Cuba
Votar desde el extranjero, opción prohibida para los cubanos
“Los ciudadanos cubanos en el exterior tendrán la posibilidad de participar en el debate del Proyecto de la nueva Constitución", dijo a la prensa en Cuba, Ernesto Soberón Guzmán, director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería de la isla.
Según el funcionario los casi dos millones de cubanos residentes en el exterior (la mayoría viven en Estados Unidos y España) podrán exponer sus opiniones en el sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
El proceso implica conectarse a Internet para participar durante 3 meses en lo que llaman “consulta popular” con el fin de "contribuir al desarrollo de una sociedad cubana socialista".
Los residentes en el extranjero no podrán votar en el referendo para aprobar los cambios, se desconoce el mecanismo para que las opiniones o sugerencias de los que viven en el exterior sean reflejadas en el proyecto de reforma.
El régimen de La Habana no permite a los cubanos residentes en el extranjero votar en las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y allí es donde se elige al presidente de los Consejos de Estado y Ministros.
La ley electoral de 1992 aclara que para votar en Cuba se necesita “ser residente permanente en el país por un periodo no menos de dos (2) años antes de las elecciones y estar inscripto en el Registro de Electorales del municipio o en la lista de una circunscripción electoral especial”.
El Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU estipula que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
En octubre del 2016, un grupo de exiliados pidió que los cubanos residentes en el extranjero fueran considerados electores por la legislación vigente, y tener así acceso de inscripción en el registro electoral. Para ellos no hubo respuesta de las autoridades cubanas.
¿Cómo se vota desde el extranjero?
En más de 150 países los ciudadanos que residen en el extranjero pueden votar en elecciones nacionales e inclusive locales. En el continente latinoamericano hay 16 naciones que tienen regulaciones y dispositivos para permitir la emisión del voto de electores que se encuentran fuera de su territorio.
En el siglo XX, el primero país latinoamericano en adoptar la medida fue Colombia en 1961, seguido de Brasil en 1965, Perú en 1979,Argentina en 1991, Venezuela en 1993 y República Dominicana en 1999.
En el siglo XXI muchas más naciones facilitaron a sus ciudadanos el derecho a votar en el extranjero. Honduras en el 2001, Ecuador en el 2002, México en el 2005, Panamá en el 2006, Bolivia en el 2009, Haití en el 2011, Paraguay en el 2012, en el 2013 se unen Costa Rica y El Salvador y en el 2014 lo hizo Chile.
En muchos casos, aunque existió la ley, su aplicación tardó años.
Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras y Panamá promulgaron la ley y la implementaron inmediatamente.
Otros requirieron 12 meses para establecer los mecanismos, tal y como sucedió en Colombia, Perú, México y Paraguay.
Argentina dos años más tarde, Chile cuatro años después, Venezuela tardó 5 años, República Dominicana 6 años; y Brasil lo hizo en 1989, casi 20 años después de promulgada la ley.
Y aunque existe la ley, en ocasiones no logran los nacionales que su voz sea escuchada, como pasó en las presidenciales de Haití en el 2015, a pesar de que el decreto existía desde el 2011.
En la mayoría de los casos en América Latina son elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) pero también en caso de referéndum, como sucedió en Colombia en el 2016 relacionado con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno de José Manuel Santos y las FARC.
En casos como Venezuela, se permite el voto en las elecciones presidenciales pero no en parlamentarias o de gobernadores.
Los analistas afirman que existe una correlación lineal con el derecho al voto en el extranjero y los procesos de acceso o restauración de la institucionalidad democrática. Por lo que el voto en el extranjero representa una respuesta político-institucional muy consecuente y legítima a las prédicas y a las exigencias de democratización y de universalización del sufragio.
Pero hay naciones con democracia marcada, como la República Checa o Hungría que no establecen en el voto para los residentes en el extranjero y regímenes autoritarios que si lo tienen como Kazajistán y Bielorrusia.
Algunos países regulan el tiempo de permanencia en el extranjero con el derecho al voto de sus ciudadanos.
Entre los principales objetivos que suelen esgrimirse para lograr un mecanismo legislativo que permita el voto está: contribuir a la legitimación de un renovado orden político o electoral, saldar, (aunque sea de manera simbólica), una factura con quienes se vieron forzados al exilio por la imposición de regímenes autocráticos y expandir los atributos del régimen democrático.
Hay 3 países que todavía no permiten el voto en el exterior, como Guatemala, Nicaragua y Uruguay.
En los casos de Bolivia, República Dominicana y Venezuela la fuerza determinante para la materialización del voto en el exterior fue la presión sistemática ejercida por grupos representativos o fuerzas afines a los potenciales beneficiarios.
Los países latinoamericanos organizan las elecciones en las embajadas o consulados, pero cada vez más se amplía el espectro, con la inclusión del voto postal (El Salvador) y por Internet, modalidad iniciada por Estonia en el 2005. Hoy día en América Latina lo hacen México y Panamá.
Para el registro de los electores lo hacen vía Internet en Latinoamérica Argentina, El Salvador, México, y Panamá. El registro para los panameños se puede hacer vía Skype. En muchos casos la participación es limitada a un grupo de países donde se tiene representación diplomática.
Algunos países, como Colombia tienen un legislador, que salió de las urnas instaladas en el exterior, como fue el caso de Juan David Vélez Trujillo. En México, varios de las asambleas estatales (Chiapas, Durango, Guerrero y Zacatecas) tienen uno o dos representantes de las comunidades migrantes.
¿Y qué pasa en Cuba?
Los extranjeros con residencia permanente en Cuba pueden votar en las elecciones nacionales, pero los cubanos que viven en el extranjero no pueden participar en los comicios.
Varios países organizan en sus embajadas y consulados en Cuba las votaciones presidenciales, nacionales o para referéndum. La prensa oficialista del régimen publica en ocasiones el llamamiento de las embajadas para que los ciudadanos de estos países acudan el día de las elecciones a votar en las sedes diplomáticas.
Inclusive el diario del Partido Comunista de Cuba, Granma, publicó en septiembre del 2016, por primera vez en su historia una nota informativa de la embajada de Estados Unidos, donde convocaban a los ciudadanos estadounidenses en la isla a registrarse para votar en las elecciones presidenciales desde sus oficinas en La Habana.
Cuando los colombianos fueron a un plebiscito en octubre del 2016 para decidir sobre la aprobación o negación del acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno de Santos y la narcoguerrilla de las FARC, el diario de los comunistas cubanos volvía a dar sus páginas para invitar a la cita en las urnas.
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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