La madrugada del martes 4 de febrero de 1992 hubo un golpe de Estado comandado por varios oficiales medios de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuales se encontraba el teniente coronel Hugo Chávez. Todo esto por el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa.
Derrotada la sublevación por las fuerzas del presidente y recluidos sus cabecillas en prisión, Carlos Andrés Pérez se comprometió ante la opinión pública a corregir algunos aspectos de sus medidas; pero el proceso de deterioro no se detendría. Recuerdo por formar parte de ella que la Corte Suprema de Justicia, ese mismo día, se pronunció condenando el golpe y protegiendo el orden constitucional.
Lo ocurrido se trataba de un proyecto político militar que se fraguaba dentro de las Fuerzas Armadas y que luego pasó a ser maquillado para conquistar el poder por la vía del voto popular. Como proyecto militar sería ejecutado por militares a lo largo de su desarrollo.
Hugo Chávez en el Consejo Electoral para registrar el "Movimiento V República" en el inicio de su campaña por las presidenciales de 1998.
La oferta electoral de Hugo Chávez como candidato para las elecciones de presidente de la República de 1998, quien no fue juzgado por la intentona golpista, se centraba en acabar con la corrupción, acabar con el hambre y las necesidades del pueblo, satisfacer el ejercicio de los derechos humanos y que ello se resolvería con una Constitución que lo garantizaría. Prometió la transparencia en la función pública y el control de la gestión pública por los ciudadanos.
Ninguna de sus promesas se cumplieron, por el contrario relajó todos los controles constitucionales, y asumió el mando de todos los poderes públicos, imponiendo una obediencia militar a todos, funcionarios y pueblo, con la oferta permanente de lograr la felicidad y un futuro mejor.
El traspaso de la presidencia de forma dictatorial a Nicolás Maduro, comprobó que la Constitución había sido cambiada y derogada de hecho, pero siempre el uso del voto protegía como un escudo, y así Nicolás Maduro de manera inconstitucional se hizo con la presidencia de la República por seis años más.
Llegamos al 10E de 2019, se produce una vacancia constitucional en el cargo de Presidente de la República, al no haber un presidente electo que asumiera tal investidura mediante juramento ante la Asamblea Nacional, y se diera inicio a un nuevo período presidencial.
Lee también Rechazo a Maduro crece en el día de su investiduraEsta vacancia constitucional alude a una situación objetiva de vacío institucional (vacío de poder), distinta a la falta absoluta prevista en el artículo 233 constitucional, que se contrae a una situación subjetiva de impedimento que afecta sobrevenidamente a un Presidente, en ejercicio o electo, para continuar ejerciendo, o asumir, la investidura presidencial.
Esta situación jurídica de vacancia no está incluida en los supuestos previstos en el precitado artículo 233, que se refiere a situaciones previsibles en el marco del normal funcionamiento de un sistema democrático, y no a la situación de vacío de poder que se generara este 10E, al finalizar el mandato del ya deslegitimado (por desempeño) Nicolás Maduro.
Por ello incurre en usurpación de la soberanía popular, al asumir el cargo de Presidente de la República, para el período constitucional que se inició 10E, al no haber sido electo en un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo, en razón de lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 de la Constitución de 1999, su pretendida autoridad esta afectada de ineficacia, sus actos y órdenes son irremediablemente nulos, y ningún funcionario (civil o militar) le debe obediencia, que de así hacerlo también sus actos devendrán en nulos e ineficaces;
Es por ello que Instituciones fundamentales como la Asamblea Nacional, la comunidad política democrática y la sociedad civil de nuestro país, junto a la comunidad internacional democrática, han expresado de manera clara, contundente e inequívoca su rechazo y desconocimiento al fraudulento proceso electoral (en todas sus fases), con el cual se usurpa la soberanía popular y la autoridad que representa la Presidencia de la República.
Por ello resulta evidente que Nicolás Maduro no tiene la capacidad que en otros momentos se ha reconocido a otros gobernantes de facto (dictadores y restauradores como la Junta de Gobierno de 1958), para representar y obligar a sus países, ante la comunidad internacional, especialmente ante naciones democráticas, y la institucionalidad internacional política y financiera. Maduro el usurpador es un paria político, dentro y fuera de Venezuela.
La ilegítima pretensión de Nicolás Maduro de ejercer presidencia de la República, ha generado una situación de política constitucional excepcionalísima, que exigen medidas y soluciones igualmente excepcionales, con fundamento en el artículo 333 constitucional, y en el principio de necesidad política (necessitas), fuente de derecho constitucional ante situaciones excepcionales, que han permitido tener un Presidente Encargado de la presidencia de la República.
El Bloque Constitucional de Venezuela, organización de profesores y abogados venezolanos, ha expresado que en este tránsito histórico, la Asamblea Nacional es la única institución dotada de legitimidad política, interna e internacional, para asumir la dirección de nuestro país. Por tanto, ante esta situación de excepcionalidad, sus actos, decisiones y medidas, igualmente excepcionales, tendrán carácter vinculante en el ámbito interno, y legitimidad en el ámbito externo, lo que le obliga a actuar con espíritu convocante y pluralista, para que sus actos sean expresión máxima del consenso político democrático.
La fórmula constitucional contra la usurpación esta dispuesta en los artículos 333 y 250 de la CRBV. El primero impone la obligación de restablecimiento de la democracia y el segundo el deber de desconocer al régimen usurpador por contrariar los valores, principios y garantías democráticas.
El Presidente de la Asamblea Nacional, electo por el pueblo, esta legitimado para ejercer autoridad democrática y obligado a desconocer al usurpador. Debe también colaborar a restablecer el orden constitucional encargándose interinamente de la Presidencia de la Republica para el que el pueblo pueda ser gobernado democráticamente.
Es por ello que la Asamblea Nacional y el pueblo mayoritario de Venezuela está cumpliendo su deber de colaborar al restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución, previsto en su artículo 333, y reconoce al Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia se ha sumado a la labor de restitución de la democracia iniciada por la Asamblea Nacional, quien junto al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, son los únicos órganos legítimos de los poderes constituidos, para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro Moros así como de la írrita Asamblea Nacional Constituyente y quienes hoy pretenden ocupar en el país los máximos cargos de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
Nos encontramos hoy 4F de 2019 ante un porfiado e ilegítimo empeño de Nicolás Maduro en tomar la Presidencia de la República, so pretexto haber “ganado” un pseudo proceso electoral convocado por la espuria ANC, y organizado por un ilegítimo CNE, y ello contrasta con la investidura del Presidente interino Juan Guaidó, así reconocida por la Asamblea Nacional, fundada en los artículos 5, 70, 333 y 350 de la Constitución; avalada, además, popularmente por cientos de miles de ciudadanos que testimoniaron su juramentación, y por más del 85% de los venezolanos que hoy lo respaldan; asimismo, ante el reconocimiento progresivo a su investidura por la comunidad de gobiernos democráticos en nuestro hemisferio, en Europa, y otras latitudes; así como de la opinión pública democrática internacional. Juan Guaidó tiene en sus manos las riendas de la transición política y nos llevará a unas elecciones libres, competitivas y transparentes cuando esas exigencias puedan garantizarse.
En el 4F de 1992 fracasó un Golpe y se inició el camino de un gobierno militar; en el 4F de 2019 abandonamos el Gobierno militar y se nos entrega una Venezuela empobrecida, con una Fuerza Armada Nacional que siendo una representación muy real de la sociedad venezolana todavía se debate entre seguir al dictador o respaldar a un pueblo que desea libertad y derechos, sabiendo cada hombre de armas que tiene responsabilidades ante la corrupción, el saqueo de los recursos y la violación de los derechos humanos. Habrá democracia si hay Justicia. Estamos ante la formación de un gobierno civil y republicano.
[Este artículo es una colaboración de Cecilia Sosa Gómez es una jurista y política venezolana que presidió la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En 1999 renunció a su cargo y declaró autodisuelta la Corte, máximo tribunal venezolano. Desde entonces ha denunciado la falta de constitucionalidad en Venezuela.]