barricada humana, entre otras decenas levantadas con adoquines de las calles por los pobladores de Masaya, le cerró el paso a un convoy de jenízaros armados.
Masaya no se rinde, Masaya está en pie de lucha, levantando nuevamente sus barricadas que fueron botadas...
El martes, después que la ciudad estuviera por 13 días prácticamente en poder de los manifestantes, irrumpieron finalmente en Masaya unos 500 efectivos antimotines, policías de civil y paramilitares que ya se habían posesionado de localidades circundantes. Al cierre de la jornada de ayer el saldo era de seis muertos (en la zona suman ahora 26) y 35 heridos
“Es un genocidio lo que están haciendo”, dijo a Martí Noticias Fajardo, de 37 años, uno de los animadores de la resistencia cívica que ha convertido al menos por unos días en ciudad libre de Nicaragua a esta población heroica desde la lucha contra Somoza, situada unos 30 kilómetros al sureste de Managua, y como muchas del país, en las cercanías de un lago.
Fajardo explicó que, mientras que los que resisten apenas tienen piedras, hondas (tirapiedras) y “morteros” (bombas de pólvora improvisada que se lanzan con una especie de bazuca rústica; los proyectiles duelen, pero no matan), los asaltantes del régimen están fuertemente armados, como también los parapoliciales de la JS (Juventud Sandinista), "lacras", "tamales" del bajo mundo nica que se quedaron en la urbe a matar, robar y destruir una vez que los antimotines se retiraron a Managua.
Habla desde una casa de seguridad, porque sabe que cuando ocuparon días antes el cercano poblado de Nindirí, a unos tres kilómetros de Masaya, los represores iban con una lista negra, casa por casa, buscando a los líderes de la resistencia.
A sangre y fuego
Cuando contactamos con él hacía apenas tres horas que los parapoliciales habían irrumpido en el negocio de Cristian, un pequeño hotel a dos cuadras de la entrada del pueblo. De allí sacaron a su tio y “le rajaron la cabeza” con la culata de un fusil AK-47, infligiéndole tres graves heridas. Luego incendiaron el hostal. El fuego consumió además por completo una vivienda vecina y causó daños a otras tres.
El escarmiento era de esperar, pues Masaya se había convertido en un símbolo esperanzador de la resistencia contra Ortega y su real consorte Rosario Murillo. Por varios días los pobladores mantuvieron encerrado en su cuartel al Comisionado de Policía local Ramón Avellán. “¡Buenas noches, comisionado Avelláaaan!”, le gritaban usando megáfonos, y la burla se reflejaba en las redes sociales, en videos que captaban cada noche la atención del país.
“Entraron como a las 8 de la mañana y los francotiradores, con armas de guerra, empezaron a cazar desde lo alto de algunos edificios a nuestros muchachos manifestantes como si fueran animales”, dice el joven emprendedor.
“El ejército ha dicho públicamente que no va a empuñar sus fusiles contra el pueblo, pero por debajo de la mesa sí lo están haciendo porque los visten de civil, los disfrazan de policías y son los francotiradores que están en posiciones estratégicas cazando al pueblo”
Táctica castrista, probada en Venezuela
“En su gran mayoría, las personas que han asesinado, son disparos certeros a la cabeza, la frente, un ojo o el pecho”, precisa Fajardo.
“Esa forma de matar los delata. Es la forma de matar de una persona entrenada militarmente, no es un simple policía, el policía no tiene ese entrenamiento, no tiene ese tipo de arma. Quien tiene esas armas es el ejército. Y es un secreto a voces que hay personeros de Cuba que han venido a Nicaragua a matar gente, a reprimir, a hacer su labor asesina”
“La misma táctica están utilizando acá”, dice el joven rebelde al recordársele que asesores cubanos instruyeron a francotiradores de la Policía y la Guardia Nacional Bolivarianas de Venezuela sobre cómo debían emplazarse en las azoteas o pisos superiores de edificios altos para seleccionar sus víctimas entre los participantes en las protestas de 2014 y 2017.
“Entran a la fuerza en algunos edificios, o en otros de comercios que están abandonados y se han puesto en esos lugares altos para cazar a nuestros protestantes, como que son venados”.
Masaya no se rinde
“Pero te digo una cosa: Masaya no se rinde, Masaya está en pie de lucha, levantando nuevamente sus barricadas que fueron botadas. Hay algunas que no las hemos podido levantar porque todavía están los francotiradores que cuando alguien se acerca empiezan a disparar”.
No queremos a Ortega ni en el poder ni en el país, porque eso sería luego una matanza selectiva...
"Pero aquí el apoyo ha sido general. Nosotros no tenemos financiamiento de nadie, aunque ellos si lo dicen: acusan al gobierno de Estados Unidos, a algunos partidos políticos: Pero esta protesta no es política ni ha sido financiada por nadie, solo por el mismo pueblo. Los muchachos en cada trinchera, sus comidas se las hacen sus familias, los vecinos, las personas que están en nuestros alrededores nos están apoyando".
“El pueblo está organizado, los médicos las enfermeras están creando puestos de salud para curar, para estabilizar a los heridos. La gente, las familias salen de sus casas a ciertas horas a hacer la bulla, con pitos, con pailas, como sinónimo de protesta, de que ya no queremos a Ortega en el poder”.
“Hay una alcancía en cada trinchera que pasa la gente en muchas ocasiones dando su apoyo, su donación, y con ese dinero se pueden comprar alimentos, se pueden comprar ‘morteros’. Lo último que hemos comprado han sido ataúdes. Lastimosamente en eso estamos invirtiendo el dinero: en ataúdes, porque nuestros caídos son de familias de escasos recursos, y tenemos la obligación moral de solventar esa necesidad”.
Matanza selectiva
“Nos han ofrecido armas, pero no las queremos, porque esta es una revolución pacífica y cívica, y además sabemos por información de inteligencia que de lo que se trata es de personeros del gobierno que buscan armarnos para después justificar una matanza”.
“No queremos a Ortega ni en el poder ni en el país, porque eso sería luego una matanza selectiva. Nos inventan accidentes, nos inventan suicidios, así como lo hicieron con Alexis Argüello, el tricampeón mundial de boxeo: la versión oficial de la policía y del gobierno es que él se suicidó, pero es un secreto a voces, porque hay pruebas de ello, de que él fue asesinado por ellos mismos.
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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