El procesamiento sigue a los intentos fallidos para lograr un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados de Omri Sharón.
El caso se ha estudiado durante tres años, desde el 2001, con el informe del Controlador del Estado en el que figura que dos compañías habían transferido grandes cantidades de dinero a personas que trabajaban en las campañas electorales de Ariel Sharón en 1999 y 2001.
Mientras que en las investigaciones Ariel Sharón afirmó que el dinero se había invertido sin su conocimiento, su hijo, Omri, se acogió al derecho a permanecer en silencio.