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- Agencia Associated Press
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Ejecuciones sumarias en campaña contra la delincuencia en Venezuela
Los trabajadores de una zona industrial permanecieron escondidos durante horas en baños y armarios hasta que cesaron los disparos. El último de cuatro asaltantes, un hombre ligeramente fornido que llevaba botas amarillas de caucho, se rindió en la azotea y gritó: "¡Cristo salva!".
La policía lo subió a un camión y comenzó a retirarse. Sin embargo, los testigos observaron desconcertados cómo el vehículo regresó.
En un vídeo que grabó en secreto un testigo ese día lluvioso de principios de agosto se ve a un grupo de policías que conducen al hombre a un callejón con paredes de concreto en el que tres compañeros del detenido yacían muertos. Los policías lo sujetaban para que no escapara y después le dispararon a quemarropa.
En el vídeo no se ve el momento de la muerte de los otros supuestos ladrones, pero dos testigos dijeron a The Associated Press que antes, en la mañana, los agentes tenían a los tres hombres colocados en hilera frente a una pared mientras les apuntaban al pecho con pistolas.
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Las ejecuciones suscitaron nuevas preocupaciones en torno a una iniciativa de lucha contra la delincuencia emprendida a mediados de este año con el objetivo de recuperar el control de vecindarios dominados por grupos delictivos.
El programa puesto en marcha en octubre ha generado la muerte de más de 80 supuestos delincuentes en el último mes y medio, según un conteo de la AP basado en comunicados oficiales entregados a la prensa. Las autoridades no han informado de muertos ni heridos entre la policía durante las operaciones efectuadas sin previo aviso.
Grupos defensores de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo ejecuciones sumarias. Sin embargo, muchos en el país también afirman que el gobierno hace lo correcto al asumir una postura más militarizada en la lucha contra la delincuencia.
La mayoría de los venezolanos apoyan la política de mano dura. Y son los pobres los que más desean un aumento del ejercicio de la fuerza, según diversas encuestas nacionales, aun cuando la mayoría de ellos sean quienes queden atrapados en el fuego cruzado.
En el caso de los cuatro asesinados, las autoridades habían dicho inicialmente que los hombres murieron durante un enfrentamiento a tiros que se desató cuando la policía los sorprendió robando un taller en la ciudad de Maracay, cercana a Caracas. Sin embargo, cuando el video fue filtrado al periódico en español El Nuevo Herald, con sede en Miami, ocho agentes fueron arrestados y acusados de homicidio.
La AP no ha logrado verificar independientemente la autenticidad del video, pero testigos corroboraron su contenido, y las autoridades actuaron de inmediato tras su difusión, al parecer en reacción ante lo que revelaban las imágenes.
El presidente Nicolás Maduro no se ha referido al caso. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, desechó a principios de mes las quejas de grupos defensores de los derechos humanos sobre ejecuciones relacionadas con la policía, al afirmar que grupos opositores pretendían apuntarse puntos al socavar un enfoque efectivo.
Las autoridades estatales que supervisan la iniciativa de lucha contra la delincuencia no respondieron a las llamadas ni correos electrónicos de la AP para que hicieran declaraciones sobre el particular. Días después de que la difusión del video suscitara una indignación generalizada, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, ordenó el arresto de los agentes. Maracay se encuentra en Aragua.
Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del mundo después de Honduras, según Naciones Unidas. Prácticamente nadie ha escapado a la violencia, y una cultura de impunidad significa que la mayoría de los homicidios quedan sin resolver. Aunque la policía por lo general reconoce cuando mata a alguien, a menudo se desconoce si los hechos fueron en defensa propia.
En el 2008 el gobierno dejó de difundir estadísticas sobre los homicidios relacionados con la policía. Sin embargo, la organización sin fines de lucro Comité de Familiares de Víctimas de Abusos contó 1.018 casos en 2014, un incremento de 25% en comparación con 2013. Esa cifra más que duplica el número de personas que la policía informó haber matado el año pasado en Estados Unidos, que tiene una población 10 veces mayor a la de Venezuela.
El Comité Contra la Tortura de la ONU ha exhortado al gobierno del país a que investigue los homicidios relacionados con la policía.
El vecindario de almacenes y casas sencillas que tienen poca altura en el que murieron los cuatro ladrones fue el escenario de la primera campaña de pacificación de gran escala, apenas una de las decenas de operaciones efectuadas de acuerdo con la iniciativa de lucha contra la delincuencia. En mayo, unos 2.000 agentes irrumpieron para recuperar una comisaría abandonada y dieron muerte a 10 personas en dos días, según informaciones locales de prensa.
Una operación similar efectuada en julio en Caracas resultó en la muerte de 14 supuestos delincuentes y el arresto de centenares de personas.
Según analistas locales, al parecer el gobierno pretende con su más reciente iniciativa captar apoyo con vistas a los comicios de diciembre, la primera vez que la oposición parece estar posicionada para lograr una victoria electoral en 15 años.
Sin embargo, las ejecuciones policiales ya venían aumentando, según el profesor de criminología Andrés Antillano, de la Universidad Central de Venezuela. Dijo que la policía dio muerte a 20 personas en el último año y medio en el barrio pobre en Caracas que él ha estudiado.
Las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad son un problema persistente en América del Sur. En Colombia, numerosos soldados fueron encarcelados por la muerte de unos 3.000 civiles a los que catalogaron como rebeldes hace una década para elevar la cuenta de cadáveres durante el conflicto armado en el país. La policía brasileña mata a diario un promedio de cinco personas.
Y en Venezuela, donde la tasa delictiva está fuera de control, han aumentado los ataques de los delincuentes contra policías y cuando menos un agente muere a diario, a menudo para quitarle el arma.
A principios de año, una cámara de seguridad captó cuando un joven le dispara por la espalda a un supervisor de la policía estatal cuando éste pedía un desayuno en una panadería en una pequeña localidad cercana a Caracas a fin de robarle el arma. El joven, de 18 años, fue capturado después y muerto por la policía.
Los policías venezolanos reconocen que temen salir de sus comisarías, y a principios de año efectuaron una marcha en demanda de mayor protección y castigos más severos para los delincuentes.
Marion Conoropo, ex agente en Maracay y prima de Humberto Conoropo, uno de los agentes acusados de las ejecuciones del cinco de agosto, dijo que los policías no reciben una paga justa y carecen de la protección adecuada, pero se les presiona para que presenten resultados.
"Hay que entender que hay mucha presión. Lo único que entienden aquí es la mano dura", agregó.
El mismo día que el video de Maracay fue filtrado al periódico del sur de Florida, hombres atacaron con armas automáticas una estación de policía cercana al lugar donde ocurrieron las ejecuciones. Los agresores mataron a un agente e hirieron a dos en el ataque en lo que numerosas personas del lugar creen fue un acto de represalia.
Las marcas de los impactos de las balas continúan en las paredes blancas de la estación de policía, donde los restos de un camión de la policía cuyos vidrios fueron destruidos por los disparos obstruyen la entrada.
Los trabajadores en la zona industrial fueron renuentes a condenar las ejecuciones de los cuatro supuestos asaltantes, aun cuando tuvieron que limpiar los manchones de sangre que quedaron sobre el cemento y la pintura alrededor de los huecos que dejaron las balas más o menos a la altura del pecho.
Dijeron que los asaltantes los han robado durante años a pesar de las cercas eléctricas, las cámaras de vigilancia y los pagos semanales que le hacen a una pandilla delictiva y a la policía para que los protejan.
Andrés de la Cruz, que dice que vio que la policía le apuntaba sus pistolas contra tres hombres puestos en fila contra una pared de concreto, dice que aún está tratando de olvidar esa mañana de pesadilla. Sin embargo, dijo que estaba contento pues desde entonces no hay robos.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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