Un ex ministro de Defensa de El Salvador acusado de haber participado en masacres y violaciones a los derechos humanos en su país intentó el lunes demostrar que no tenía el control de las fuerzas militares ni pleno conocimiento de lo que sucedía en su país, para evitar una posible deportación de Estados Unidos.
La estrategia del general José Guillermo García Merino tuvo lugar al reanudarse el juicio de deportación que enfrenta en un tribunal de inmigración del centro de la ciudad de Miami, y unos días antes de que sea revelada en Boston, el 1 de marzo, la sentencia del militar salvadoreño Inocente Orlando Montano tras un juicio que enfrentó por haberle mentido a las autoridades de inmigración.
"La razón por la que traje el artículo es para demostrar que había tantas cosas pasando que nadie sabía con exactitud quién mataba a quién", manifestó la abogada de García, Alina Cruz, tras entregarle al juez Michael Horn un artículo de un periódico de Miami de 1980 que incluía información sobre la presunta participación de Cuba y Nicaragua en la guerra civil salvadoreña.
"Está claro que el gobierno de El Salvador... tenía divisiones" internas, aseguró más adelante.
Las audiencias se reiniciaron con un interrogatorio de Cruz a Terry Karl, una experta en temas de El Salvador y Latinoamérica de la Universidad de Stanford que las autoridades estadounidenses presentaron como testigo.
El gobierno nacional busca deportar a García bajo acusaciones de que "ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales" mientras se desempeñó como ministro de Defensa, entre 1979 y 1983.
El departamento de Seguridad Interna basó su solicitud de repatriación en una ley federal aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que allana el camino a las autoridades federales para acusar y procesar a presuntos represores extranjeros.
El proceso ante el juez Horn había sido suspendido en diciembre por las festividades de fin de año y se espera que termine el miércoles, aunque el magistrado no está obligado por ley a revelar la sentencia ese mismo día y podría tomarse más tiempo.
García, cuyo testimonio está previsto para el martes y miércoles, tiene derecho a apelar la decisión judicial. Así, una resolución definitiva sobre su deportación podría demorar meses. A lo largo de su extenso interrogatorio, Cruz preguntó a Karl si no era cierto que no era posible saber quién estaba haciendo el daño en El Salvador.
"No es cierto. Era posible saber quién estaba haciendo la mayor parte del daño", dijo la experta. "Las fuerzas armadas salvadoreñas eran responsables de la mayoría de las matanzas. Sabemos eso", respondió Karl, sentada a poca distancia del escritorio donde permanecía también sentado García.
El ex ministro de Defensa, que vive en la Florida, escuchaba la traducción de la audiencia del inglés al español a través de unos auriculares que llevaba en su cabeza, encima de su cabellera blanca. Su mirada permanecía baja, hacia el escritorio, y no miraba a Karl, sentada a unos dos metros de distancia en diagonal.
García no puede ser juzgado en El Salvador ya que una ley de amnistía aprobada en 1993 benefició a los militares que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la guerra de 1980 a 1992.
Activistas y organizaciones de derechos humanos confían en que esas normativas sean abolidas y los militares puedan ser juzgados en su país en algún momento.
Para desligar la responsabilidad de su cliente en las matanzas, Cruz le preguntó a Karl si no era cierto que civiles y soldados también mataban a personas para vengar los asesinatos que habían sufrido en sus familias. La experta le dijo que sí, que en toda guerra civil existen venganzas. Pero aseguró: "Esto no afecta el hecho de que sucedió" mientras García era ministro y tenía algún tipo de conocimiento.
Más adelante, Karl dijo que como el militar de mayor rango en el gobierno, García sabía lo que estaba pasando.
Cruz, que en varias oportunidades debió reformular y hacer más claros sus cuestionamientos a pedido del juez, le preguntó si no era cierto que García no tenía control de sus fuerzas, y la profesora rechazó su pregunta.
"El tenía control de sus fuerzas", aseguró Karl.
A lo largo del juicio el gobierno estadounidense ha presentado evidencias documentales para que el juez ordene la deportación de García.
Otros de los testigos, además de Karl, fueron el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador Robert White, y Juan Romagoza, un médico que sobrevivió a torturas y atendió a víctimas de las masacres. Todos ellos declararon ante el juez en diciembre.
El gobierno procura demostrar que García no hizo nada para frenar los asesinatos y matanzas extrajudiciales, ni para investigarlos.
No es el primer juicio que enfrenta García en Estados Unidos. El ex ministro salvadoreño fue uno de los acusados en una demanda civil que culminó en el 2002 con una sentencia millonaria a favor de Romagoza, Neris González y Carlos Mauricio, tres sobrevivientes de torturas.