El director de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, dice estar al tanto de que el gobierno del presidente Joe Biden implementó nuevas restricciones a los solicitantes de asilo que ingresan a Estados Unidos, pero advirtió que algunos aspectos de la orden ejecutiva podrían infringir la protección a los refugiados requerida en el derecho internacional.

Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, habló con The Associated Press mientras su agencia daba a conocer el jueves su informe anual "Tendencias Globales" para 2023. Halló que el número acumulado de personas que se han visto obligadas a efectuar un desplazamiento forzado se elevó a 120 millones de personas en ese año, 6 millones más que el año previo.

La ACNUR hizo notar que la cifra total equivalía aproximadamente a toda la población de Japón.

El informe de la agencia halló que tres cuartas partes de esas personas desplazadas a la fuerza —incluidos los refugiados que tuvieron que irse al extranjero y la gente desplazada dentro de su propio país— vivían en naciones pobres o de ingreso medio. Grandi insistió que ello era un indicio de cómo los flujos de migrantes y refugiados no eran sólo un problema para el mundo de los países ricos.

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Lamentó cómo las crisis en África han sido pasadas por alto en gran medida, en particular en Sudán, donde unos 10,8 millones de personas tuvieron que desplazarse a fines de 2023, luego que se desató un conflicto entre fuerzas leales a generales rivales en abril de ese año.

Grandi dijo que la atención del mundo a las crisis que enfrentan los refugiados y las personas desplazadas internamente se ha centrado principalmente en Gaza —donde estalló un conflicto devastador y letal en octubre del año pasado— y en Ucrania, que ha padecido la invasión de Rusia desde febrero de 2022.

Lamentó también cómo el mundo ha ignorado mayormente la crisis de refugiados generada por el conflicto en Sudán.

Mientras tanto, Estados Unidos ha enfrentado "el reto más complejo" en lo que respecta a refugiados de cualquier país en el mundo desarrollado, agregó Grandi, refiriéndose a la llegada de gran cantidad de personas a la frontera con México.

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El director de la ACNUR criticó los planes del gobierno de Biden de implementar nuevas restricciones a los migrantes que piden asilo en la frontera —que para algunos son una maniobra política antes de las elecciones nacionales de noviembre—, considerándolas una posible infracción al derecho humanitario internacional.

Sin embargo, reconoció que las ambiciones del gobierno de Biden de reubicar a unos 125.000 refugiados en Estados Unidos equivalían a "un ejemplo muy luminoso de generosidad" estadounidense.

En Estados Unidos, una coalición de grupos de defensa de los migrantes demandó el miércoles al gobierno por la reciente directiva sobre solicitudes de asilo en la frontera sur, argumentando que no es muy distinta a una acción similar de la presidencia de Donald Trump que los tribunales bloquearon.

Grandi también puso de relieve las dificultades que enfrentan refugiados y personas desplazadas internamente en medio de conflictos en países como Congo y Myanmar, e hizo notar que Siria sigue siendo el país con la mayor crisis de desplazados del mundo, con casi 14 millones de personas obligadas a irse al extranjero o a otro sitio dentro del territorio sirio.

Durante el mes de mayo, el equipo de Monitoreo de la ONG Cubalex documentó 317 hechos represivos en todas las provincias del país, abarcando 706 incidentes en 50 categorías de represión e informó sobre las muertes de al menos cinco personas bajo custodia de los uniformados.

Cubalex agrega que durante ese mes se registró la muerte "por falta de atención médica del recluso Alexis Curbelo en el Combinado del Este 11 y otro de identidad desconocida en la prisión Cuba-Panamá; así como de los prisioneros José Antonio Zulueta y Dionis Castañeda, en el Combinado de Guantánamo, por hambre, según informó el preso político Emeregildo Duvergel en llamada telefónica al Consejo de Relatores. También en Pinar del Río, en la estación policial de San Juan y Martínez, ocurrió la muerte bajo custodia, con signos de violencia física, del joven Luis Ángel Benítez, detenido horas antes por los uniformados".

Aunque estos datos representan un subregistro, evidencian la sistematicidad de las violaciones de derechos en Cuba, subrayó la organización en un comunicado de prensa.

El reporte dice que un dato notable es que no hubo un solo día en mayo sin al menos un evento represivo registrado.

Entre los incidentes documentados destacan las violaciones contra los presos, detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia, operativos policiales de vigilancia, cortes selectivos de comunicaciones, citaciones arbitrarias y violaciones a la libertad religiosa.

Entre las provincias, la mayor cantidad de violaciones se registró en La Habana (128), Matanzas (28) y Camagüey (25). En cuanto a municipios, los mayores acumulados estuvieron en Camagüey y Diez de Octubre (ambos con 22) y Guanabacoa (18).

"Las prisiones se mantienen como espacios de violaciones e impunidad. La negación de atención médica y falta de medicamentos, unido a la mala alimentación, arbitrariedades, torturas, aislamientos prolongados, agresiones, malos tratos y violaciones de las Reglas Mandela hacen que los reclusos comparen las cárceles cubanas con campos de concentración", indica el reporte.

La ONG Prisioners Defenders reportó este jueves una escalada de la represión en Cuba en mayo, lo que elevó la cifra de presos políticos en la isla a 1.113.

Ese mes, precisa la organización, hubo 19 nuevos arrestos, 11 de ellos por participar en las manifestaciones populares en la localidad de Juraguá, Cienfuegos, el pasado 28 de mayo.

El régimen desplegó además un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla” con “detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas”, a propósito del aniversario de la fundación de la República de Cuba, el día 20.

Entre ellos se encuentran Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio independiente “Panorama Pinareño”, quienes fueron detenidos en el municipio San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río.

También aparece en el listado Juan Manuel Moreno Borrego, director de “Amanecer Habanero”, citado e interrogado en la estación policial del municipio Plaza de la Revolución para que no saliera a las calles el 20 de mayo.

Otros reporteros a quienes amenazaron por la misma razón fueron Antonio Suárez Fonticiella, director del medio “Páginas Villareñas” de Villa Clara y Mabel Páez Díaz, directora de “El Majadero de Artemisa”.

“Me dijo que tenía los días contados, que dejara de hacer periodismo, que van a sacar de las calles [meter en prisión] a todos los periodistas independientes y a tomar medidas drásticas con todo el que aliente al pueblo a salir”, contó Mabel a PD.

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El 15 de mayo Orlidia Barceló Pérez, directora de “El Espirituano”, y su esposo, el también periodista Pedro Luis Hernández Hernández, fueron interrogados en El Vivac (Centro de Instrucción Penal, para ejecutar interrogatorios y torturas), en Sancti Spíritus. Un día después fue detenido Vladimir Turro Páez, periodista de Cubanet, cuando salía de la sede de las Damas de Blanco, en la Habana.

"Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a estos en Cuba", recoge el informe de la organización.

Leandro Muñoz Zamora, un joven de 20 años residente en la ciudad de Santa Clara, falleció luego de lanzarse desde la ventanilla de un ómnibus de la Empresa Constructora Militar en la mañana del pasado 12 de junio.

En un inusual reporte de la prensa estatal relatan que el recluta estaba siendo trasladado a Matanzas para continuar allí su Servicio Militar Obligatorio.

"El hecho ocurrió cerca de las 10:00 a.m. en el kilómetro 254 de la Autopista Nacional, en la provincia de Villa Clara. Muñoz Zamora viajaba junto a otros 11 soldados, tres civiles y el chofer hacia la ciudad matancera, donde continuaría su misión como parte del Servicio Militar Activo", recoge la nota de prensa de la emisora CMHW.

El régimen no publica las cifras de personas que fallecen en el SMO pero según registros de la organización independiente Cubalex, consultados por Martí Noticias, desde 2022 han muerto al menos otros 16 jóvenes en activo.

Ese año varios reclutas de la brigada de bomberos en Matanzas fallecieron durante la extinción del fuego en la Base de Supertanqueros, el incendio más grande registrado en la isla en las últimas décadas. A raíz de ese incidente, ganó fuerza un movimiento impulsado por madres y padres que se oponían a que sus hijos fueran reclutados.

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En Cuba el Servicio Militar es obligatorio por dos años para los hombres entre los 17 y los 28 años. A quienes reciben carreras universitarias, el término se le reduce a la mitad.

A mediados de 2023, el Parlamento aprobó un nuevo código penal militar que incluye sanciones de hasta 5 años de cárcel a los que se nieguen a pasar el SMO. La normativa condena además a aquellos que no respondan al llamado o se autolesionen para evitarlo.

“Quien, con la intención de evadir definitivamente el servicio militar, abandone la unidad o lugar donde preste el servicio, o deje de presentarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años”, estipula el artículo 41 del capítulo III de la norma.

Los observatorios de género YoSíTeCreo en Cuba y Alas Tensas registraron dos nuevos casos de feminicidio, lo que eleva a 25 los incidentes registrados este año en la isla.

Estos dos crímenes "denotan la urgencia de sistemas de protección efectivos y refugios para las víctimas con riesgo para su vida", advirtieron el miércoles ambas organizaciones en la plataforma X.

Una de las víctimas es Katia Ortiz Figueredo, de 25 años de edad, quien falleció en la vía pública de la ciudad de Las Tunas, el 5 de junio, a manos de su expareja, con antecedentes de violencia machista contra ella, precisaron ambos observatorios.

La segunda es Cindy Samanthy González Espinosa, conocida como Samy. Esta mujer, de 32 años de edad, murió el 18 de mayo en la casa de una amiga, donde se había escondido, sin éxito, de su expareja.

Este último hecho tuvo lugar en el Barrio Obrero, de San Miguel del Padrón, en La Habana.

A inicios de mes, los observatorios de género habían reportado el caso número 23 del año, cuando una madre en Guantánamo fue asesinada por un conocido con antecedentes penales .

La mujer fue identificada como Aniuska Hernández Ginard, de 49 años, y madre de tres hijas, confirmó a Martí Noticias Yanelys Núñez, coordinadora general de Alas Tensas.

Núñez lamentó entonces que la prensa oficial cubana guarde silencio sobre estos crímenes.

"Hay silencio por parte de las autoridades, hay silencio por parte de los medios de prensa y los feminicidios siguen (porque nosotros tenemos abiertas otras alertas que no hemos podido verificar) en aumento, siguen sucediendo frente a la inmovilidad de las instituciones", dijo.

El feminicidio no está tipificado como un delito dentro del Código Penal cubano. Las organizaciones feministas llevan años exigiendo la aprobación de una ley contra la violencia de género en el país. La discusión de una propuesta sometida a la Asamblea Nacional del Poder Popular ha sido postergada por las autoridades hasta 2028.