Sí, es cierto que el gobierno ha iniciado una reforma laboral para permitir la ampliación del sector cooperativista en el país.
Hasta ahora esta es una forma de gestión que solo se ha permitido en el sector agropecuario y en algún pequeño sector de choferes de alquiler o barberías, pero siempre fuertemente limitada y controlada por las instituciones estatales.
Según el informe presentado ante la asamblea nacional del poder popular, el gobierno estudia extender a 222 actividades económicas la creación de cooperativas no estatales, durante el transcurso de este año.
Según las nuevas regulaciones habrá inicialmente cooperativas tan inusuales como las de pescadores, o las que se dediquen a servicios personales o producción, que integran desde forjadores de hierro y carpinteros, hasta técnicos informáticos y electricistas.
Según se informa, las cooperativas que se creen disfrutarán de condiciones no discriminatorias y se les respetará su personalidad jurídica, de forma suficiente como para que puedan ejercer todos sus derechos.
El propio vicepresidente del consejo de ministros, Marino Murillo, declaró que no se puede cometer el error de, por encima de la cooperativa, “engancharle una empresa estatal porque no la dejaría vivir”. Lo que deja suponer que al menos existe una intención de darles un amplio margen de acción a estas cooperativas y evitar la competencia abusiva o la subordinación de las mismas al sector estatal.
Pero la realidad solo se conocerá cuando sean presentadas las regulaciones para las operaciones de estas cooperativas y cuando se vea como se les permite operar.