¿Es cierto que en Cuba han otorgado poder de jueces a los policías?
Es cierto, a partir del primero de octubre entró en vigor el decreto ley no. 310 que modifica el código penal y la ley de procedimiento penal cubana, otorgando poderes especiales a los policías para que en ciertos casos decidan directamente sobre la culpabilidad de los detenidos y el tipo de sanción que les corresponde, sin necesidad de que el expediente sea presentado ante un tribunal.
Mediante esta nueva regulación la unidad policial deja de ser solo un órgano de instrucción y adquiere también facultades de un tribunal de primera instancia, donde se decidirá la culpabilidad del detenido.
En estos casos, sin necesidad de la participación de los tribunales, si se establece que el acusado cometió un delito de los que se sanciona con menos de tres años de cárcel, se le impondrá una multa de entre 200 y 7,000 pesos cubanos.
Las autoridades jurídicas cubanas han simplificado así el procedimiento legal al punto de establecer una reacción judicial inmediata al momento de la detención, dejando al acusado en condición de indefensión.
El decreto ley busca acelerar el procedimiento judicial para evitar los largos procesos penales, pero lejos de garantizar los derechos del acusado los elimina y reduce al punto de sancionarlo con la única prueba de su confesión.
Es tan abusivo el nuevo decreto ley que llega a chantajear a los acusados, garantizándoles que sí reconocen su participación y aceptan pagar la multa que se les impone en la estación de policía, estos hechos no serán contemplados como antecedentes penales y las actuaciones se darán por cerradas una vez se reciba el pago de la multa.
En otras palabras, a la autoridad no le importa si eres culpable o no, ellos te garantizan que todo el problema se acaba y terminarás saliendo rápido de la estación si aceptas la culpa, pagas la multa que te impongan y aceptas perder los bienes que te ocuparon.
Cualquier cubano sabe que acudir ante un tribunal aumenta las posibilidades de agravar tu situación y terminar en prisión, por eso, ante la falta de garantías procesales, muchos preferirán aceptar una culpa que no les corresponde y pagar una multa abusiva.
Es cierto, a partir del primero de octubre entró en vigor el decreto ley no. 310 que modifica el código penal y la ley de procedimiento penal cubana, otorgando poderes especiales a los policías para que en ciertos casos decidan directamente sobre la culpabilidad de los detenidos y el tipo de sanción que les corresponde, sin necesidad de que el expediente sea presentado ante un tribunal.
Mediante esta nueva regulación la unidad policial deja de ser solo un órgano de instrucción y adquiere también facultades de un tribunal de primera instancia, donde se decidirá la culpabilidad del detenido.
En estos casos, sin necesidad de la participación de los tribunales, si se establece que el acusado cometió un delito de los que se sanciona con menos de tres años de cárcel, se le impondrá una multa de entre 200 y 7,000 pesos cubanos.
Las autoridades jurídicas cubanas han simplificado así el procedimiento legal al punto de establecer una reacción judicial inmediata al momento de la detención, dejando al acusado en condición de indefensión.
El decreto ley busca acelerar el procedimiento judicial para evitar los largos procesos penales, pero lejos de garantizar los derechos del acusado los elimina y reduce al punto de sancionarlo con la única prueba de su confesión.
Es tan abusivo el nuevo decreto ley que llega a chantajear a los acusados, garantizándoles que sí reconocen su participación y aceptan pagar la multa que se les impone en la estación de policía, estos hechos no serán contemplados como antecedentes penales y las actuaciones se darán por cerradas una vez se reciba el pago de la multa.
En otras palabras, a la autoridad no le importa si eres culpable o no, ellos te garantizan que todo el problema se acaba y terminarás saliendo rápido de la estación si aceptas la culpa, pagas la multa que te impongan y aceptas perder los bienes que te ocuparon.
Cualquier cubano sabe que acudir ante un tribunal aumenta las posibilidades de agravar tu situación y terminar en prisión, por eso, ante la falta de garantías procesales, muchos preferirán aceptar una culpa que no les corresponde y pagar una multa abusiva.