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Cuba

Opositores: Destrucción de democracia en América Latina se debe a mafia de La Habana

Participantes en el foro "¿Gobiernos revolucionarios o Estados mafiosos?" (izq a der) Laura Rojas, Bolivia; José Dávila (Nicaragua);Miguel Angel Martín (Venezuela); Rosa María Payá (Cuba); Enrique Sáenz (Nicaragua); y Vilma Petrash (Venezuela)
Participantes en el foro "¿Gobiernos revolucionarios o Estados mafiosos?" (izq a der) Laura Rojas, Bolivia; José Dávila (Nicaragua);Miguel Angel Martín (Venezuela); Rosa María Payá (Cuba); Enrique Sáenz (Nicaragua); y Vilma Petrash (Venezuela)

Este sábado se celebró en Miami el foro “Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos? Perspectivas y horizontes", con participación de destacados opositores y especialistas del área. La fortuna del "revolucionario" Daniel Ortega.

La necesidad de crear un frente común coordinado de las víctimas de la red mafiosa internacional que, manejada desde Cuba, ha destruido la democracia en Venezuela, Bolivia y Nicaragua; y la de gestionar la intervención de los organismos internacionales de justicia, fueron ideas recurrentes en el foro “¿Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos?, Perspectivas y horizontes”, que se desarrolló en Miami este sábado 8 de septiembre

En el evento convocado por la Fundación “Unidos por Nicaragua” participaron la cubana Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide; el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma (vía telefónica); Miguel Angel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio; Enrique Sáenz, economista y exdiputado nicaragüense; José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania; y Laura Rojas, presidenta del Movimiento Resistencia Femenina en Bolivia

La moderadora fue Vilma Petrash, especialista venezolana en ciencias políticas y relaciones internacionales.

En su introducción, Payá delineó el tema central de la discusión: los pueblos de estos países no se enfrentan a un gobierno o a una dictadura, sino a una mafia internacional organizada, encabezada por Cuba: el Estado cubano no se contenta con tener el control en su país y afectar las vidas de sus ciudadanos, sino que a través de su aparato de inteligencia procura infiltrarse, coordinar y expandir su poder en la región.

En ese empeño, prepara a candidatos afines para que se hagan con el poder en las urnas y luego se perpetúen en él, subvirtiendo el orden democrático─ una vez que han secuestrado todos los poderes─ con mascaradas como una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional. Cuando lo consideran necesario, no vacilan en eliminar brutalmente a los opositores.

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Participando por vía telefónica el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma se refirió al ejemplo de Nicaragua. Mientras que la Carta Democrática Interamericana define el comportamiento de los estados como Estados de Derecho, con respeto a los derechos humanos, elecciones libres y separación de poderes, en la “dictabrujería” (sic) nicaragüense todos los poderes están controlados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos, a pesar de tener en contra prácticamente a todo el pueblo ─estudiantes, sector privado, conferencia episcopal─ han desatado una feroz represión en la que han ultimado a cerca de 500 ciudadanos.

Justicia transnacional

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela, Miguel Angel Martín Tortabú, ratificó que los pueblos de estos países se enfrentan a una conspiración internacional que ha resquebrajado hasta su tejido social y se ha convertido en una amenaza a la región. No se trata de casos de corrupción aislados, sino de crimen organizado transnacional protagonizado por Estados forajidos y que, por ejemplo, usa el dinero del narcotráfico para financiar al terrorismo.

Aunque estos gobiernos demandan que se respete su soberanía nacional, la misma queda limitada desde el momento en que descuidan los derechos humanos de sus ciudadanos, señaló el jurista.

Llamó a enfrentarlos mediante la justicia transnacional universal: instrumentos jurídicos internacionales como la Corte Penal Internacional que se ocupa de los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Dijo que hay que exigir la intervención de estos organismos y la cooperación de jefes de Estado de países democráticos, como requieren algunos de estos mecanismos, y para que se abran en sus países procesos judiciales que conduzcan a órdenes de captura o sanciones económicas, como ha hecho Estados Unidos contra la estatal venezolana PDVSA bajo la Ley Magnitsky.

"Revolucionarios" con fortunas

Los intereses de estos conspiradores no son solo de control político, sino también económicos, indicó por su parte el economista y ex diputado nicaragüense Enrique Sáenz.

Explicó cómo no se puede comprender a la dictadura de Ortega en su país sin tomar en cuenta la cooperación petrolera venezolana. Señaló como a través de la Caja Rural Nacional, Caruna, y de Alba de Nicaragua S.A., Albanisa, ambas controladas por la familia presidencial, los Ortega imponen sus precios en la electricidad y el combustible. El servicio eléctrico es el más caro de Centroamérica, mientras que por el carburante, los nicaragüenses pagan 50 centavos de dólar más que el promedio centroamericano, lo cual reporta unos $100 millones anuales que van a las arcas del binomio gobernante, afirmó Sáenz.

Una reciente auditoría a Bancorp, un banco también creado por Ortega y que recibió en fideicomiso la administración del patrimonio de Caruna determinó que el valor de este era de unos $2.500 millones, comparado con un Producto Interno Bruto nacional de apenas $13.000 millones anuales.

Y estos ingresos, dijo el ponente, son solo los comerciales registrados. El economista citó un informe de la CEPAL que estima que el lavado de dinero en Nicaragua, el tercero mayor de la región, asciende a $450 millones anuales.

En un testimonio ante un Comité del Senado estadounidense el investigador Douglas Farah dijo que la organización IBI Consultants LLC había podido detectar más de 2 mil millones de dólares en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC colombianas por parte de Albanisa.

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Estudiantes "terroristas"

También de Nicaragua, el exembajador de ese país en Alemania, José Dávila se refirió al secuestro de las instituciones democráticas, en relación con la ley sobre terrorismo y lavado de dinero que el gobierno de Ortega hizo endurecer recientemente a los legisladores, para aplicar penas de hasta 20 años de cárcel a los capturados en su actual cacería de jóvenes opositores. Sin embargo, dijo, no hay un solo militar o paramilitar responsable de matar, violar o torturar señalado en los tribunales.

Dávila dijo que el régimen de Ortega ya no es un gobierno, sino una especie de califato, usurpadores del poder que se prestan como peones en la lucha geopolítica de Rusia y China contra Estados Unidos.

Bolivia dijo no, pero...

También se refirió al secuestro y manipulación de las instituciones democráticas la líder opositora boliviana Laura Rojas.

Ella recordó como el presidente Evo Morales perdió por un 51,3 % de los votos un referendo para que, a despecho de lo que prevé la constitución, se le autorizara reelegirse para un cuarto mandato. “Bolivia dijo no”, recordó Rojas. Pero Morales se las agenció para que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso de un grupo de parlamentarios de su partido para suspender los artículos que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas.

“Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero estos estados mafiosos se disfrazan de revolucionarios para perpetuarse en el poder”, apostilló Rojas.

En unas breves conclusiones la doctora Vilma Petrash recordó que Venezuela ya tiene 18 años resistiendo este “nacionicidio” que, con la ayuda de Cuba, se extendió desde ese a otros países, mientras es obvio para muchos que el actual éxodo desesperado desde Venezuela es una Cuba con fronteras, un Mariel extendido por toda Latinoamérica.

La especialista concidió sobre la necesidad de buscar salidas jurídicas internacionales. Lamentó que la comunidad mundial suela quedarse callada con respecto a la responsabilidad en todo esto del régimen de La Habana, pero dijo que “el disfrazado régimen de Díaz-Canel”, que ahora refuerza su disfraz con una Constitución, “debe ser responsabilizado por este horror que está viviendo América Latina”.

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Muere otro liniero en un accidente laboral: Trabajaba en la recuperación de las redes eléctricas tras la tormenta en La Habana

Leonel Barroso Machín, liniero fallecido en accidente laboral en La Habana (Facebook EMPRESA ELÉCTRICA DE PINAR DEL RÍO).
Leonel Barroso Machín, liniero fallecido en accidente laboral en La Habana (Facebook EMPRESA ELÉCTRICA DE PINAR DEL RÍO).

El joven liniero cubano Leonel Barroso Machín falleció por complicaciones derivadas de la caída de un poste mientras trabajaba en la recuperación de las redes eléctricas tras la tormenta de este fin de semana en La Habana.

Sin ofrecer detalles, la Empresa Eléctrica publicó un post en el que lamenta el fallecimiento del joven. "Ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos del liniero de la UEB Boyeros, Leonel Barroso Machín, quien falleció a causa de un accidente de trabajo, mientras laboraba en la recuperación del servicio eléctrico en la capital", dijeron.

Un colega suyo, identificado como Francisco Acosta, precisó en el grupo público "Linieros de Consolación" que Barroso Machín llegó con vida al hospital pero murió dos días después.

El fin de semana varias tormentas locales severas azotaron el occidente de Cuba con inundaciones, lluvia de granizo y fuertes vientos. dejando daños significativos en las viviendas, el tendido eléctrico y la agricultura. Según cifras oficiales, cerca de 120 mil clientes de la capital; 13.679de Pinar del Río, 54.787 de Artemisa, 43.808 de Mayabeque y 38.000 de Matanzas se quedaron sin servicio eléctrico.

Barroso Machín no es la primera víctima de un accidente laboral durante la recuperación de fenómenos meteorológicos. A finales de 2022, dos jóvenes operarios de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) murieron en función tras los daños que ocasionó el huracán Ian en la capital.

En los últimos meses la prensa estatal, que no suele hacerse eco de estos temas, ha reportado al menos otros dos fallciemientos de trabajadores vinculados a la empresa.

El primero ocurrió en octubre cuando un liniero con más de 16 años de experiencia falleció durante una jornada de trabajo en el municipio de Santo Domingo, provincia de Villa Clara. El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó del deceso en su red social X donde se refirió al hecho como un "accidente fatal". La víctima fue identificada como Edelin Giro Torres.

A inicios de este mes y luego de varias semanas de haber sufrido un accidente laboral, murió Daniel Vega de la Cruz, de 47 años, quien estaba reparando un cable eléctrico que había dejado sin servicio de agua potable durante “varias jornadas” a la zona alta y baja de la ciudad de Matanzas.

"Escalé con los medios de protección, pero uno de los angulares de esa estructura, al que había sujetado el cinturón de seguridad, se partió debido a los años de permanencia en el lugar. Me vine abajo, se me fracturaron el fémur izquierdo y la cadera, hasta el casco que llevaba en la cabeza se partió en dos… En este caso, como todo estaba oscuro, no se pudo detectar que esa fracción de metal estaba en malas condiciones”, confesó días antes de su muerte.

Según cifras oficiales, los Ministerios de la Agricultura (MINAG) y Energía y Minas (MINEM) fueron los que dejaron mayor número de víctimas mortales y heridos en accidentes laborales en 2022, con nueve decesos y cada uno y 237 y 131 lesionados, respectivamente.

El más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indica que en el primer semestre de 2023 habían ocurrido 884 accidentes de este tipo en el país en los que 31 personas murieron y 908 resultaron heridas. El número de muertes superaba en más de una decena los ocurridos en igual periodo del año anterior.

Comité del Senado de EEUU denuncia encarcelamiento de Maykel Osorbo

El rapero Maykel Castillo "El Osorbo" fue condenado a 9 años de cárcel. Fue uno de los protagonistas, junto al también preso político Luis Manuel Otero Alcántara y otros jóvenes, del llamado Acuartelamiento de San Isidro y uno de los intérpretes del éxito "Patria y Vida".
El rapero Maykel Castillo "El Osorbo" fue condenado a 9 años de cárcel. Fue uno de los protagonistas, junto al también preso político Luis Manuel Otero Alcántara y otros jóvenes, del llamado Acuartelamiento de San Isidro y uno de los intérpretes del éxito "Patria y Vida".

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos denunció este mes el encarcelamiento del rapero cubano Maykel "Osorbo" Castillo Pérez.

El artista ganador del Grammy Latino por su participación en el tema "Patria y Vida" fue destacado como parte de la campaña Truth To Power, una iniciativa dedicada a enaltecer a los defensores de derechos humanos alrededor del mundo y en la que han sido celebrados activistas de Uganda, Irán, Camboya, Ucrania, Rusia y Nicaragua entre otros países.

El comité senatorial recordó que el miembro del Movimiento San Isidro utiliza la música para protestar por la libertad de expresión y contra la censura gubernamental.

"Actualmente se encuentra tras las rejas por su activismo a favor de la democracia", agregó.

Tras su enorme éxito con "Patria y Vida" y una ola de protestas a favor de la democracia, Maykel Osorbo fue arrestado y condenado a 9 años de prisión, acusado de presuntos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones.

Activistas dentro y fuera de Cuba, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, han levantado sus voces exigiendo la liberación del artista, y todos los presos políticos en la isla.

Castillo Pérez está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Kilo 5 y medio en Pinar del Río.

Cerca de mil acciones represivas contra la libertad religiosa se produjeron en Cuba en 2023, según OCDH

Loreto Hernández García, prisionero político del 11J. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que hay "ensañamiento" contra este líder de la religión Yoruba. Foto tomada de Twitter/Embajador Rashad Hussain.
Loreto Hernández García, prisionero político del 11J. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que hay "ensañamiento" contra este líder de la religión Yoruba. Foto tomada de Twitter/Embajador Rashad Hussain.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en su reporte de 2023 sobre la libertad religiosa en Cuba, registró al menos 936 violaciones cometidas contra personas “públicamente identificadas como religiosas así como contra otras que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico”, dice el informe.

Al respecto, Yaxis Cires, director de Estrategias de OCDH, denunció en conversación con Martí Noticias que “el régimen cubano sigue utilizando su aparato de control y vigilancia para limitar o perseguir cualquier expresión pública de la fe, principalmente, en el ámbito cívico”.

Cires puso como ejemplo el asedio constante de la policía política cubana contra los miembros del Centro de Estudios Convivencia, del cual, al menos cuatro de sus integrantes fueron citados a interrogatorios durante el pasado año, como sucedió a Dagoberto Valdés Hernández, director de dicho centro y a Yoandy Izquierdo Toledo.

Informe de OCDH sobre violaciones de la libertad religiosa en Cuba
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También mencionó la precaria situación del sacerdote yoruba y prisionero político Loreto Hernández García. A juicio del activista del OCDH se trata de un “ensañamiento”, ya que al líder religioso no se le brinda la “adecuada atención médica ni la alimentación acorde con sus padecimientos”, al punto de que tuvo que ser hospitalizado de urgencia a causa de su frágil estado de salud.

“La negación de asistencia religiosa a determinados presos políticos (…) y también la detención arbitraria contra la señora Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano”, quien fuera arrestada por intentar entrevistarse con el Cardenal Beniamino Stella durante su visita a Cuba.

“Hemos documentado otras citaciones y amenazas o impedimentos de asistencia a misa, principalmente, en contra de las Damas de Blanco”, señaló Cires refiriéndose a la organización femenina creada en la isla en 2003, al calor de la conocida como Primavera Negra de Cuba y cuyas integrantes son arrestadas y multadas cada domingo, al intentar llegar a las iglesias a rezar por los prisioneros políticos.

Estas denuncias, advierte Cires, se hacen “precisamente en un contexto donde han salido a la luz en días recientes las prohibiciones de realizar procesiones durante la Semana Santa en algunas localidades del país después de las últimas protestas del 17 y 18 de marzo”.

Las autoridades cubanas autorizaron más de un centenar de procesiones para esta jornada religiosa pero denegaron las de la diocésis de Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en La Habana.

En el informe titulado “Segundo Estudio sobre la Libertad Religiosa”, que fuera publicado por OCDH en junio de 2023, los encuestados afirmaron que “tener una postura política basada en su fe” (59%) y “hablar públicamente sobre su fe” (45%)”, son razones suficientes para sufrir el acoso del régimen y, además, el 68% de los creyentes considera que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba viola o reprime sus derechos”.

(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)

Más de 18 mil vehículos con la revisión técnica vencida en 2023, un año en el que aumentó la cifra de fallecidos por accidentes en Cuba

Imagen de archivo de un accidente ocurrido en el Malecón de La Habana / Foto: Captura de video
Imagen de archivo de un accidente ocurrido en el Malecón de La Habana / Foto: Captura de video

Al cierre de 2023, más de 18 mil vehículos en Cuba tenían la revisión técnica vencida, revelaron este miércoles las autoridades durante el balance de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV) en la que analizaron la incidencia de accidentes de tránsito en el país.

"El año 2023 cerró con 18.216 vehículos con revisión técnica vencida, aumentando un 81 % de octubre a diciembre, mientras que de 2022 aún persisten 3.900 vehículos", recoge un artículo publicado por el diario oficialista Granma.

Los accidentes de tránsito han sido catalogados por las propias autoridades como una "epidemia" en la isla. En 2023, aunque disminuyó la cifra total de siniestros respecto a 2022, aumentó el número de fallecidos.

De acuerdo a cifras oficiales, en ese periodo un total de 729 personas murieron y 5.938 resultaron lesionadas en los 8.556 accidentes de tránsito reportados en el país.

"Los fallecidos incrementan en un 3 %, al registrarse 22 más que en 2022", explicaron.

Según dijeron, las autoridades retiraron 13.005 licencias de conducción, 3.318 más que en 2022, "por acumulación de puntos, multas fuera de término, ingestión de bebidas alcohólicas y actualización del chequeo médico".

Info Martí | Los accidentes de tránsito en Cuba
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El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), reconoció recientemente que el mal estado de las carreteras y de los vehículos en circulación influye en la incidencia de los accidentes de tránsito, aunque insistió que el factor humano es la causa fundamental de los mismos.

“No prestar la debida atención al control del vehículo y no respetar el derecho de vía, generaron el 60 % de los accidentes, el 48 % de los fallecidos y el 66 % de los lesionados”, dijo.

En sus declaraciones a la prensa estatal aclaró que la crisis económica que atraviesa Cuba no le permite al Gobierno solucinar los problemas.

El estado de las vías, a partir de las limitaciones en las inversiones para su mejoramiento, y la incorporación a la circulación de más de 400 000 ciclomotores, también complican la seguridad vial… La situación económica de la Isla y el déficit de partes y piezas continúan impactando negativamente en el estado técnico de los vehículos".

Cuba registró un número récord de accidentes de tránsito en 2022. Los informes oficiales indican que ese año ocurrieron 9.848 siniestros, con un saldo de 7.547 lesionados. La cifra de 2022 supuso casi 1500 siniestros más que en 2021, cuando ocurrieron 8.369.

Inician proceso penal contra mujer de Banes por compartir denuncias sobre autoridades locales

La mujer detenida en Banes, Yoandra Mir Cedeño (Facebook), compartió denuncias de casos de corrupción, de implicación en delitos de oficiales de la policía y algunos relacionados con la venta de drogas.
La mujer detenida en Banes, Yoandra Mir Cedeño (Facebook), compartió denuncias de casos de corrupción, de implicación en delitos de oficiales de la policía y algunos relacionados con la venta de drogas.

La policía de Banes, en la provincia Holguín, instruyó con los cargos de desobediencia y desacato a Yoandra Mir Cedeño por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes de su localidad.

Mir Cedeño fue arrestada el domingo, temprano en la mañana, presuntamente, por seguir al usuario anónimo Cansador cansado que publica sus post en el perfil Revolico Banes Obelisco y “denuncia, muy minuciosamente, casos de corrupción, de implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso el Jefe de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), algunos relacionados con la venta de drogas”, indicó a nuestra redacción, el periodista independiente, Héctor Julio Cedeño Negrín, tío de la mujer detenida.

“Como ella replica esas informaciones, ellos vinieron a la casa para dejarle una citación para la estación policial pero cuando ella fue a firmar el recibo, la cogieron violentamente, la arrastraron, la metieron en un patrullero y se la llevaron para la unidad; golpearon a mi hermana, su madre, y a mi mamá, su abuela, que tiene 92 años que también fue a tratar de defenderla”, dijo.

Dos horas más tarde, las fuerzas policiales practicaron un registro en el domicilio de Mir Cedeño.

“Se llevaron un teléfono de mi sobrinita que tiene doce años y la laptop de otra de sus hijas que está estudiando en la universidad, dos cámaras fotográficas y alguna otra cosa más”, detalló el comunicador.

Cedeño Negrín dijo además que su sobrina ya había sido advertida por la policía en varias ocasiones para que no compartiera “ni le diera like” a los posts de Cansador casado.

Un oficial de la estación policial de Banes detalló a Martí Noticias que el delito de que acusan a Mir Cedeño está relacionado conque la acusada “se está manifestando contra las autoridades del gobierno”.

Entre 2018 y 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó varios decretos ley, el Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023 que buscan limitar o prohibir la divulgación de informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en el ciberespacio.

La reciente legislación persigue las señales de oposición también en las redes sociales. Al menos tres activistas han sido sentenciados por criticar a autoridades cubanas en Facebook: Leandro Pupo Garcés, de Banes Holguín; Yerli Luis Velázquez, de Las Tunas, y Ezequiel Morales Carmenate, de Puerto Padre, también en la provincia tunera.

El gobernante Miguel Díaz-Canel se ha referido a las redes sociales como “redes antisociales, son redes digitales, pero ellos lo que hacen es antisocial, no crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, genera odios, manipula los sentimientos, tergiversa realidades”.

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