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La resurrección del tema del Campo de Detención de Guantánamo le devuelve a la opinión pública un argumento que fue parte importante de la campaña presidencial de Obama: el cierre de la prisión en su primer año de mandato.

La noticia de la muerte de Osama Bin Laden no sólo secuestró –como era de esperar- el pulso del resto de otros acontecimientos en pleno desarrollo alrededor del mundo (revelaciones de Wikileaks sobre Guantánamo, guerra civil en Libia, protestas multitudinarias en varios países del Oriente Medio, bodas de la realeza británica, beatificación de Juan Pablo II), sino que por el contrario, puso de relieve de manera incuestionable la importancia de dicha prisión en la lucha contra el terrorismo.

Según se dio a conocer a los pocos días de la acción militar, el paradero del terrorista más buscado del mundo fue ubicado gracias a los ahogamientos simulados que se usaron con Khalid Sheik Mohammed (el supuesto cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre que permanece detenido en Guantánamo), quien terminó por revelar el nombre del mensajero que llevaría a la inteligencia de Estados Unidos hasta el lugar donde se encontraba Bin Laden.

Las prácticas conocidas como “técnicas reforzadas de interrogatorios”, que durante años desataron intensas polémicas sobre su legalidad, y que fueron prohibidas por el presidente Obama apenas llegó a la presidencia en el año 2009, reabren ahora el debate sobre su efectividad y le confieren la legitimidad que los partidarios de tales métodos defienden. Pero al mismo tiempo, la resurrección del tema del Campo de Detención de Guantánamo le devuelve a la opinión pública un argumento que fue parte importante de la campaña presidencial de Obama: el cierre de la prisión en su primer año de mandato.

Así lo expresó en el 2007, al anunciar su candidatura, y así lo reiteró un año después, en plena faena electoral. Vale la pena destacar que el propio presidente George W. Bush, y el senador republicano John McCain, manifestaron intenciones similares respecto al centro de detención en el oriente de Cuba. McCaín incluso acaba de declarar que la muerte de Osama Bin Laden no justifica el uso de la tortura.

Muchos analistas consideran que el anuncio del candidato y después presidente de Estados Unidos, de cerrar un capítulo que de alguna manera ensombreció la imagen del país más poderoso del planeta, es un acto necesario, conveniente, pero de muy difícil ejecución. Un repaso a las preguntas esenciales no hace sino acentuar el carácter insoluble de las propuestas. ¿Qué hacer con los detenidos contra los que no existen pruebas? ¿Liberarlos? ¿Regresarlos a sus países? ¿Presentarlos ante Cortes militares o civiles? Y sobretodo, ¿qué debe hacerse con esos que representan un peligro real para Estados Unidos y nunca serán ni procesados ni liberados?

Aunque el Congreso aprobó una resolución que otorgaba al presidente George W. Bush autorización sin precedentes para ejercer la fuerza contra “naciones, organizaciones e individuos”, que a su criterio estuviesen relacionados de alguna forma con los atentados del 11 de septiembre o con futuros actos terroristas, y el propio presidente firmó un memorando (de carácter secreto) que autoriza a la CIA a establecer centros de detención fuera del territorio estadounidense, la instalación de la prisión de Guantánamo -y todo su andamiaje jurídico- siempre ha estado sumergida en una atmósfera de irregularidad no exenta de críticas. Algunos juristas consideran que la existencia del penal, donde son retenidas por la fuerza personas sin que se le presenten cargos, ni sean representados por un abogado, se encuentra en un vacío o limbo legal.

Estados Unidos considera a los detenidos en Guantánamo de “combatientes enemigos ilegales” y no prisioneros de guerra, por lo que no califican dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra. Pero, ¿qué hacer con los inocentes que aún permanecen detenidos por problemas de identidad errónea o simplemente mala suerte, por encontrarse en el lugar equivocado? ¿Y qué decir de los liberados sin haber sido rehabilitados o sin la supervisión necesaria, considerados como peligrosos?

Ahora se sabe que uno de los entrenadores de los rebeldes libios, que intentan derrocar al gobernante Muammar Gadafi, tiene vínculos más estrechos con Al Qaeda de lo que se pensaba.

Abu Sufian bin Qumu participó por dos décadas en actividades combativas radicales antes de que se entrenara en dos campos de Al Qaeda. Participó en la lucha de los mujahidines contra la Unión Soviética y la Alianza Norte, y fue conductor de Osama bien Laden en Sudán.

Por seis años estuvo detenido en Guantánamo antes de que Estados Unidos lo entregara a las autoridades de Libia en 2007, por pedido de Gadafi, quien lo dejó en libertad en el verano pasado. Entonces, su presencia ahora entre los insurgentes libios que combaten a Gadafi corrobora las sospechas de que militantes de Al Qaeda participan en esa guerra civil que busca sacar al dictador libio del poder (con el apoyo de Estados Unidos y Occidente), pero que, paradójicamente, puede llevar a los islamistas y terroristas de Al Qaeda a formar parte de un nuevo gobierno en el país magrebí.

Las “técnicas reforzadas de interrogatorios”, que ayudaron a encontrar al terrorista más sanguinario de la historia, pueden ser legítimas y al mismo tiempo ilegales; justas y a su vez ilícitas; y necesarias aunque inaceptables, pero siempre serán tema de discusión y contarán con tantos partidarios como detractores. A pesar de ello, no se puede negar que el mundo es un lugar más habitable sin Osama Bin Laden haciendo de las suyas en él.

Pero si la muerte del terrorista ha devuelto la respiración a los habitantes del planeta, también ha hecho más visible la prisión de Guantánamo y más difícil el aplazamiento nuevamente del debate sobre su cierre, una de las promesas incumplidas de Barack Obama durante su campaña presidencial.

Un tema difícil, sin duda, que de no tener una solución convincente, seguirá siendo eso: la piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos.

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