miércoles, abril 23, 2014, 6:16 am

Cuba

Avala contraloría de EE.UU. ejecución de programas para Cuba

Tras 15 meses de evaluación, GAO concluyó que los programas supervisados por USAID han mejorado, mientras que el Departamento de Estado debe controlar más a sus implementadores.

John Kerry pidió el informe en 2011. Los programas se concentran en la promoción de la sociedad civil y de la libertad de información. John Kerry pidió el informe en 2011. Los programas se concentran en la promoción de la sociedad civil y de la libertad de información.
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John Kerry pidió el informe en 2011. Los programas se concentran en la promoción de la sociedad civil y de la libertad de información.
John Kerry pidió el informe en 2011. Los programas se concentran en la promoción de la sociedad civil y de la libertad de información.
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Martinoticias.com
En su más reciente informe sobre los programas estadounidenses de apoyo a la democracia en Cuba --implementados por el Departamento de Estado y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, USAID—la contraloría de Estados Unidos consideró que han mejorado pero que, en el caso de la cancillería, requieren una vigilancia más estrecha de las entidades implementadoras para saber cómo gastan los fondos.

En el reporte dado a conocer el jueves, tras una auditoría de 15 meses, la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) no hizo recomendaciones a USAID, la dependencia del gobierno federal que recibe la mayor parte de los fondos para implementar los programas cubanos (68%), a los que el Congreso ha asignado 205 millones de dólares desde 1996.

Estos tienen como objetivos primarios el desarrollo y promoción de la sociedad civil y de la libertad de información en la isla. Sus beneficiarios suelen ser líderes comunitarios, periodistas independientes, mujeres, jóvenes y grupos marginados.

El documento consigna que en los últimos años se han asignado más fondos para llevar a cabo los programas a entidades con fines de lucro y organizaciones no gubernamentales enfocadas en la región que a universidades y ONGs concentradas solamente en Cuba.

Esta revisión de la GAO fue ordenada en septiembre del 2011 por John Kerry, actual secretario de Estado y entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, luego de que algunos miembros del Comité se quejaran de que los programas eran ineficaces y solamente provocaban a las autoridades cubanas.

Para la confección de su informe, GAO identificó la asistencia actual, así como a los contratistas implementadores, los subcontratistas y los beneficiarios. Revisó asimismo los esfuerzos de USAID y el Departamento de Estado para implementar los programas de conformidad con las leyes y regulaciones estadounidenses; y examinó la vigilancia que mantienen sobre el uso de los fondos.

La pesquisa incluyó el envío de personas a La Habana para entrevistar a funcionarios de la Sección de Intereses de Estados Unidos y observar actividades en esa legación.

Acerca de la gestión de USAID y el Departamento de Estado, señala la contraloría que el primer organismo ha mejorado su vigilancia financiera y del desempeño de los socios implementadores, después de introducir nuevas políticas y emplear a un auditor externo, a fin de mejorar el monitoreo y la evaluación y realizar unas 30 inspecciones financieras y de los controles internos.

El Departamento de Estado, en cambio, no realizó inspecciones financieras o de control a dos terceras partes de sus implementadores entre 2010 y 2012, debido a una limitación de recursos. Pero en septiembre de 2012 la cancillería contrató a un auditor externo al que asignó fiscalizar a más de la mitad de sus implementadores.

El informe no menciona el caso de Alan Gross, empleado del contratista de USAID Development Alternatives, Inc. (DAI), quien fuera detenido y condenado a 15 años de prisión en Cuba por introducir equipos de internet satelital como parte de uno de los programas de libertad de información.

No obstante, GAO sugiere a la cancillería que implemente reglas claras para guiar a los subcontratistas en su trabajo, en una isla que "continúa planteando sustanciales desafíos para la asistencia estadounidense".

Gross y su esposa Judy han demandado en los tribunales a USAID y DAI por considerar que el primero no fue bien informado de los riesgos que podía correr.

Escuche opinión del Departamento de Estado con nuestro corresponsal, Luis Alberto Muñoz
Opinión del Departamento de Estado Sobre Informe del GAOi
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