Cuba
CPJ: Panorama mediático se abre en Cuba con críticos revolucionarios, represión disminuyó
El Comité de Protección a los Periodistas dice en su apartado cubano del informe "Ataques contra la prensa 2017" que los principales problemas para la libertad de expresión y prensa en la isla son leyes arcaicas y una internet cara y limitada
Un nuevo informe global del Comité para la Protección de los Periodistas, "Ataques contra la prensa 2017", dice en su apartado cubano, Conectando a Cuba, que el panorama mediático de la isla ha comenzado a abrirse en los últimos años gracias a la conquista─por periodistas, blogueros y documentalistas─ "de nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables".
EL CPJ observa en ese grupo un espectro de opiniones políticas que va desde los más críticos, conocidos como disidentes, hasta los que están en favor de la revolución y critican las ideas socialistas, aunque las siguen apoyando.
La organización recuerda que en un discurso de 2010, Raúl Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión, y estima que estas declaraciones "han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal".
La entidad asegura que la represión estatal sistemática a gran escala contra los comunicadores ha disminuido significativamente en la isla, y que "la táctica, otrora común, de acusar a los periodistas de actuar como 'mercenarios' al servicio de Estados Unidos, se ha vuelto prácticamente obsoleta. No obstante "los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades”.
Considera que “la amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza”.
Para el CPJ en la actualidad los mayores problemas para la libertad de prensa y de expresión en Cuba son:
1-) Leyes arcaicas (“las más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas”) como las de Desacato a la autoridad, Propaganda enemiga, Actos "contra la independencia o la integridad territorial del Estado", y la Ley 88, "de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”.
2-) Un acceso a internet caro y limitado para todos los cubanos. La mayoría del contenido que producen los periodistas es consumido fuera de la isla, ya que el público nacional está mayoritariamente desconectado de la Internet.
A continuación el texto completo del informe sobre Cuba del CPJ:
Conectando a Cuba
Leyes arcaicas y acceso a internet caro y limitado frenan progreso en la isla
Por Carlos Lauría
El panorama mediático cubano ha comenzado a abrirse en los últimos años, transformado por una animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web noticiosos que contienen investigaciones periodísticas y opiniones noticiosas, y una innovadora generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando.
El mayor dinamismo en los medios contrasta con el restrictivo marco jurídico de la isla, que limita la libertad de expresión con el pretexto de proteger la "independencia o integridad territorial del Estado". Aunque la Constitución prohíbe la propiedad privada de la prensa, y todos los medios están presuntamente controlados por el Estado comunista de partido único, el auge de la cobertura informativa independiente es una señal de cambio.
Los periodistas, desde los más críticos --quienes son conocidos como disidentes-- hasta los graduados de periodismo, los documentalistas y los blogueros en favor de revolución, están abriendo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables.
Blogueros han declarado que habían acogido con satisfacción la relajación de las restricciones. "Estamos viendo oportunidades que parecían inconcebibles hace cinco años", declaró Alejandro Rodríguez, quien en 2012 renunció a su puesto en Adelante, un semanario estatal de la oriental ciudad de Camagüey, para lanzar un blog.
No obstante, muchos sostuvieron que hacía falta hacer más, pues la amenaza de la detención arbitraria, las anticuadas y ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a la Internet frenaban el avance en materia de libertad de prensa en Cuba.
El presidente cubano Raúl Castro sostiene un ejemplar del periódico Juventud Rebelde en La Habana, en diciembre de 2010. Pese a algunas reformas en el ámbito de los medios, la libertad de expresión sigue objeto de restricciones. (AP /Ismael Francisco, Prensa Latina)
El acceso a la Internet en Cuba, que las Naciones Unidas clasifica como uno de los más bajos en el hemisferio occidental, sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos. Y aunque la represión estatal sistemática a gran escala ha disminuido significativamente, los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades.
El ámbito de los medios comenzó a expandirse en 2011, cuando el presidente Raúl Castro introdujo reformas de mercado con el objetivo de reinventar el socialismo, aunque muchas de tales reformas se han implementado con lentitud y, en algunos casos, hasta se han revertido.
Cuando se lanzó por primera vez el llamado a favor de la relajación de las restricciones, la dirigencia del partido instó a la población cubana a criticar al gobierno y a las instituciones estatales. En un discurso pronunciado en diciembre de 2010, Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión.
Estas declaraciones han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal. Y aunque prácticamente no se critican las políticas gubernamentales en los medios oficiales, la mayoría de los periódicos --entre ellos el diario nacional Granma-- han comenzado secciones de "Cartas al editor" que les ofrecen a los cubanos un canal para expresar opiniones.
Periodistas oficiales y académicos de La Habana afirmaron que reconocían la necesidad de que la prensa oficial fuera más crítica, y algunos han reclamado una ley de acceso a la información pública.
Laura Blanco Betancourt, reportera del diario provincial estatal Vanguardia, admitió que la ausencia de una "cultura de debate" había impedido sostener conversaciones con franqueza dentro de la prensa oficial.
José Ramón Vidal, exeditor del diario Juventud Rebelde, fue más allá en una entrevista publicada en la edición de diciembre 2015-marzo 2016 de la revista mexicana Razón y Palabra, en la que argumentó que Cuba debía cambiar su "modelo comunicacional" porque "importantes cuestiones sociales" se estaban dejando de lado. Vidal, en la actualidad profesor de Comunicación en la Universidad de La Habana, señaló que el modelo mediático centrado en la propaganda estaba en crisis y que los cubanos ya no le prestaban atención.
Raudiel Peña Barrios, un jurista de La Habana, escribió en la revista digital OnCuba: "El sólo hecho de que se esté debatiendo sobre esta temática [la libertad de información] es una gran novedad en el contexto cubano". En un artículo titulado "El derecho a la información en Cuba: ¿posibilidad o utopía?", Peña sostuvo que semejante ley "debe contribuir a democratizar el acceso a la información".
Blanco Betancourt, quien reside en la ciudad de Santa Clara, afirmó que una estrategia de comunicación pública podía ayudar, y añadió que cualquier ley de esa índole "debe incluir el acceso a la información pública para todos los cubanos".
Aunque el férreo control del gobierno cubano sobre la prensa ha mermado en los últimos años, las autoridades siguen ejerciendo control sobre los medios, y los periodistas independientes más críticos siguen sometidos al acoso. Los encarcelamientos por períodos prolongados se han vuelto raros desde la ola represiva de 2003 (durante la cual el CPJ documentó los casos de 29 periodistas que cumplían largas penas de cárcel), pero las detenciones y citaciones siguen siendo comunes, según datos del CPJ. La táctica, otrora común, de acusar a los periodistas de actuar como "mercenarios" al servicio de Estados Unidos, se ha vuelto prácticamente obsoleta.
El restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Washington y La Habana en diciembre de 2014, sumado a la histórica visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama en marzo de 2016, han dificultado que el Gobierno justifique la censura de la prensa como un medio para proteger al país de la agresión estadounidense, de acuerdo con periodistas cubanos.
Aún no está claro cómo el nuevo Gobierno estadounidense influirá sobre esa dinámica. Y el mismo día de la llegada de Obama a Cuba, el bloguero independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado y detenido durante cinco días luego de intentar de cubrir una protesta de Las Damas de Blanco, grupo opositor fundado por las esposas de disidentes encarcelados. El periodista declaró luego de su liberación que no lo habían procesado, pero que le habían advertido que podía ser enjuiciado si lo volvían a arrestar.
El restablecimiento de los vínculos ha llevado a algunos analistas a sugerir que Cuba pudiera regresar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que expulsó a Cuba en 1962. Pero en junio, el Gobierno cubano declaró que como una muestra de solidaridad con Venezuela, no se uniría a la organización, informó la BBC. La declaración de Castro ocurrió luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitara la aplicación de sanciones a Venezuela. La membresía en la OEA, cuyo mandato incluye una comisión para la protección de los derechos humanos, exigiría que Cuba mejorara su situación en materia de libertad de prensa, inclusive la reducción de restricciones sobre el acceso a la Internet y el cese del acoso a periodistas.
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Cuba, que ocupó el décimo puesto en la lista del CPJ sobre los países con mayor censura correspondiente a 2015, posee las disposiciones legales más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas. El código penal cubano contiene disposiciones que limitan la libertad de prensa.
La mayoría de los procesos penales que amenazan la libre expresión contemplan el delito de desacato a la autoridad, previsto en el Artículo 144; el delito de "propaganda enemiga", previsto en el Artículo 115; o el delito de actuar "contra la independencia o la integridad territorial del Estado", previsto en el Artículo 91, que con frecuencia se emplea en combinación con la Ley 88, "de protección de la independencia nacional y la economía of Cuba", según un estudio comparativo de 2016 respecto a las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas, elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton en colaboración con la Fundación Thomson Reuters. Tales delitos pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 20 años.
La mayoría de los procesos aluden a la difamación de las instituciones públicas, de organizaciones y de héroes y mártires nacionales, lo cual también se utiliza junto con otras disposiciones para limitar la libertad de expresión al impedir el debate público y la crítica a las autoridades y las políticas gubernamentales.
La amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza.
La Internet quizás sea el mayor obstáculo para los periodistas que intentan adquirir relevancia, porque la mayoría del contenido que producen es consumido fuera de la isla. Al mismo tiempo, los periodistas deben pagar elevados precios por el acceso a la Internet y encontrar formas originales de diseminar su trabajo a un público nacional que mayoritariamente está desconectado de la Internet.
Estos periodistas de los nuevos medios también se desempeñan en un vacío legal, en parte porque el Artículo 53 de la Constitución prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa y reconoce "la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista". Muchos de los periodistas entrevistados señalaron que abordan su trabajo con cautela y a veces se abstienen de publicar trabajos abiertamente críticos debido al marco jurídico vigente.
Desmantelar este marco para la prensa y eliminar todas las barreras al acceso individual a la Internet y a la vez expandirla a la población en general, son factores claves para promover un ambiente más abierto, según analistas y expertos en el tema cubano.
La lenta reducción de las restricciones refleja un Gobierno con muchos altos dirigentes mayores de 80 años que no son parte de una comunidad virtual activa. En el Gobierno y la dirigencia del partido se debate cuán rápida debe ser esta apertura.
Los disidentes, los periodistas que informan sobre cuestiones sociales pero que no son considerados hostiles, los blogueros progubernamentales y los miembros de la prensa estatal coinciden todos en un punto: quieren que el Gobierno les ofrezca acceso mayor, más barato y menos restringido a los 11 millones de habitantes de Cuba.
En una entrevista concedida en julio de 2015 al diario Juventud Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a extranjeros de tratar de promover la ampliación del acceso a la Internet "no con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el propósito de penetrarnos y hacer trabajo ideológico para lograr una nueva conquista". Este obstinado enfoque en torno al acceso a la Internet pone en duda si el Gobierno cumplirá su promesa de llevar el acceso a la Internet al 50 por ciento de la población para el 2020, si lo permite la situación económica. Semejante logro exigirá mucha valentía de parte de la dirigencia cubana.
Carlos Lauría, director de programa y coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, ha escrito para numerosas publicaciones. Nacido de Buenos Aires, ha escrito con frecuencia para Noticias, la principal revista de actualidad política en Argentina.
[Basado en un informe del CPJ]
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Cubanos se lanzan a la calle en Santiago de Cuba en protesta contra apagones y al grito de ¡Patria y Vida! (VIDEO)
Cientos de cubanos se lanzaron a las calles de Santiago de Cuba en la tarde de este domingo al grito de "corriente y comida", "Patria y Vida" y “libertad”, tras varias jornadas de apagones y en medio de la profunda crisis que atraviesa el país.
Los santiagueros protagonizaron una protesta en la avenida conocida como Carretera del Morro y calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica.
“Aquí está la gente que desde por la mañana se fue la corriente y esta es la santa hora que no ha llegado, nada ha llegado, la gente está pidiendo comida, porque los mandados todavía no han llegado”, relató a Martí Noticias la activista Vismaika Amelo, una de las manifestantes.
“Quieren subir para el Parque Céspedes, pero la policía no deja pasar. Esto está lleno de policías, de militares y de “boinas negras’”, señaló.
El Parque Céspedes está situado frente a la sede provincial del Partido Comunista.
La situación obligó a varios funcionarios del gobierno, entre ellos la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, a presentarse en el lugar con el propósito de calmar los ánimos de la población harta de soportar carencias.
Johnson Urrutia intentó durante varios minutos, dirigirse al pueblo, pero los reclamantes gritaban que no querían oír más discursos, sino la solución a los problemas.
"Tienen que escuchar", repetía la funcionaria a los manifestantes, sin mucho éxito.
“No la dejan hablar en una placa que está encaramada. Le gritaron mentirosa, lo que queremos es comida y leche, que pongan la corriente”, aseguró Amelo en conversación telefónica con la periodista Yolanda Huerga.
“Aquí está revuelto: no hay arroz, no hay electricidad y el pueblo no pudo aguantar y se tiró. Esto está en candela. La gente está puesta y dispuesta a todo”, afirmó Jorge Limonta, uno de los manifestantes, a Martí Noticias.
Algunos post en Facebook indican que fue interrumpido el servicio de internet.
"Etecsa Cómplice tienen el ancho de banda de los datos en el piso", escribió en Facebook la activista Lara Croft, residente en La Habana.
Amnistía Internacional pidió al régimen de La Habana proteger a los manifestantes pacíficos, en lugar de la represión con la que ha respondido antes a protestas populares similares, como las del 11 de julio de 2021, que sacudieron a toda Cuba.
"El Gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene la obligación de proteger el derecho a protestar. La represión violenta a la que siempre recurre su gobierno no debe ser tolerada por la comunidad internacional", escribió en la red social X Erika Guevara-Rosas, Directora Sénior de investigación, promoción y políticas globales de esa organización.
Legisladores cubanoamericanos reaccionaron a situación en Cuba.
El congresista republicano por la Florida Carlos Gimenez exigió a la administración del presidente Joe Biden que proporcione Internet a los cubanos en estos momentos cruciales en que el pueblo se ha lanzado a las calles.
"Cientos de miles de cubanos han salido a las calles para protestar contra la dictadura comunista asesina de Castro", aseguró el legislador en referencia a las protestas ocurridas este 17 de marzo en Santiago de Cuba.
"Ahora, el régimen está CERRANDO Internet para impedir que los manifestantes se organicen. ¡El pueblo cubano quiere ser LIBRE y Estados Unidos debe PROPORCIONAR acceso a Internet!", escribió el representante cubanoamericano.
Mientras, la congresista María Elvira Salazar dijo que las protestas de este domingo en Santiago de Cuba son "el reclamo de un pueblo que tocó fondo".
Salazar recordó en la red social X que los cubanos quieren "libertad".
"Es el reclamo de un pueblo que tocó fondo. Son 65 años de Socialismo; de represión, cárcel, muerte y exilio; de apagones, enfermedades y hambre", comentó la representante republicana junto a la etiqueta #SOSCuba.
En una reacción del oficialismo a las protestas, el viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, culpó al embargo y al gobierno de Estados Unidos de intentar "desestabilizar" al país.
"Hay un nuevo intento desesperado por parte de Estados Unidos de desestabilizar Cuba. Aprovechando la situación crítica que seis décadas de bloqueo económico ayudan a crear para incitar a la violencia, el malestar social y alterar la paz. Un acto abierto de agresión sacado de los libros de texto del imperialismo", comentó el funcionario.
Más tarde, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo en su cuenta oficial de X que varias personas habían "expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos", un contexto, afirmó, que "se intenta aprovechar por los enemigos de la Revolución, con fines desestabilizadores".
Mientras, Estados Unidos llamó al régimen cubano a respetar los derechos de los manifestantes.
"Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano", dijo la Embajada de EEUU en La Habana en su cuenta de X.
En horas de la noche y con el servicio eléctrico restablecido, se habían aplacado las protestas, confirmó a Martí Noticias una residente en esa ciudad que prefirió no identificarse por temor a represalias.
La mujer dijo que hay comentarios entre la población de que las autoridades empezaron a llevar mercancías a las bodegas para distribuirlas en la mañana de este lunes. Martí Noticias no pudo confirmar de manera independiente esa información.
(Con reportes de Yolanda Huerga, Mayle González, Isabel Espronceda, Carlos Ojeda y Aracelis Mayan)
A 21 años de la Primavera Negra, cubanos son más conscientes de la necesidad del cambio, afirman exprisioneros políticos
Veintiún años después de la conocida Primavera Negra, los cubanos están mucho más convencidos de la premura de un cambio de sistema, coincidieron tres exprisioneros políticos en declaraciones a Martí Noticias.
En los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003, Fidel Castro ordenó los arrestos de 75 opositores pacíficos y periodistas independientes, los cuales, 15 días después, fueron sentenciados a penas de hasta 28 años de privación de libertad.
Veintitrés de ellos fueron excarcelados con licencia extrapenal por enfermedad entre 2005 y 2008, los cincuenta y dos restantes salieron entre 2010 y 2011, la mayoría al exilio.
Ahora, aunque el régimen ha fortalecido y ampliado su legislación restrictiva, los ciudadanos que demandan un cambio político en la Isla se han multiplicado, y, por consiguiente, más de mil personas están en prisión.
“La Primavera Negra de Cuba significó un punto de inflexión en la historia de la oposición democrática cubana que comienza su etapa civilista con la fundación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en 1976. Vino después el llamado Periodo Especial y se fue gestando un movimiento opositor de composición plural y descentralizado”, que el entonces gobernante Fidel Castro trató de descabezar, reseñó el exprisionero de la Primavera Negra, Librado Linares, quien extinguió su sanción el pasado año, aunque fue excarcelado bajo licencia extrapenal en 2010.
“El 11 de julio de 2021, se produce otro hito importante, pero esta vez no es del tipo tradicional, de las organizaciones opositoras tratando de expandirse, sino que adquiere una característica diferente: una dimensión social y espontánea a partir de la dureza de la vida diaria y la necesidad de cambio”, comparó el activista, residente en Camajuaní, Villa Clara.
“Entonces, de la misma manera que Radio Martí significó el medio de comunicación por excelencia en la Primavera Negra, antes y después, en el 11J lo fue el internet: el acceso libre a la comunicación, a la capacidad de coordinarse y de transmitir información” en tiempo real, recalcó Linares, líder del Movimiento Cubano Reflexión.
Linares indicó que la situación del momento puntual es similar a la del verano de 2021, la escasez, los apagones, la falta de libertades, el aumento de la desigualdad:
“Está pujando una sociedad civil emergente orientada a conquistar la libertad y la democracia y romper con el monopolio del Partido Comunista y su carga de segregación y postergación para el resto de los cubanos”.
Por otro lado, las condiciones económicas y sociopolíticas en la Isla han impulsado el mayor éxodo migratorio desde 1959.
“Aquí todo el mundo lo que quiere es un cambio, pero muchos eligen irse de Cuba porque si te tiras para la calle te meten preso. Entonces la gente prefiere arriesgar la vida escapando del país, antes de seguir aquí en esta odisea”, señaló otro de los prisioneros de la Primavera Negra, Eduardo Díaz Fleitas, quien cumplió este 18, los 21 años a los que fue sancionado en 2003.
El opositor, coordinador de la Alianza Democrática Pinareña recordó el operativo desplegado, en 2003, en su vivienda con el fin aterrorizar a su familia:
“Un registro que hasta los huecos de la pared revisaban. En el acto de registro el día 18 de marzo del 2003, el oficial de la Seguridad del Estado dijo, cuando encontraron los documentos del Proyecto Varela: ‘ya con eso tenemos para enjuiciarlo”.
El Proyecto Varela, ideado y dirigido por el presidente del Movimiento Cristiano Liberación, fallecido en 2011, Oswaldo Payá, abogaba por reformas políticas en Cuba a favor de las libertades fundamentales. Para muchos, fue el motivo principal de los apresamientos de la Primavera Negra.
Las sentencias dictadas contra los 75, no lograron acabar con la oposición política: surgieron nuevos opositores al régimen y la prensa independiente y el artivismo florecieron.
Es una tarea ardua para la Seguridad del Estado el control social. Si en 2003, la dictadura puso tras las rejas a 75 periodistas, opositores y bibliotecarios independientes, en el 2021, encarceló a más de 1.000 opositores y cubanos de a pie, aseguró Carlos Michael Morales, un manifestante del 11 de julio del poblado villaclareño de Caibarién, recientemente liberado por el cumplimiento de su sanción.
“En el 2003, la población cubana se mostraba un poco apática, no le interesaba mucho la política y aún creía en el régimen y estaban bajo su paternalismo. En la actualidad, la población tiene más conciencia de la triste realidad cubana y, a pesar de que tiene miedo, se ha dado cuenta que la solución al problema es un cambio de sistema. El pueblo cubano está más consciente y está preparado para el cambio que tanto hace falta en nuestro país”, subrayó Morales.
De las 75 personas condenadas en 2003, dos, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, están en la cárcel de nuevo, por participar en las protestas del 11 de julio.
Académica cubana describe situación de "drama nacional" a un año de iniciar protesta
A un año de comenzar su protesta cívica en un parque de la ciudad de Matanzas, la académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández reivindicó este domingo el derecho a la manifestación pacífica de sus compatriotas y la urgencia de un cambio en la isla.
"Lo que nunca pude imaginar es que la situación, que un año atrás me parecía terrible, pudiera derivar a casi un drama nacional. Nuestra Cuba y su maravilloso pueblo merecen un cambio. La clase política que "dirige", elitista y prepotente, vive en otra dimensión y por ello ha escogido un camino que nos conduce a la catástrofe", dijo la intelectual matancera en un post en Facebook.
El 18 de marzo de 2023, López Hernández comenzó una protesta mensual en el Parque de la Libertad de Matanzas, motivada, según dijo, por la situación que atravesaba Cuba, y para honrar la memoria de intelectuales del pasado que no se limitaron a describir la realidad en que vivieron, sino que actuaron en consecuencia con sus ideales.
"Fue una época en que a las personas que se implicaban en la vida política de la nación no se les decía "activistas", pues eran ciudadanas y ciudadanos cuya actitud tomaba el camino de la responsabilidad social y la denuncia con fines de transformación", señaló en el post.
En noviembre pasado, el Tribunal Municipal de Matanzas halló culpable de un presunto delito de "desobediencia" a López Hernández y le impuso una multa de 30 cuotas de 250 pesos en Moneda Nacional, 7.500 en total. También le fue impedida la salida del país hasta que acredite dicho pago. Una apelación presentada por la profesora fue desestimada por el tribunal en enero de este año.
"Cuando inicié este camino sabía que hallaría obstáculos e incomprensiones, sin embargo, no fue un acto irreflexivo sino absolutamente consciente, por eso los obstáculos han sido vencidos poco a poco. La manifestación pacífica es un derecho de cada persona en Cuba y hay que naturalizarlo y ejercerlo. Eso es lo que hago", subrayó la académica en Facebook.
López Hernández describió en el post la depauperada realidad nacional:
"La pobreza y el hambre asolan a enormes sectores sociales: jubilados, familias de bajos ingresos, que son mayoritarias; madres solas criando a sus hijos (...), presos políticos injustamente condenados pasando hambre en las cárceles", describió.
La activista manifestó su vergüenza ante el caso de personas "pidiendo ayuda porque no han podido comer", y dijo que ya no se trata solo de ancianos desvalidos, sino de otros sectores más jóvenes de la población que, dentro de unos años, podrían sufrir las consecuencias de la prolongada desnutrición.
"Un año atrás, muchas personas podían hacer ya una sola comida al día, el pequeño pan que recibían consolaba el hambre una parte del tiempo. Hoy ni ese consuelo tienen... es criminal lo que ocurre", denunció López Hernández.
En una crítica directa a las autoridades, la profesora matancera señaló que los cubanos viven en "un país casi paralizado, donde la economía decrece por día mientras el discurso político ni menciona términos en otra época valorados, como el de justicia social".
Según López Hernández, los que disienten del status quo en Cuba, como ella, pertenecen a una "hueste de personas excluidas, discriminadas política y socialmente", que les confiere una identidad cívica.
"El grupo de poder aferrado "al estribo" [al poder] nos desprecia y continúa pidiendo de nosotros obediencia y sacrificios. De ellos no hay nada que esperar. Si algo va a salvarnos no será un cambio de su parte sino de la nuestra. Cuba cambiará si NOSOTROS cambiamos, si tomamos en nuestras manos la responsabilidad por nuestro destino y el de nuestros hijos", afirmó.
López Hernández, que no milita en nigún partido u organización política, según ha reiterado en sus declaraciones, prometió que este 18 de marzo, entre las 3 y 4 de la tarde, estará presente en el lugar de siempre, con las mismas demandas de hace un año:
- Una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva constitución aplicable en todas sus partes.
- Que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema.
- Libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio.
- Cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
"No estoy convocando a nadie a seguirme porque creo firmemente que cada persona debe responsabilizarse por sus decisiones. Tampoco rechazo a los compatriotas que deseen acompañarme", concluyó la académica.
WSJ: EEUU subestima aparato de espionaje cubano y sus implicaciones
Washington ha subestimado por años a los servicios de inteligencia del régimen de La Habana, que a menudo comparte información con Moscú y Beijing, señala un reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal.
El artículo, publicado este sábado bajo el título "Cómo Cuba recluta espías para penetrar círculos internos del gobierno de Estados Unidos", parte del caso más reciente detectado por las autoridades estadounidenses, la del exdiplomático Víctor Manuel Rocha, quien admitió ante una corte federal en Miami, en febrero pasado, haber servido en secreto al régimen cubano durante décadas.
La de Rocha, recuerda WSJ, fue considerada por el Fiscal General Merrick Garland como una de las “infiltraciones de mayor alcance y más duraderas en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero” de cualquier país.
Pero el del exdiplomático es "sólo uno de una serie de casos en los que estadounidenses acusados de espiar para La Habana han penetrado prácticamente todos los segmentos de la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos", afirma el diario.
El problema es mucho mayor, dijeron al WSJ exoficiales de inteligencia cubanos y estadounidenses. Según estos últimos, la Dirección de Inteligencia de Cuba es una de las más efectivas del mundo en el reclutamiento de espías, mientras que los equipos estadounidenses responsables de detenerlos carecen de personal y son superados.
Cuba tiene “el mejor maldito servicio de inteligencia del mundo”, dijo al diario estadounidense Brian Latell, ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y exjefe de su división de América Latina.
El artículo subraya que las implicaciones del espionaje cubano han sido subestimadas por Washington. La Habana, añade, a menudo distribuye los frutos de sus operaciones de inteligencia entre adversarios más potentes de EEUU, como Rusia y China.
El "genio siniestro" al servicio de la Inteligencia cubana
El diario describe el servicio de espionaje cubano como uno que, siguiendo el modelo de la KGB soviética, "todavía depende de técnicas de espionaje probadas en el tiempo durante la Guerra Fría, como transmisiones de radio de onda corta de alta frecuencia para comunicarse con los agentes y teclados de cifrado de un solo uso para codificar y decodificar mensajes".
Lo que le ha faltado a La Habana en alta tecnología, lo ha compensado en capital humano, agrega WSJ.
Según Latell, “una de las razones por las que fueron tan buenos es que tenían un genio siniestro a su servicio", el del fallecido dictador Fidel Castro.
El WSJ cita declaraciones del jefe de gabinete de Raúl Castro durante 12 años, Alcibíades Hidalgo, exiliado en EEUU, que describen cómo la oficina del entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba recibiría "montones de documentos originales del gobierno estadounidense" por parte de "topos" sembrados en el Departamento de Estado, el Pentágono y otras entidades importantes.
La información recopilada era tanta que superaba la capacidad de La Habana para procesarla. "No teníamos la capacidad para revisarlos todos", dijo Hidalgo al WSJ.
Entre los documentos clasificados figuraba desde información de alta tecnología estadounidense y objetivos militares hasta informes de la CIA sobre el fallecimiento de un presidente brasileño al que le fue diagnosticada por error una "diverticulitis".
Hidalgo dijo al WSJ que Raúl Castro le ordenó alertar sobre esta enfermedad: "Fidel sufre de esto", le dijo.
Reclutamiento
Uno de los modos empleados por la Inteligencia cubana para reclutar espías entre los estadounidenses fue el de identificar a simpatizantes potenciales.
"Los oficiales de inteligencia cubanos habitualmente se dirigen a los jóvenes, a menudo en el mundo académico, con un tono ideológico sobre el sufrimiento de Cuba bajo el embargo económico de Estados Unidos y otras políticas", señala el artículo del WSJ, citando a "funcionarios actuales y anteriores".
“Los cubanos no pagaron mucho y no necesitaban pagar mucho porque podían encontrar personas que simpatizaran”, dijo al diario estadounidense Stuart Hoyt Jr., un ex agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que trabajó en casos de contrainteligencia cubana.
Tal fue el caso de Ana Belén Montes, analista senior de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y considerada la espía más dañina de La Habana en el gobierno de Estados Unidos.
Montes, liberada en 2023 tras cumplir 22 años de prisión, fue reclutada por la inteligencia cubana cuando era apenas una estudiante y logró escalar hasta convertirse en una de las principales especialistas sobre Cuba de la inteligencia estadounidense.
Según el FBI, la motivación de Montes para espiar fue puramente ideológica: "No estaba de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos. Montes no aceptó dinero por pasar información clasificada, salvo reembolsos de algunos gastos".
Parte de la información recopilada por Montes durante los 17 años en los que sirvió a La Habana, como el programa satelital espía "Misty", era de más utilidad para Rusia y China que para Cuba, dijo Jim Popkin, autor de un libro sobre la espía, citado por el WSJ.
Un ex oficial de criptografía cubano, José Cohen Valdés, que desertó en una balsa en 1994, explicó al diario que La Habana clasifica la información de inteligencia que recibe para determinar "qué es útil para sus propios fines y qué podría ayudar a otros países".
Es así como "todos los agentes que trabajan para Cuba, trabajan indirectamente para gobiernos que son hostiles a Estados Unidos", dijo el ex oficial de inteligencia cubano al WSJ.
La "punta del iceberg"
Sin embargo, La Habana no ha sido una prioridad para Washigton. La oficina de campo del FBI en Nueva York recientemente tuvo 12 escuadrones de contrainteligencia dedicados a Rusia, pero sólo uno para Cuba, dijo al diario estadounidense Chris Simmons, quien trabajó en casos de contrainteligencia cubana en la DIA.
La etiqueta del FBI para los casos de espionaje cubano era 65J, pero los agentes le llamaban con sarcasmo “65-Junk” (en español, 65-Basura), dijo al WSJ Peter Lapp, un ex agente del FBI que investigó a Montes y escribió un libro sobre el caso
Pero los retos con la inteligencia cubana no fueron solo para el FBI, dijeron los expertos al diario estadounidense. La CIA, subraya el artículo, tuvo sus propios problemas para penetrar en Cuba.
"En 1987, un oficial militar cubano (cuyo nombre en código de la CIA era “Touchdown”) desertó mientras servía en Europa del Este. El mayor cubano Florentino Aspillaga Lombard dijo a sus atónitos asesores estadounidenses que todos menos uno de las cuatro docenas de agentes que la CIA dirigía en Cuba eran “dobles”, secretamente bajo el control del régimen de Castro", lo que detuvo durante años los esfuerzos de reclutamiento de la CIA en la isla de gobierno comunista.
El WSJ recuerda otras operaciones de inteligencia de La Habana en EEUU, como la infiltración de agentes en bases militares estadounidenses bajo identidades falsas para trabajar en la “Operación Texaco”, o la penetración de grupos de exiliados en el sur de Florida y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, matando a cuatro personas.
En diciembre pasado, un grupo de ex oficiales de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba alertaron en una carta abierta sobre la amenaza creciente de los servicios de inteligencia de La Habana.
Según dijeron, Washington solo ha descubierto "la punta del iceberg" con los casos de Rocha, Montes y otros notorios y exhortaron al gobierno estadounidense a evaluar en detalle el impacto de "la amenaza que representa a la seguridad no sólo del pueblo cubano sino también de los Estados Unidos, el hemisferio occidental y el mundo".
"No son casos aislados o reliquias de la Guerra Fría, como algunos han declarado; al contrario, son el resultado de un trabajo de décadas cuyos réditos exponenciales son difíciles de imaginar", aseguraron los firmantes.
El mismo Rocha, en conversación con un agente de contrainteligencia encubierto del FBI que se hacía pasar por agente cubano, le dijo que los funcionarios estadounidenses “subestimaron lo que podíamos hacerles”, según una declaración jurada del gobierno citada por el WSJ. Su colaboración con la inteligencia cubana, dijo el exdiplomático, fue “más que un gran golpe”.
A principios de la década de 2000, los servicios de contrainteligencia estadounidenses conocían de más de 100 agentes cubanos reales o potenciales en EEUU, pero no asignaron el personal necesario para investigarlos, dijo Lapp. Los exfuncionarios estadounidenses y cubanos consultados por el diario sospechan que La Habana "todavía dirige agentes dentro del gobierno y la sociedad estadounidenses", concluye el artículo del WSJ.
Gil, el ministro que engendró un fuerte competidor contra GAESA en la carrera por las divisas
Siendo ministro, Alejandro Gil Fernández fue parte del surgimiento de un controlado sistema económico privado capaz de recaudar más divisas que la red de tiendas en MLC del Grupo de Administración Empresarial, SA (GAESA) del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Durante el año 2023, los actores privados importaron mercancías a Cuba por un valor de más de mil millones de dólares, mientras las remesas enviadas por canales como transferencias y Western Union, que son la fuente esencial de las divisas necesarias para comprar en las tiendas en MLC, no llegaron a los mil millones, según expuso en Cubadebate el exministro José Luis Rodríguez.
A lo que se le añade que, como el flujo de remesas no aumentó, el volumen de divisas que alcanzaron las operaciones de los actores privados fue posible en detrimento de las divisas que iban a manos de las tiendas militares.
"Otro flujo externo que se vio afectado el pasado año fue el volumen de las remesas recibido por la población, que se estima cayó por debajo de los 1 000 millones de dólares, luego de haber alcanzado más de 2 000 millones a finales del pasado decenio. Al respecto, cabe apuntar que las remesas juegan un importante papel como capital del sector no estatal de la economía, pero también impactan en el fondo de consumo de la población que las recibe, y que las utiliza para compras en el mercado en moneda convertible que existe en la Isla".
José Luis Rodríguez
En 2020, en alianza con empresas estatales, el sector privado fue autorizado a importar bienes para complementar la oferta insuficiente del sector estatal y militar.
Sin embargo, menos de 3 años después, la realidad es que las tiendas en MLC están más desabastecidas de productos básicos, según documentó El Toque en octubre de 2023.
Por otro lado, las pymes siempre están abastecidas de bienes que tienen salida en el mercado, siendo estas una opción más atractiva para los cubanos, según el mismo medio.
La diversidad y utilidad de ofertas de las pymes para el consumo de los cubanos, junto a factores como el deseo de los emigrados de que las divisas no terminen en manos del gobierno, son parte del entorno que condiciona que aumenten las remesas en efectivo y la disminución de las transferencias en MLC.
Tendencia que igualmente se incentiva con la imposibilidad de que los cubanos extraigan en efectivo la MLC depositada en sus tarjetas, la existencia de una red informal de envío de remesas a Cuba y las plataformas de compra online que se pagan desde el exterior.
Las remesas en efectivo son una fuente esencial de oferta de divisas en el mercado informal de estas.
El mercado informal es el único al que pueden acudir las pymes importadoras para abastecerse de dicho activo financiero, debido a que no existe otro mercado cambiario para realizar operaciones regulares con monedas extranjeras.
El grupo de pymes importadoras financia la importación privada de bienes comprando esas divisas que llegan vía remesas.
A menos de 3 años de la legalización de las pymes, las importaciones de privados están en pleno proceso de expansión, tal y como sugiere el aumento del flujo de mercancías del sur de la Florida hacia Cuba, suceso reportado por El Nuevo Herald.
Sin embargo, esta apertura representa una política relacionada con la divisa que cambia las reglas de juego: el beneficiario directo no es el monopolio militar de GAESA.
El sector privado importador está conformado por artistas, cuentapropistas y pymes. De estas últimas, no existe un registro público disponible para conocer sus dueños. Sin embargo, varias investigaciones y denuncias revelan que entre estos privilegiados empresarios se encuentran personas de confianza para el gobierno y cercanas a sus funcionarios.
Por su parte, GAESA es la única instancia nacional de dirección empresarial cuyos miembros tienen, de facto, autonomía más allá de las proyecciones del Ministerio de Economía, además de que es un sistema empresarial no auditable por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el abogado cubano Fernando Almeyda.
Sus directivos cuentan con relaciones de poder e influencia capaces de impulsar investigaciones para remover a un ministro. Son o fueron primeros oficiales y de alto rango de las FAR y el MININT, como su fallecido presidente Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, general de división, y su vicepresidenta Ania Guillermina Lastres Morera, quien es primera coronel.
El 2 de febrero destituyeron a Alejandro Gil como ministro; hoy es mencionado como corrupto por los principales voceros de la propaganda oficialista.
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