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Venezuela

Gobierno de Maduro complacido con resolución de la OEA

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se ve al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se ve al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó el viernes una resolución sobre Venezuela que expresa solidaridad con la situación que vive el país, pide que continúe el diálogo y lamenta las muertes ocurridas.

La OEA decidió por amplia mayoría llamar a la continuación del "diálogo nacional" en Venezuela, una fórmula que satisfizo a Caracas y decepcionó a EE.UU., Panamá y Canadá, que lo interpretaron como una abierta validación de la respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro a la crisis en el país.

En el segundo de dos días de sesión extraordinaria a puerta cerrada sobre Venezuela, y tras siete horas de reunión, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración conjunta con 29 votos a favor y 3 en contra -los de EE.UU., Panamá y Canadá- y con la ausencia de Bahamas y Grenada.

La declaración fue recibida de inmediato por el representante venezolano, Roy Chaderton, como un "triunfo" no sólo para su país, sino "para la América Latina", mientras que EE.UU., Panamá y Canadá expresaron profundas discrepancias en sendas notas al pie de página del documento.

En Caracas, el Gobierno de Maduro celebró el viernes como una"victoria de la dignidad" la declaración de solidaridad del Consejo Permanente de la OEA.

"Más que de Venezuela, creo que es una victoria de la dignidad de la América Latina y caribeña", dijo el jefe de la diplomacia venezolana, Elías Jaua, en diálogo telefónico con el canal estatal VTV en el que también señaló que la declaración es "a favor de la
paz, del diálogo y de la institucionalidad democrática" en el país.

La declaración expresa condolencias por las víctimas registradas en las protestas que comenzaron el mes pasado, pide avanzar en las investigaciones al respecto, rechaza la violencia y llama a respetar los derechos humanos; al tiempo que muestra "respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados".

Además, la OEA expresa su "reconocimiento, pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales para que continúen avanzando en el
proceso de diálogo nacional, hacia la reconciliación política y social", con respeto "a las garantías constitucionales" y "por parte de todos los actores".

Ése fue el punto que más debate generó durante las 15 horas de debate formal divididas en dos días, dado que el primer proyecto de texto, presentado por Bolivia, expresaba un apoyo explícito a la Conferencia de Paz convocada por Maduro para solucionar la crisis, una mención que finalmente se eliminó por falta de consenso.

No obstante, EE.UU. opinó que la expresión de "respaldo" a la continuación del "diálogo nacional" implica un apoyo a esa Conferencia de Paz "orquestada por un solo actor", algo que viola "la responsabilidad de la OEA de permanecer neutral".

"La declaración sólo ofrece un apoyo parcializado a un diálogo patrocinado por el Gobierno que ha sido rechazado por sectores importantes de la oposición", señaló EEUU en su nota a pie de página.

En la misma línea, Panamá afirmó en su nota que ese punto puede leerse "como una parcialización hacia el Gobierno, frente al resto de los actores sociales", y que la alusión al "diálogo nacional puede interpretarse como que sólo apoyamos el diálogo actual".

Panamá, cuya insistencia en que se convocara la reunión en la OEA le ha valido la decisión de Venezuela de romper las relaciones diplomáticas bilaterales, considera que la propuesta "no es equilibrada" y la organización debería haber sido "más neutral", según dijo a periodistas el embajador panameño, Arturo Vallarino.

El objetivo por el que Panamá solicitó al Consejo Permanente convocar la reunión fue el de analizar la convocatoria de una reunión de cancilleres de todo el continente sobre el tema de Venezuela, algo que quedó descartado porque una mayoría de países lo consideraron "prematuro", según reconoció el propio Vallarino.

Tampoco prosperó una propuesta de Perú para que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, hiciera informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en Venezuela, una idea sensible ya que el Gobierno de Maduro ha expresado rotundamente su rechazo a cualquier intervención del organismo en el país.

En su lugar, el Consejo expresa en la declaración su "interés de mantenerse informado sobre la situación y el diálogo instaurado en Venezuela", sin especificar ningún mecanismo para ese seguimiento.

Los embajadores de EE.UU. y Panamá aseguraron que continuarán el debate en el Consejo sobre Venezuela para encontrar ese mecanismo, y el segundo de ellos aseguró que, pese a que no se convocara a los cancilleres, su país cumplió su objetivo "de que se trajera el tema de la situación grave por la cual atraviesa Venezuela a la OEA", donde, pronosticó, el debate "se va a quedar por buen rato".

Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero una ola de protestas contra el Gobierno que en algunos casos se han tornado violentas, al causar al menos 19 fallecidos, 318 heridos y 1.103 personas detenidas, según datos oficiales.

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Liberan a popular youtuber venezolano arrestado el domingo en Caracas

Según los informes preliminares disponibles, la detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo / Foto: Óscar Alejandro Pérez Martínez (Facebook del joven)
Según los informes preliminares disponibles, la detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo / Foto: Óscar Alejandro Pérez Martínez (Facebook del joven)

Las autoridades de Venezuela liberaron este lunes al popular youtuber Óscar Alejandro Pérez Martínez, detenido el domingo por presuntos vínculos con "actividades terroristas", confirmó su familia en un comunicado.

"Amigos estoy bien y en libertad. En algunas horas a través de mi canal de YouTube contaré todo lo que pasó. Gracias a todos por su apoyo", escribió en su cuenta en X.

No obstante, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el joven está bajo investigación.

La policía detuvo a Pérez Martínez en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Canaima, el parque nacional donde se encuentra la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel.

“Según los informes preliminares disponibles, la detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo”, recoge el comunicado de la familia.

El joven periodista de 37 años, que tiene casi dos millones de suscriptores en YouTube y más de 580.000 seguidores en Instagram, es un crítico de Nicolás Maduro y sus regímenes aliados. En sus videos, documenta visitas a sitios turísticos de todo el mundo con testimonios de los residentes.

El arresto de Pérez Martínez ocurre en un contexto de detenciones a activistas y defensores de los derechos humanos en ese país luego de que las autoridades afirman haber descubierto seis presuntos complots vinculados al terrorismo y conspiraciones antigubernamentales.

"El régimen de Maduro aumenta el número de víctimas acusadas de terrorismo en Venezuela. El país se ha convertido en un lugar donde la justicia tiene valor cero", cuestionó en X el politólogo y columnista del periódico El Nacional.

"Nicolás Maduro utiliza todo su poder para crear narrativas y fabricar expedientes contra cualquier persona que considere una amenaza, expeditamente los arrestan y torturan. Se ha convertido en un lugar de venganza y revancha, donde los funcionarios inscriben a ciudadanos en listas de arrestos y los acusan de delitos falsos, etiquetándolos como terroristas.. La nueva víctima, el YouTuber Oscar Alejandro", agregó.

Oscar Alejandro viajó hace cuatro años a Cuba y publicó varios videos en sus redes sociales en el que contaba su experiencia en la isla.

Tras las masivas protestas del 11 de julio de 2021, el yotuber también se sumó a una flotilla que zarpó de Miami para lanzar fuegos artificiales en la frontera marítima con Cuba, una iniciativa organizada en apoyo a los manifestantes.

Nota de editor: Este texto fue actualizado tras la liberación del youtuber.

Presentan informe ante la Corte Penal Internacional sobre la participación de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)
Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)

La abogada venezolana Tamara Suju entregó esta semana a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la intervención del régimen cubano en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su país.

“Hemos cumplido con el mandato de las víctimas que quieren que se haga justicia en sus casos”, dijo la también activista por los derechos humanos y aclaró que el informe contiene una petición para se incluya al estado cubano en investigación que la Fiscalia realiza por el caso Venezuela I.

Suju compartió un video en vivo desde La Haya, sede del organismo, en el que habla de importancia de “recuperar a Venezuela”.

“Los cubanos no solamente han formado y han sido parte de la planificación, sino que han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. Nosotros necesitamos recuperar a Venezuela, necesitamos recuperar nuestra soberanía y de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que están invadiendo nuestro territorio... Necesitamos recuperar además de nuestra democracia, a nuestras instituciones y nuestra dignidad”.

En el video aprovechó además para enviarle un "mensaje de esperanza" a los cubanos. "Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes".

Venezuela es el primer país de América Latina que enfrenta una investigación formal en la CPI, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como "Venezuela I", por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2022, la Misión Independiente de Verificación de los Hechos presentó ante Naciones Unidas un informe en el que detallan cómo el régimen de Maduro tuvo asesoría de La Habana para la ejecución de dichos crímenes.

Según el documento, exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aseguran que "agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM", organización que, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), ha estado involucrada en la represión.

El año pasado, el gobierno de Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de "complementariedad", pero los jueces aprobaron que la Fiscalía de la CPI reanude las indagaciones.

Tamara Suju es la directora ejecutiva de CASLA, organización pro derechos humanos y vigilantes del estado de la democracia en Latinoamérica que ha logrado identificar a torturadores y personas dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia responsables de las torturas a presos políticos en Venezuela.

Régimen de Maduro arresta a otros dos miembros del equipo de María Corina y dice que va a por más detenidos

María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.
María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.

A cuatro meses de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el próximo 28 de julio, otros dos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado fueron arrestados este miércoles en Caracas por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

Con las detenciones en plena calle de Henry Alviares y Dignora Hernández, suman ocho los colaboradores de la principal opositora del chavismo y pudieran ser más, según amenazan los funcionarios del régimen.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que estas dos personas habían sido detenidas: “Ahora no vengan a decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la plaza Bolívar marchando. Todo lo contrario (...) ¿Va a salir ahora la oficina del Alto Comisionado de la ONU o las ONG estas financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que estas personas detenidas con una orden de aprehensión van a decir que son desapariciones forzadas?”.

Desde el pasado 23 de enero se encuentran detenidos los coordinadores regionales Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo). El 8 de marzo, en tanto, fue arrestado Emill Brandt Ulloa, coordinador en Barinas, y esta misma semana Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.

Saab dijo que ya habían emitido las órdenes de aprehensión contra Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda, también miembros del equipo electoral de Vente Venezuela.

"Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia. Venezolanos, les pido fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos y firmes para seguir avanzando hacia nuestros objetivos", pidió la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

Por otra parte, políticos y analistas advirtieron que Maduro además está bloqueando la posible postulación de candidatos que pudieran sustituir a Machado.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que César Pérez Vivas, ex gobernador de Táchira, y Juan Pablo Guanipa, diputado electo en 2015, tienen una prohibición para ejercer cargos o función pública.

Guanipa dijo a la Voz de América que las inhabilitaciones son el arma de la cobardía y el abuso de un régimen dictatorial.

Según el politólogo John Magdaleno, hay al menos dos mil políticos inhabilitados para funciones públicas en Venezuela, y seguramente habrá nuevas inhabilitaciones exprés.

Maduro se anunció días atrás como candidato oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela. De triunfar en los comicios de julio, garantiza su tercer mandato consecutivo.

Elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez

Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)
Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)

La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela será el próximo 28 de julio, informó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Está previsto que el actual mandatario, Nicolás Maduro, aspire a la reelección en unos comicios sin adversarios fuertes, mientras la candidata favorita de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada por decisión de su gobierno.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que la fecha de los comicios, que coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue aprobada de forma unánime por el Consejo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, en control del oficialismo, entregó al CNE un documento que detallaba las condiciones de las elecciones presidenciales, pero este no fue suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora.

Machado, la principal candidata de esa coalición pero inhabilitada desde junio de 2023 por el gobierno de Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años, recibió el apoyo de Estados Unidos tras ganar en octubre de 2023 las primarias de la oposición con más del 90% de los votos.

Un reporte de Associated Press señala que, consultado por el anuncio del CNE, el equipo de prensa de Machado descartó que vaya a dar declaraciones.

Según la Contraloría, la candidata opositora participó en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. No se presentaron pruebas en su contra.

A finales de enero de este año, la inhabilitación de Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La candidata se niega a aceptar la resolución.


Según el cronograma aprobado por el CNE, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio, mientras que los votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

La elección del 28 de julio para la realización de los comicios, subraya el reporte de AP, permite al gobierno de Maduro cumplir con una parte del acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición y el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, que exigía que las elecciones presidenciales tuvieran lugar en el segundo semestre de 2024.

Otros puntos del acuerdo incluyen la elaboración de un plan que propicie las condiciones políticas para la realización de elecciones libres y democráticas, pero con inhabilitación de Machado y otros candidatos de la oposición, entre otras irregularidades, las voces críticas señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido aún esas garantías.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el acuerdo y retomó algunas de las sanciones económicas impuestas a la administración de Maduro.

Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"

Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.
Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.

La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".

De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".

El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.

La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".

El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".

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