En un comunicado, la entidad defensora de los derechos humanos dijo que los activistas fueron sometidos a juicios precipitados e injustos, y condenados a severas penas de cárcel.
Amnistía Internacional afirmó que revisó detalladamente las acusaciones formuladas por las autoridades y llegó a la conclusión de que se trata de presos de conciencia, detenidos por la pacífica expresión de sus ideas y por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
El documento señaló que la organización ha recibido denuncias sobre las condiciones carcelarias de los activistas, los malos tratos que éstos reciben, casos de reos mantenidos en total aislamiento durante largos períodos y de acceso inadecuado a la atención médica.
Amnistía Internacional criticó la práctica de encarcelar a presos de conciencia a enormes distancias de donde viven sus familiares, y subrayó que esto contraviene los principios de las Naciones Unidas y puede considerarse un castigo adicional impuesto a los prisioneros y a sus familiares.
Por otra parte, la entidad instó al gobierno cubano a dar marcha atrás a su decisión de cancelar la moratoria en la aplicación de la pena de muerte, medida que estaba en vigor desde hacía tres años antes de las ejecuciones, en abril pasado, de tres individuos que secuestraron una embarcación para escapar de la isla.