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Juez desestima denuncia de Nisman contra la Presidenta argentina
El juez federal dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó el jueves la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los responsables del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, lo que le da un respiro a la mandataria en el momento más difícil de su gestión.
El Juez dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero, informó el Centro de Información Judicial.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, cuatro días después de acusar a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman, a un diputado oficialista, a dos supuestos espías, a un referente de la comunidad iraní en Buenos Aires y a dirigentes sociales afines al Gobierno de haber participado en un plan para "garantizar la impunidad" de los ocho iraníes acusados de idear el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causó 85 víctimas fatales.
Su muerte, que la justicia investiga para determinar si fue un suicidio o un asesinato, generó una crisis política e institucional en el país.
La denuncia de Nisman había sido avalada días atrás por su colega el fiscal Gerardo Pollicita, que la reavivó al entender que había sospechas fundadas para investigar a la mandataria y había pedido al juez que autorizara la práctica de una serie de pruebas para avanzar en la investigación.
Pero, según Rafecas, ninguna de las hipótesis defendidas por Pollicita, al avalar la denuncia del fallecido Fiscal, "se sostienen mínimamente" y el "presunto delito nunca se cometió".
De su análisis de los elementos del caso presentados, el juez concluyó que "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".
Fernández y funcionarios del Gobierno descalificaron la denuncia del fallecido Fiscal y la atribuyeron a un complot ideado por un ex agente de Inteligencia que fue destituido en diciembre y que era cercano al investigador.
La comunidad judía reaccionó a la decisión de Rafecas diciendo que "merece el mayor de los respetos", según declaró el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Julio Schlosser. "Uno se siente sorprendido, pero no frustrado", dijo Schlosser. "Si dijeran que ya no puede saberse más sobre el asesinato de 85 personas".
Nisman basó buena parte de su denuncia en escuchas telefónicas que fueron autorizadas por la justicia en el marco de la investigación del atentado contra el centro judío ocurrido en 1994.
Las escuchas involucraron a dirigentes sociales cercanos al Gobierno que, en público, mostraron una actitud antisemita y a un dirigente de la comunidad iraní que, según infirió Nisman de las intervenciones telefónicas, mantuvo al tanto a uno de los acusados del atentado del supuesto plan para lograr la impunidad de los imputados.
Fernández y el canciller Timerman no aparecen hablando en las escuchas pero son mencionados por algunos de los imputados en ese supuesto plan de encubrimiento, subrayó Nisman en su denuncia, la más grave recibida por la mandataria en sus más de siete años de gobierno y que se suma a otras acusaciones entre las que se cuenta una por presunto lavado de dinero.
La decisión del juez puede ser apelada por Pollicita ante el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes.
Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, dijo a The Associated Press que la medida tomada por Rafecas "le da aire al Gobierno".
El analista señaló que desde el 18 de enero, cuando el Fiscal fue hallado muerto en su departamento cuatro días después de denunciar a la Presidenta, el Ejecutivo "venía recibiendo sólo malas noticias". "Si había algo que impactaba en la opinión pública era la muerte de Nisman. Sin dudas el más perjudicado fue el Gobierno", dijo Bacman, para quien Fernández "sigue teniendo una buena imagen del 41%".
El analista Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online, dijo que Rafecas está "condicionado" por ser un juez que ha afrontado varias solicitudes de destitución impulsadas por el oficialismo. Una de esas solicitudes derivó del manejo que hizo de la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou, por la supuesta compra irregular de una imprenta que produce el papel moneda argentino.
Rafecas fue apartado de esa causa porque un tribunal consideró que había incurrido en la presunta violación de la reserva del sumario al haber intercambiado mensajes de texto con el abogado de uno de los imputados en la investigación.
Fidanza destacó, no obstante, que varios abogados constitucionalistas ya habían sostenido que la denuncia de Nisman no era sólida. Abogados penalistas dijeron, en tanto, que había indicios para seguir investigando.
Rafecas dijo que tras haber estudiado "con máximo detenimiento" los elementos reunidos por Nisman llegó a la conclusión de que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado".
Así, el magistrado echó por tierra la acusación de que el Gobierno acordó con el Estado iraní proteger a los acusados del atentado y que el colofón de ello fue un memorando de entendimiento firmado en enero de 2013 entre los dos Gobiernos con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque, por el que todavía no hay detenidos.
"Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir... una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la justicia argentina?", se preguntó Rafecas.
El juez se refiere a que nunca se puso en funcionamiento una Comisión de la Verdad, prevista en el memorando, que a su vez fue declarado inconstitucional por un tribunal argentino. Esa comisión debía estar integrada por juristas internacionales que podían hacer recomendaciones sobre la investigación del atentado terrorista.
Nisman consideró esa comisión iba a ser en realidad una fachada ya que, según sostenía, ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.
En ese sentido, el juez consideró "infundada la versión" de Nisman según la cual el Canciller argentino "habría hecho gestiones en Interpol para dar de baja las notificaciones rojas" en el marco de la firma de dicho memorándum de cooperación judicial.
El magistrado tuvo en cuenta los dichos de Ronald Noble, Secretario General de Interpol cuando se firmó el memorando. "Puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores (Héctor) Timerman y el Gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas", señaló Noble entonces.
Nisman argumentó que el acercamiento de Argentina a Irán tenía como propósito restablecer las relaciones comerciales entre Estados e intercambiar granos por petróleo en un contexto de desabastecimiento energético.
Shannon O'Neal, especializada en Latinoamérica para el centro de estudios Council on Foreign Relations, señaló a su vez que las acusaciones contra la Presidenta han "debilitado al Gobierno" y los "argentinos todavía están abiertos a las teorías conspirativas".
"Incluso con la desestimación de los cargos en contra de ella, todavía hay interrogantes sobre quién mató a Nisman", señaló.
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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