Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Human Rights First dijeron que el Pentágono les comunicò que no había espacio suficiente para sus representantes en la sala de justicia.
Las organizaciones indicaron que el Departamento de Defensa sólo proporcionó espacios para unos pocos periodistas y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Los tres grupos defensores de los derechos humanos acusaron al Pentágono de incumplir la promesa de que el proceso judicial sería abierto, a fin de limitar las crìticas a los procedimientos.
Hasta el momento, no se han establecido tribunales militares para enjuiciar a alrededor de 650 presuntos miembros de la red terrorista al-Qaida y el derrocado régimen Talibán que fueron capturados en Afganistán y permanecen detenidos en la base estadounidense en Guantánamo.
Washington sostiene que el acceso a los prisioneros o a las audiencias judiciales es restringido porque esos individuos han sido clasificados como combatientes enemigos.