La noticia le llegó a Putin cuando visitaba Vietnam. Rusia era elegida para retornar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobernante ruso y su homólogo vietnamita se congratularon mutuamente. Rusia, junto a China, Cuba, Vietnam, Argelia, Arabia Saudí, están en el nuevo Consejo de Derechos de la ONU, que inicia labores el 1 de enero del 2014 y se mantendrán ahí por tres años. En ninguno de esos países un relator de la ONU, en esa materia, ha podido realizar sus funciones.
En Rusia, después de la caída de la URSS, la guerra en Chechenia fue el tema que más atención acaparó. Los atropellos de las tropas rusas a la población civil, los brutales métodos contra los rebeldes detenidos, los bombardeos a aldeas en el Cáucaso, fueron denuncias permanentes. Con la llegada de Putin al poder en el 2000 aumentaron. Desde el acoso y penalización a las minorías sexuales hasta la prohibición de adoptar menores a los estadounidenses son claros ejemplos de la falta de tolerancia de las autoridades rusas.
Rusia fue miembro del Consejo durante dos términos seguidos; desde que se creó en el 2006 hasta el 2012, y no pudo ser reelecta pues no lo permite el reglamento.
Desde el verano pasado Rusia notificó al Secretario General de la ONU el interés de Moscú de retornar a la silla. En la misiva a Ban Ki Moon, el embajador ruso Vitali Churkin juró que Moscú será un activo miembro y centrará sus labores “en la lucha contra el racismo, la discriminación racial internacional, xenofobia y otras formas de intolerancia”. Precisamente la discriminación racial y la intolerancia son asignaturas pendientes del Kremlin, que persigue a los disidentes, acusa a las ONG de espionaje y valora de “piratas” a los activistas de Greenpeace.
En octubre pasado el Kremlin admitió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su responsabilidad por la violación de derechos fundamentales durante la guerra de Chechenia. El tribunal sentenció a Rusia a pagar una indemnización de 1.16 millones de euros a 13 denunciantes, que durante el conflicto perdieron a 18 familiares a manos del ejército ruso. Ese mismo tribunal sancionó a Rusia en el 2010 por prohibir los desfiles y marchas de homosexuales.
En los informes anuales de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, Rusia aparece como uno de los países violadores, y el presidente ruso no se pierde un lugar en las listas de depredadores de la libertad de expresión que elabora Reporteros Sin Fronteras.
En Rusia, después de la caída de la URSS, la guerra en Chechenia fue el tema que más atención acaparó. Los atropellos de las tropas rusas a la población civil, los brutales métodos contra los rebeldes detenidos, los bombardeos a aldeas en el Cáucaso, fueron denuncias permanentes. Con la llegada de Putin al poder en el 2000 aumentaron. Desde el acoso y penalización a las minorías sexuales hasta la prohibición de adoptar menores a los estadounidenses son claros ejemplos de la falta de tolerancia de las autoridades rusas.
Rusia fue miembro del Consejo durante dos términos seguidos; desde que se creó en el 2006 hasta el 2012, y no pudo ser reelecta pues no lo permite el reglamento.
Desde el verano pasado Rusia notificó al Secretario General de la ONU el interés de Moscú de retornar a la silla. En la misiva a Ban Ki Moon, el embajador ruso Vitali Churkin juró que Moscú será un activo miembro y centrará sus labores “en la lucha contra el racismo, la discriminación racial internacional, xenofobia y otras formas de intolerancia”. Precisamente la discriminación racial y la intolerancia son asignaturas pendientes del Kremlin, que persigue a los disidentes, acusa a las ONG de espionaje y valora de “piratas” a los activistas de Greenpeace.
En octubre pasado el Kremlin admitió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su responsabilidad por la violación de derechos fundamentales durante la guerra de Chechenia. El tribunal sentenció a Rusia a pagar una indemnización de 1.16 millones de euros a 13 denunciantes, que durante el conflicto perdieron a 18 familiares a manos del ejército ruso. Ese mismo tribunal sancionó a Rusia en el 2010 por prohibir los desfiles y marchas de homosexuales.
En los informes anuales de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, Rusia aparece como uno de los países violadores, y el presidente ruso no se pierde un lugar en las listas de depredadores de la libertad de expresión que elabora Reporteros Sin Fronteras.
