Cuba
Abogado opositor interpone dos demandas contra el Estado cubano
El abogado de Cubalex Julio Ferrer echa mano de recursos legales contra las autoridades
LA HABANA, Cuba.- “Cuba no es un Estado de derecho”, afirma Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex. Sus razones: “Porque los funcionarios no se atienen al imperio de la Ley y sus actos quebrantan de manera habitual la Constitución, que resulta ser el texto más vulnerado por las autoridades”.
Él, que conoce los intersticios de las leyes cubanas ha traducido estos argumentos en dos demandas contra el Estado.
La primera tiene como objetivo excarcelar a su esposa, la también abogada Marienys Pavo Oñate, quien lleva más de cinco años presa aun habiéndose aclarado que el proceso ha sido amañado. La segunda demanda está dirigida contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por brindar información falsa de los abogados de Cubalex a instancias internacionales, tras el allanamiento ilegal de su sede en Cuba, el 23 de septiembre de 2016.
Julio Ferrer Tamayo afirma que su esposa está desde el 2012 “ilegalmente presa y los tribunales han tratado de ir haciendo nuevas ilegalidades para ir encubriendo cada etapa anterior”.
A Marienys Pavo Oñate la condenaron a prisión provisional utilizando un documento, que después se demostró era falso, dado por una secretaría de un tribunal militar en Artemisa. En la causa 255 del 2013 ese documento sirvió para decir que Pavo Oñate era reincidente, y así “aumentar el marco sancionador”, asegura Ferrer Tamayo. “Ellos aceptaron de que ciertamente, el documento era falso”.
Lo que está contemplado por la ley era la anulación de la sentencia y la liberación de la reclusa, pero “inventaron un segundo proceso, que es la causa 204 del 2014, en la que me meten a mí para impedir que la pueda defender”, dice el abogado. La acusación fue de falsificar la propiedad de la casa donde lleva años viviendo.
En esa sentencia los tribunales reconocen que “no es reincidente” y que “tiene buena conducta”, le hacen una sanción conjunta con la sanción ilegal.
“Y si usted va a tratar de corregir algo y une lo que supuestamente usted considera bueno con lo que no sirve, todo se echa a perder”, analiza Ferrer Tamayo, que no desiste fácilmente. “Cuando sigo insistiendo en eso ellos vuelven, para tratar de resolver eso, la meten en un tercer proceso, que es la causa 17 de la propia sala segunda de lo penal”, en el que se demostró que ella no podía estar involucrada porque cuando ocurrieron los hechos Pavo Oñate llevaba más de tres años en el centro penitenciario y su encausamiento ponía en tela de juicio a las autoridades carcelarias, quienes, en caso de la abogada ser culpable, hubiese habido que comenzar una investigación por violar su sanción.
Los papeles entregados a la Junta Directiva de Bufetes sirvieron para que fuera absuelta de todos los cargos, aunque no la excarcelaron bajo el pretexto de que la sentencia emitida en agosto de 2017 no era firme porque los otros acusados habían establecido recursos y esa documentación estaba para el Tribunal Supremo, por lo que debían esperar.
“Eso no debía ser así, pero había que esperar”, asegura el abogado. “Ahora que la sentencia se hizo firme y que el Tribunal Supremo ratificó la absolución de mi esposa, a principios de este mes ya se comunicó a prisión y aun no la liberan porque dicen que hay una contradicción en el expediente carcelario y yo para demostrarles que estaban actuando mal, acepto los hechos y solicito su libertad condicional”.
“¿Y qué pasa?”, se pregunta. “La sala quinta de lo penal del tribunal provincial que es la encargada de conceder o no la libertad condicional dice que en el caso de mi esposa ellos no podían pronunciarse porque habían dos sentencias contradictorias, y dice que todos esos procesos tienen que ser elevados al Tribunal Supremo para que el ellos anulen y arreglen eso”.
Luego han habido entrevistas con la vicepresidenta del tribunal provincial Lilian Castillo Pérez para “aclarar dudas”; el “mayor Denis” de Atención a la Ciudadanía, del MININT nacional, intentó revisar el expediente carcelario de Pavo Oñate y descubrió que no está en los archivos de la prisión; la Mayor Nirma Batista Méndez, jefa del registro legal de la Jefatura Nacional de Prisiones, reconoció las faltas del sistema carcelario, pero tras estar en celda de castigo como represalia por las protestas de su esposo, “la sacan de los contornos de la prisión, a una zona abierta, con menos guardias, diciéndole que se esté tranquila, que su situación se está resolviendo, que de allí ella va para su casa”, habla Ferrer de la situación actual de su esposa.
Segunda demanda
“El día 23 de septiembre del 2016 fuerzas del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, allanaron la casa de la abogada Laritza Diversent, donde se encontraba la sede de Cubalex”, cuenta Ferrer, quien también es miembro de la organización de la sociedad civil cubana.
“Violando las formalidades legales, (las autoridades) rompieron las rejas, entraron, se llevaron los medios de la oficina, información, medios privados como los móviles”.
Julio Ferrer ese día fue detenido y enviado a prisión, pero la abogada Laritza Diversent envió una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la forma en que habían actuado las autoridades, las acciones ilegales y el hostigamiento que sufrían los miembros de Cubalex.
“Como respuesta los relatores sobre la libertad de expresión, de opinión, sobre la reunión pacífica, el derecho de asociación, y contra la tortura, le enviaron el 18 de octubre de 2016 una comunicación al Gobierno cubano pidiéndole información sobre los hechos que habían sido denunciados”, comienza a definir los motivos de la demanda, “y con relación a mi específicamente, le pidieron que se sirviera proporcionar información detallada sobre mi situación legal”.
La respuesta no se hizo esperar. El Gobierno de Cuba, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra, el 14 de diciembre de 2016, presentó la nota 855 del 2016, “en la que dice un sinnúmero de mentiras, entre ellas que yo me encontraba circulado por el Tribunal Provincial de La Habana por no presentarme a cumplir una sanción de 5 años de privación de libertad, que me fuera impuesta el 15 de junio del 2015, por los delitos de estafa y falsificación de documentos”, parafrasea Ferrer del documento oficial
Cuando el abogado fue excarcelado por las presiones de los medios, el pronunciamiento de Amnistía Internacional y las gestiones de sus colegas de la organización, solicita como ciudadano, al amparo del artículo 63 de la Constitución que la máxima autoridad a la que se debe la Misión le sugiera rectificar la información que presentó a la Comisión de los Derechos Humanos. El reclamo lo acompaña de los documentos que demuestran que “la información que han dado no es cierta”.
A partir de ese momento comienza otro largo periplo legal en el que cada institución legal de libra de responsabilidad.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores le dicen que quien debe investigar y darle una solución es la Dirección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General. Ante la insistencia del abogado y ante lo que solo hasta el momento solo era un reclamo legal, la Fiscalía lo remite al Ministerio de Justicia, y “allí sufro el clásico peloteo cubano, pero me dicen que habrá una respuesta”.
Sin embargo, la respuesta no llega.
Entonces, “como los ciudadanos no tenemos cómo conminar a las autoridades a respetar este derecho del artículo 63 de la Constitución”, instruye el abogado con un conocimiento que solo sabe por su nivel de especialización, “voy a la posibilidad que me da la Ley de Procedimiento Civil y el Código Civil que establece, con relación al artículo 26 de la Constitución que dice que todo ciudadano que considere que ha sido afectado o se le ha causado un perjuicio por un funcionario en el desempeño de sus funciones tiene derecho a reclamar y que se restablezcan sus derechos”, procedimiento legal que muy pocos ciudadanos cubanos saben que existe, y establece la demanda.
“Mi demanda pide que el Tribunal obligue al Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por el ministro que es Bruno Rodríguez Parrilla, a una retractación pública de la información que dio y que nos dé una disculpa por el daño moral”, y aunque el recurso legal es a título personal en la descripción de los hechos aprovecha para denunciar lo que hicieron con el resto de los miembros de Cubalex a quienes clasificaron de “vulgares delincuentes con ropajes de defensores de derechos humanos”, según consta en el documento oficial.
La demanda fue asentada como el proceso civil 403 del 2017 de la Sala Segunda de lo Civil, el juez ponente es el presidente de la sala, Alejandro Hernández Marzan.
Julio Ferrer Tamayo no espera “una respuesta positiva” y define lo que para él es “el gran problema del sistema jurídico y político en Cuba: las autoridades gozan de un total estado de impunidad”. Está consciente que es una carrera de resistencia que la gana el que primero desista, pero en este caso “esto como es un proceso ante el Tribunal y hay un juez encargado, tiene que haber un pronunciamiento, el que sea porque la Ley obliga”, concluye.
[Este artículo de María Matienzo fue publicado en Cubanet]
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Partidario del régimen intenta descalificar al Programa Cuba en la Feria del Libro de Bogotá (VIDEO)
Un simpatizante del régimen cubano intentó boicotear el miércoles la presentación del libro “Sharp Power y redes intelectuales. La presencia de Cuba en América Latina”, una producción de varios autores, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, que se está desarrollando desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo.
La intromisión del sujeto no parecía dirigida a la obra de la que se estaba hablando, sino a los integrantes del panel que la analizaba en el stand del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
El panel estaba formado por los politólogos e historiadores Armando Chaguaceda y Alejandro Cardozo, y Sergio Ángel, investigador principal del Programa Cuba.
El intruso, que no se identificó, trató de descalificar al Programa Cuba y a los comentaristas acusándolos de ser parciales: “Todo lo de Cuba y Venezuela es malo y todo lo de no sé dónde es bueno, ya de entrada es sospechoso”, dijo.
También, pretendió mostrar, sin argumentos, a “la academia separada de la realidad, desde lo ideológico”.
“Práctica repetitiva de personas que se presentan en los eventos a intentar torpedear los procesos y tienen que ver directamente con la participación de los grupos de solidaridad con Cuba, por la molestia que genera el presentar una visión alternativa sobre lo que sucede en la Isla”, indicó a Martí Noticias, Sergio Ángel.
“Es de anotar que el Programa Cuba ha presentado de manera abierta una posición contraria a la violación de los derechos humanos que lleva a cabo el régimen cubano en la isla”, precisó.
El régimen de La Habana promueve e incentiva en muchos países los “grupos de solidaridad con Cuba”, muchos de ellos asociados en organizaciones, para promover campañas y boicotear acciones de los activistas cubanos en el exterior.
El año pasado, en el mismo evento, un grupo de colombianos, encabezados por una cubana, presuntamente de la Embajada de La Habana en Colombia, interrumpieron el conversatorio “Editoriales y medios independientes en Cuba; ediciones de lo político”, criticando a la Universidad Sergio Arboleda y a la institución estadounidense National Endowment for Democracy (NED).
El Programa Cuba está llevando a cabo conversatorios, exhibiciones y presentaciones de libros con una visión sobre Cuba distinta a la contada por el oficialismo.
Una delegación oficial de Cuba, encabezada por el presidente del Instituto Cubano del Libro, asistió a Filbo 2024.
CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.
“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.
Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.
“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.
Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".
La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.
El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.
Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.
“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH
Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.
El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
"Autocracia cerrada": Cuba, entre los peores países del Índice de Democracia que elabora universidad sueca
"El 71% de la población mundial (5.700 millones de personas) vive en autocracias, un aumento del 48% comparado con diez años atrás", según datos publicados en el más reciente informe del instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.
El texto muestra que la autocratización sigue siendo la tendencia dominante, como han venido informando en años anteriores, solo que ahora incluyeron análisis más detallados de los indicadores en cada región.
"En las autocracias más opresivas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, las elecciones libres y justas y otros valores democráticos están ausentes. En otros, pueden estar presentes en parte pero de forma insuficiente", detalla el documento que califica a La Habana como una "autocracia cerrada".
El modelo aplicado por V-Dem clasifica los regímenes políticos en cuatro grandes bloques: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. En el continente, Cuba y Haití aparecen como los únicos países en la categoría de "autocracia cerrada".
"La gran mayoría de los latinoamericanos (86%) vive en democracias electorales como Argentina y Brasil, y el 4% vive en democracias liberales como Chile y Uruguay. Sin embargo, América Latina es también la región con la mayor proporción de población viviendo en la “zona gris”, destacan.
Los datos de V-Dem, que se ocupa de medir anualmente los indicadores de la democracia en 179 países, demuestran que el mundo está dividido casi en partes iguales: 91 democracias y 88 autocracias. "Casi todos los componentes de la democracia están empeorando en más países de los que están mejorando, en comparación con hace diez años", advierten.
Entre los indicadores que más empeoró en 2023, está la libertad de expresión y la libertad de asociación, incluida la sociedad civil. "Las elecciones limpias ocupan ahora el segundo lugar: se han deteriorado en 23 países y han mejorado en 12. Esta institución central de la democracia solía no verse relativamente afectada", señalan los expertos.
El informe, elaborado con la participación de unos 4.000 académicos y otros expertos, indica que las elecciones se han deteriorado en 23 países y han mejorado en 12. "Esta institución central de la democracia solía no verse relativamente afectada", alertaron.
"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias
Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.
“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.
Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.
“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.
“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.
El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.
Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.
El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".
"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Familiares de un grupo de balseros cubanos piden ayuda para que no sean devueltos a la isla
Un grupo de familiares de 18 balseros cubanos que llegaron a Estados Unidos están pidiendo ayuda para localizarlos y que no sean devueltos a la isla.
“Ellos salieron desde el viernes en una embarcación rústica hacia Estados Unidos y desde entonces no sabíamos nada de ellos. Ayer salió una noticia de una embarcación que llegó a una isla deshabitada pero no hemos sabido nada”, dijo a Martí Noticias Yunisleidys Borroto, esposa de uno de los migrantes.
“Pienso que fueron ellos los que llegaron, pero nadie nos ha llamado y hemos pedido ayuda a muchas personas y nadie nos dice nada. No como ni duermo. Tengo una niña pequeña y estoy desesperada”, añadió.
De acuerdo con los testimonios de los familiares, la embarcación salió de Ciego de Ávila hacia Estados Unidos.
El jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Miami, Samuel Briggs II, publicó en su cuenta de X las imágenes de una embarcación rústica en la que viajaron 18 inmigrantes cubanos, quienes “fueron rescatados tras tocar tierra en una isla deshabitada en los Cayos de la Florida”.
El mismo oficial informó que durante el fin de semana, las autoridades fronterizas hallaron a otros 21 inmigrantes cubanos, quienes inmediatamente fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y procesados para procedimientos de deportación.
Estados Unidos eliminó en 2017 la política pies secos-pies mojados que permitía a los cubanos obtener refugio inmediato al pisar territorio estadounidense. Las autoridades han reiterado en numerosas ocasiones que deben evitarse estas vías ilegales de inmigración.
Tras una disminución sustancial en el número de llegadas por mar recientemente se observa un incremento de las interdicciones de la Guardia Costera y detenciones de inmigrantes provenientes de Cuba.
Yeisel González, familiar de los inmigrantes y quien llegó a Estados Unidos vía marítima hace un año, dijo que los balseros no deben ser regresados a la isla.
“Nosotros estuvimos presos por salida ilegal del país. Lo intentamos muchas veces. Si los envían de vuelta podrían meterlos presos nuevamente para que hagan carbón en campos de trabajo que tiene el gobierno de Cuba”, dijo González.
González pudo conversar con uno de los inmigrantes que le contó que está bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
“Queremos pedirle a las autoridades que no los devuelvan. Son gente humilde y trabajadora. La mayoría son familiares y amigos, personas que se cansaron de la represión en Cuba y que no tienen quien les ponga un parole o cómo pagarse un viaje ilegal por Nicaragua”, dijo González.
El teniente Peter Hutchison, de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera, pidió en redes sociales a los inmigrantes no venir a Estados Unidos.
“Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán descalificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos”, dijo.
Los equipos de la Guardia Costera repatriaron a 367 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.
Posibilidades de defensa
La abogada de inmigración Rosaly Chaviano aseguró que los inmigrantes tienen derecho a defensa.
“Ellos tienen derecho a hablar con un abogado antes de hacer el miedo creíble para que sean preparados para su entrevista”, dijo.
ICE toma en cuenta varios elementos para decidir dejar en libertad a un detenido, por ejemplo si ha sido deportado con anterioridad de Estados Unidos o tiene delitos en el país, dijo la abogada.
El abogado de inmigración Ángel Leal, también se mostró confiado en que no serán repatriados a Cuba.
“Si llegaron a pisar tierra no creo que tengan posibilidades de repatriación a Cuba. Lo más probable es que firmen una carta de deportación expedita y los liberen en el país. Se mantendrán detenidos hasta su entrevista de miedo creíble en este caso”, dijo
“Otra opción es una orden de supervisión, lo que se conoce como I220B”, añadió.
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