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Cuba

Amnistía Internacional y Human Rights Watch llaman a gobierno cubano a liberar a El Osorbo y Otero Alcántara

El artista Luis Manuel Otero Alcántara (izq.) y el rapero Maykel Castillo "El Osorbo", ambos del Movimiento San Isidro.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara (izq.) y el rapero Maykel Castillo "El Osorbo", ambos del Movimiento San Isidro.

El gobierno cubano debe liberar de inmediato y sin condiciones a Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, artistas que serán juzgados a partir del 30 de mayo de 2022, dijeron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los gobiernos interesados, especialmente de América Latina y Europa, "deberían monitorear el juicio y pedir la liberación de los artistas".

Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido por su nombre artístico “Osorbo”, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a siete y diez años de prisión, respectivamente, por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico, y sus críticas al presidente Miguel Díaz-Canel.

“Están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar a su propio gobierno”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar, la intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras del pasado en la región”.

“Los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar un día en prisión”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional”.

Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, formado para criticar la censura del gobierno, fue detenido el 11 de julio de 2021, luego de publicar un video en el que decía que ese día se uniría a las protestas pacíficas en toda la isla. Más de 700 personas arrestadas durante la manifestación siguen detenidas, según el grupo de derechos humanos Cubalex. Castillo Pérez, uno de los autores de “Patria y Vida”, canción crítica al gobierno cubano que fue adoptada como himno de protesta popular, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado el 18 de mayo de 2021.

Castillo Pérez, quien ha sufrido múltiples detenciones arbitrarias de corta duración, fue arrestado en su casa. Su familia no supo dónde estaba hasta el 31 de mayo, cuando las autoridades les informaron que estaba recluido en la prisión de Pinar del Río, donde permanece. La familia fue notificada solo unos días después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU instara al gobierno cubano a revelar el lugar de detención de Castillo Pérez.

En enero de 2022, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente y dijo que el gobierno cubano debería liberarlo de inmediato. Los expertos de la ONU determinaron que el rapero había sido detenido por ejercer sus derechos fundamentales y había sufrido violaciones al debido proceso, incluidas limitaciones abusivas a su derecho a defenderse. Los expertos encontraron evidencia creíble de que, antes de su última detención, Castillo Pérez había sido arrestado más de 120 veces por participar en protestas y criticar al gobierno.

En febrero, un fiscal de La Habana solicitó que Castillo Pérez fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de “desorden público”, “difamación de instituciones nacionales, organizaciones, héroes y mártires de la patria”, “desacato” y “atentado .” Un documento judicial revisado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional indica que algunos cargos están relacionados con memes que Castillo Pérez publicó en Facebook criticando al presidente Díaz-Canel y otras autoridades cubanas. Otros cargos están relacionados con una protesta pacífica del 4 de abril de 2021 en La Habana, durante la cual un policía intentó detener a Castillo Pérez y un grupo de vecinos lo defendieron, impidiendo la detención.

Otero Alcántara, a quien Amnistía Internacional ha declarado preso de conciencia en varias ocasiones durante múltiples detenciones arbitrarias, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

El mismo documento judicial indica que el fiscal busca una pena combinada de siete años para Otero Alcántara. Está siendo acusado de “insultar a los símbolos patrios” por el uso de la bandera cubana en la pieza dramática Drapeau, en la que usó la bandera cubana o la llevó consigo las 24 horas del día durante un mes.

El fiscal también lo acusó de “desorden público” y “desacato” por reunirse con Castillo Pérez y otras personas durante la protesta del 4 de abril, por escuchar “Patria y Vida” en público y decir “palabras ofensivas” contra el Raúl Castro.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han tenido conocimiento de que las autoridades cubanas han ofrecido en repetidas ocasiones liberar a Castillo Pérez y Otero Alcántara a cambio de que abandonen el país indefinidamente, "una práctica histórica del gobierno cubano que se ha aplicado a otros críticos en los últimos meses, en violación del derecho a entrar en el propio país". Otero Alcántara ha rechazado públicamente la oferta. Las autoridades cubanas aparentemente se han retractado de su oferta a Castillo Pérez.

Nadie debería verse obligado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los que, en primer lugar, no debería ser procesado ni encarcelado, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

El enjuiciamiento contra Otero Alcántara y Castillo Pérez es parte de un patrón mucho más amplio de abusos sistemáticos contra artistas cubanos y otros críticos del gobierno y manifestantes. En los últimos años, las autoridades cubanas han encarcelado, procesado y exiliado a decenas de artistas cubanos, incluso del “Movimiento San Isidro” y el “27N”, que reúne a artistas, intelectuales y periodistas críticos con el gobierno.

Las autoridades cubanas también se han involucrado en detenciones arbitrarias y malos tratos a detenidos, y han llevado a cabo juicios masivos injustos, en su mayoría a puerta cerrada, en respuesta a las protestas antigubernamentales mayoritariamente pacíficas en julio de 2021. Decenas de manifestantes han sido condenados a penas de hasta 30 años. en prisión, en juicios en los que los fiscales frecuentemente los han acusado de delitos vagamente definidos, como “desorden público” y “sedición”.

Las autoridades cubanas deben retirar los cargos diseñados para silenciar la disidencia contra todos los manifestantes y críticos, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En la medida en que avancen los juicios, las autoridades deben permitir la presencia de periodistas, observadores de derechos humanos y personal de embajadas extranjeras en Cuba, incluido el contra Otero Alcántara y Castillo, dijeron las organizaciones.

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Liberan a roquero contestatario Gorki Águila tras detención cuando intentaba viajar a México

El cantante y director de la banda cubana Porno para Ricardo, Gorki Águila. (Foto Archivo: Claudio Fuentes)
El cantante y director de la banda cubana Porno para Ricardo, Gorki Águila. (Foto Archivo: Claudio Fuentes)

El músico y opositor cubano Gorki Águila fue liberado horas después de su detención el viernes en el Aeropuerto Internacional José Martí, cuando se disponía a viajar a México, informó este domingo el Observatorio de Derechos culturales.

Águila había sido conducido a la estación de Policía de Santiago de las Vegas, La Habana, según reportaron medios independientes, citando a una fuente del Ministerio del Interior.

El líder de la banda roquera contestataria, Porno para Ricardo, fue notificado en la terminal aérea de que estaba "regulado", o sea tiene prohibido salir del país.

Le informaran que se encuentra “regulado” sin causa, informó la organización Estado de Sats en la plataforma X. "Son innumerables las violaciones a los Derechos Humanos que ha sufrido en los últimos años", dijo.

Amnistía Internacional informó el sábado de la detención del cantautor y pidió su liberación en un post en la red social: "La libertad artística no debe ser encarcelada. Comparte y exige a @diazcanelb la liberación de #Gorki", escribió la organización.

La periodista Luz Escobar y el músico Ciro Díaz (de la Babosa Azul) también denunciaron la detención de Gorki en Facebook.

El fotógrafo y activista de los derechos humanos, Claudio Fuentes, comentó en redes sociales que Gorki fue detenido sobre las 4 de la tarde, y que el músico tenía previsto viajar a México.

"Luego de informarle que no podía viajar por estar REGULADO, fue arrestado por la Seguridad del Estado castrista, y aún desconocemos su paradero", señaló Fuentes.

"La tiranía socialista cubana ha detenido a Gorki. Todos saben de su frontalidad, de llamar las cosas como son, sin tambaleos del lenguaje, ni medias tintas. A través de su arte se ha convertido en un ícono del punk cubano. Debe ser liberado de inmediato. Compartamos!", declaró en la plataforma X el periodista independiente Yoe Suárez.

Recientes actividades de Gorki

Gorki Aguila fue parte del Programa Cuba en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), el cual se celebró del 17 de abril al 2 de mayo. El fue quien aportó la imágenes del stand del programa, donde se presentó una postura de denuncia sobre los presos políticos cubanos. Fue la tercera vez que el Programa Cuba participa en la fiesta del libro bogotana.

A inicios de mayo, la artista cubana Lía Villares, residente en Estados Unidos, dio a conocer que usará una beca de la Fundación Mellon para trabajar en un documental que comienza con Gorki Aguila, pero que no se pudo terminar debido a la interferencia de la Seguridad del Estado en el año 2018.

El futuro documental cuenta con un primer capítulo que la artista realizó junto a Gorki, y que logró salvarse de un allanamiento de la Seguridad del Estado gracias a que lo había enviado previamente al New York Film Academy.

El pasado 24 de febrero, fue estrenado en YouTube "La Renunciación", audiovisual dirigido por la actriz cubana Lynn Cruz junto a su proyecto Teatro Kairos LCAP, y musicalizado por Gorki.

"La Renunciación parte de un poema deliberadamente anónimo —su autor renunció a firmarlo— leído en las redes el pasado noviembre, mientras tenía lugar el juicio arbitrario contra la profesora Alina Bárbara López Hernández. Luego fue musicalizado por el estudio de grabaciones independientes La Paja Recold, dirigido por Gorki Águila. Ahora, Lynn y Teatro Kairos decidieron llevarlo al videoclip y la dramatización", informó el medio La Hora de Cuba.

A través de los años, Gorki ha criticado duramente al régimen y como consecuencia ha sido encarcelado, enjuiciado y regulado en varias ocasiones. Organizaciones como Red Artistas en Riesgo, CADAL y Amnistía Internacional han denunciado el acoso que ha padecido.

Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión

Loreto Hernández García, prisionero político del 11J. Foto tomada de Twitter/Embajador Rashad Hussain.
Loreto Hernández García, prisionero político del 11J. Foto tomada de Twitter/Embajador Rashad Hussain.
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Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.

"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.

En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.

La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.

Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.

Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.

En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.

En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.

El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.

"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas

Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias.
Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias.
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La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.

La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.

Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".

Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.

Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.

Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.

Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.

El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.

"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.

El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.

"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.

"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.

"Cuba mantuvo un marco legal opresivo para restringir la actividad religiosa", alerta presidente de la USCIRF

Los seguidores de la Virgen de Regla participan en una procesión en La Habana durante las celebraciones del Día de Yemayá en Cuba el 7 de septiembre de 2023.
Los seguidores de la Virgen de Regla participan en una procesión en La Habana durante las celebraciones del Día de Yemayá en Cuba el 7 de septiembre de 2023.
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La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, USCIRF, recomendó mantener a Cuba en la Lista de Países de Especial Preocupación, en la que se incluyen naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa.

Martí Noticias habló con el presidente de la Comisión, Abraham Cooper, quien también es decano Adjunto y director de Acción Social Global del Centro Simon Wiesenthal, una importante organización judía de derechos humanos, a propósito del reporte anual de USCIRF.

El comisionado explicó que cuando se habla de Países de Especial Preocupación, significa que los gobiernos están involucrados o toleran violaciones religiosas graves de manera sistemática, continua y flagrante y que cuando se trata de libertad religiosa eso encaja con la situación en Cuba.

“Este es un informe sobre las condiciones de libertad religiosa en 2023. Las condiciones en ese país fueron extremadamente pobres. El gobierno cubano mantuvo un marco legal opresivo que restringió severamente la actividad religiosa pacífica, acosó regularmente a líderes religiosos y devotos, y continuó encarcelando injustamente a individuos por su actividad religiosa pacífica”, detalló.

Todo ello, dijo, podría ser un "desencadenante para sanciones específicas”.

“Así que no es sólo una brújula moral, es un intento de resaltar y llamar la atención a los ciudadanos de nuestro país y también a nuestro poder ejecutivo y legislativo, hacia lo que está sucediendo en Cuba, que no debe ser olvidado, pero también tiene un aspecto práctico, y son las posibles sanciones”, expresó.

El comisionado especificó que “el objetivo real no es castigar a las personas en Cuba” sino “hacer que el gobierno reevalúe su enfoque cuando se trata del tema de la práctica y libertad religiosa”.

“Tuve el honor y la oportunidad de visitar Cuba hace varios años en términos por mi trabajo en el Centro Simon Wiesenthal y Memorial del Holocausto. Fue una experiencia increíble, también como rabino y judío. La idea es tratar de mover la aguja en la dirección opuesta lo que significa tener la esperanza de que el próximo año, el próximo grupo de Comisionados, señale mayores oportunidades y un ambiente más relajado cuando se trata del tema de la libertad religiosa”, comentó.

Añadió que cuando, como estadounidenses, “hablamos de libertad religiosa también estamos, en cierto sentido, mirando los derechos humanos a través del prisma de un valor fundamental, que es la libertad de rezar y de reunirse para orar como grupos e individuos”.

“No es sorprendente que en sociedades que están fuertemente controladas desde arriba, muy a menudo las personas de fé son, en cierto sentido, automáticamente objetivos de discriminación y peor, por parte de los gobiernos", detalló.

"El trabajo de USCIRF en Cuba y en muchos otros lugares del mundo es tratar de centrarse en las reglas, leyes y estructuras que obstaculizan la verdadera libertad religiosa, y tratar de animar al Departamento de Estado de Estados Unidos, sea cual sea la administración, para que cuando sea necesario, imponga sanciones a países pero no como castigo, sino para influir”, concluyó.

Qué pidieron los activistas cubanos en la reunión con representantes del gobierno sueco

De izq. a der. Víctor Dueñas, promotor de Cuba Decide; Carolina Barrero, activista e historiadora de arte; Hugo Acha, director de Investigaciones de la Fundación para los DH en Cuba y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
De izq. a der. Víctor Dueñas, promotor de Cuba Decide; Carolina Barrero, activista e historiadora de arte; Hugo Acha, director de Investigaciones de la Fundación para los DH en Cuba y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
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Activistas cubanos se reunieron este jueves con autoridades del gobierno de Suecia para hablar sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea.

“En el encuentro estuvieron presentes miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Suecia, representantes de asuntos latinoamericanos y cubanos, así como encargados de las cuestiones referidas a los derechos humanos”, detalló la historiadora de arte y activista Carolina Barrero, en declaraciones a la revista informativa Martí Noticias AM.

Declaraciones de Carolina Barrero, activista y curadora de arte al informativo Martí Noticias AM.
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Además de Barrero, en la reunión participaron Hugo Acha, director de Investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos, Víctor Dueñas, promotor de Cuba Decide y Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders (PD).

"En 2023 el gobierno sueco llevó a cabo un diagnóstico exhaustivo de este Acuerdo, donde afirmaron que no se habían realizado ninguno de los elementos básicos que suscribe el documento, impulsado por la necesidad de avances democráticos y de derechos humanos en la isla”, aclaró Barrero.

“Elementos que en los últimos ocho años de implementación del tratado han ido afrontado uno de los deterioros más importantes y recientes de la historia cubana... La denuncia internacional no es solo resaltar su ilegalidad, sino que tiene que ver también con la derogación del mismo y es lo que pedimos en ese encuentro”, enfatizó.

El referido acuerdo fue firmado por las partes a finales de 2016 y entró en aplicación provisionalmente el 1 de noviembre 2017, hasta que no haya sido ratificado por todos los países de la UE, entre los que Lituania es el único que ha rechazado el tratado en su Parlamento.

“Hay que tener en cuenta que los países europeos que mejor comprenden la situación cubana, la naturaleza del totalitarismo e incluso han apoyado a los activistas cubanos, son aquellos que fueron miembros del bloque soviético, como la República Checa, Polonia, Lituania, por solo mencionar algunos”, explicó la activista.

“El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, por su parte, solo ha dado legitimidad al concepto de sociedad civil implementado por el régimen cubano, sin tener en cuenta que existe una cláusula sobre la verdad de este tema, haciendo que el tratado sea ilegal y que no se cumpla”, concluyó la activista.

En noviembre pasado el ministro de Desarrollo Internacional, Cooperación y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, pidió a la Unión Europea debe revisar el acuerdo.

"Los informes sobre tortura en Cuba son alarmantes", denunció Forssell.

"Se puede decir que la situación en Cuba durante los últimos cinco años no ha mejorado, a pesar de esfuerzos de Suecia y de la UE para promover la democracia y los derechos humanos en la isla. En cambio, la situación se ha deteriorado en algunas partes", agregó.

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