Una insólita sentencia en la historia reciente de Ecuador (y también de Latinoamérica) recibieron los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de El Gran Hermano, el libro que reveló los millonarios contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente, con el Estado. Con el argumento de que el “daño moral” a Rafael Correa (motivo central de la demanda) tuvo su epicentro en lo “espiritual”, la jueza quinta de lo Civil de Pichincha, Mercedes Portilla, condenó a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita al pago de un millón de dólares cada uno a favor del mandatario y unos $100.000 para sus abogados por el costo de la defensa.
El mandatario Rafael Correa había demandado por “daño moral” a los dos periodistas a raíz de la publicación del libro El Gran Hermano -que primero fue una serie periodística titulada El holding- donde se denunciaban los jugosos contratos que el hermano del presidente, Fabricio, habría firmado con el Estado ecuatoriano a través de las empresas en donde tiene participación.
En el libro se afirma, con el aval del propio Fabricio, que el presidente Correa sí conocía de las actividades de su hermano, algo que fue ratificado por una Veeduría Ciudadana, no reconocida por el Presidente. Ramiro Aguilar, defensor de Calderón y Zurita, había pedido dentro del proceso que el presidente Correa demostrara con exámenes psicológicos el daño que le causó el libro, algo que el mandatario nunca hizo. Por su parte, Zurita, uno de los coautores del libro expresó: “Si él (Correa) reconoce lo que se dice en el libro no le queda más remedio que renunciar. Pero como no quiere hacerlo lo mejor que pudo hacer es enjuiciar”.
Fabricio Correa, hermano del presidente y personaje principal del libro en cuestión, dijo hoy a este periodista: “Considero un abuso que apenas después de una semanita de tener Chucky-Corte (la nueva Corte Nacional de Justicia) ya se demuestra que está más politizada que nunca porque, entre otras cosas, la sentencia contra los periodistas no tiene ni siquiera fecha, lo cual pone en duda si la jueza la elaboró”.
Razona Fabricio Correa que “lo primero que hace un juez es escribir la fecha cuando se pone a escribir la sentencia”, por eso le resulta tan sospechoso que no la hayan puesto. Y se lamenta porque “volvamos atrás y que las prácticas de la persecución, utilizando los jueces y el amplio aparato de prensa que tiene el Gobierno, alcancen a Calderón y Zurita, El Universo y anteriormente los señores del 30-S, que estuvieron presos medio año para sostener otra mentira”.
El analista político, José Hernández, explicó que “sin forma de probar el supuesto daño causado, había pedido (Correa) un juramento deferido. La jueza lo aceptó, a pesar de las tesis, racionales y jurídicas, exhibidas por la defensa. Y esa jueza lo utilizó en la sentencia para sustentar una decisión impresentable en cualquier otro país”.
“Eso se sabía que ocurriría”, continúa Hernández. “Se sabía que el presidente, a pesar de este juicio adefesioso, mantendría vigente, como hacen sus colaboradores ahora que se sienten tan fuertes en el poder, el dilema de la zanahoria y el garrote. La zanahoria consiste en proponer una inmolación pública: hay que pedirle perdón por sobre todas las cosas; incluidas las que realmente pasaron. El garrote aplicado, con una dosis de cinismo mal disimulado, implica causar angustia porque el demandado no sabe lo que pasará con el empleo, la familia, las multas, el costo de la defensa, la cárcel… o el fantasma, ya real e increíble, del exilio”.
Pero Fabricio Correa es del criterio de que “Calderón y Zurita tienen que estar tranquilos, pues esto se dilucida en cortes internacionales, que les van a dar la razón. Ellos saben que van a ganar en el extranjero, pero queda la certeza de que la seguridad jurídica en Ecuador se fue hacia abajo, con la ‘metida de manos’ a la Justicia. Hoy tenemos una Chucky-Corte haciendo lo que ordenan desde Carondelet”.