El informe fue presentado en La Habana, en el llamado Encuentro Mundial de los Programas Ciudades Sostenibles, y la campaña cubana es auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
El 43 por ciento de las viviendas registradas en la isla se encuentra en un estado entre regular y malo, y el gobierno comunista atribuye una parte del problema a la escasa disponibilidad de recursos financieros, de la que el gobierno responsabiliza al embargo americano.
Ahora sería necesario que se reconstruyeran 50 mil viviendas al año durante diez años, con 20 mil de ellas solamente en La Habana.
El sistema jurídico impuesto por el gobierno de Cuba, con el pretexto de evitar el lucro, impide a los cubanos comprar y vender sus viviendas, obligándolos a intercambiarlas entre sí.