Los casos de Ángel Carromero y Alan Gross no han hecho más que empeorar la situación de la oposición interna en Cuba, ante todo en cuanto al apoyo externo que puedan recibir los distintos movimientos opositores que operan en el interior de la Isla. Es claro que las situaciones que enfrentan el joven político español y el contratista norteamericano son el ejemplo, toque y aviso que La Habana quiere enviar como advertencia a los amigos de una oposición ilegalizada, perseguida y atormentada por todos los frentes posibles.
Me consta que hay grupos de apoyo en el exterior que ya han hecho esta lectura. Cada vez se extiende más la desazón por el punto muerto en el que el “caso cubano” está instalado de forma permanente, sin que se adivine cuál es la propuesta factible a implementar en Cuba una vez conclusa la era Castro, si es que llega realmente jamás a ponérsele punto final. Por ello también se plantea el interrogante de si es necesario arriesgarse a mandar a nadie a la Isla en operaciones que pueden acabar como al régimen mejor le convenga.
La ayuda externa a la oposición cubana ha dependido mucho más de la voluntad de partidos políticos conservadores en alianza con grupos afines en el interior de la Isla, pero el caso de Ángel Carromero muestra la fragilidad de estas alianzas. Al final pueden ser solo posturas de cara a la galería sin una firme convicción a favor de la democracia en Cuba.
Mientras se sigan anteponiendo los intereses económicos de un país o los de un partido por delante de lo que se está defendiendo para los cubanos, un horizonte de libertad y democracia, la ayuda de los partidos políticos resultará inocua para la dictadura. A la solidaridad con la oposición interna cubana le ha hecho falta más apoyo cívico y menos político. Incluso podríamos decir que dejar caer la causa cubana en un conflicto entre derecha-izquierda ha mermado la posibilidad de ampliar la base de apoyo internacional hacia los opositores internos. Y más todavía cuando el régimen ha hecho un trabajo ejemplar al extender sus garras en todo el tejido asociativo europeo, fabricando un discurso de apoyo y justificación a la dictadura que se ha quedado fosilizado en la mente de un amplio sector de la opinión pública.
La auténtica solidaridad, aquella que cuenta, es la que parte de una inquebrantable voluntad por defender la democracia y la libertad, algo que puede sonar grandilocuente y a veces incluso naïf. La democracia es una lucha diaria y cada cuál, en su comportamiento cotidiano, la va construyendo. Porque no solo vale autodenominarse demócrata, hay que mirarse al espejo cada día y evaluarse cada día. Es casi una religión, una fe.
En este sentido, el gobierno español del PP está actuando como un mal demócrata al no cumplir con su promesa de invitar este 12 de octubre a los opositores cubanos a la Embajada de España en La Habana con motivo del Día de la Hispanidad. Como sede que representa en Cuba a los ciudadanos españoles, que contribuyen con sus impuestos a su existencia y mantenimiento, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy ofende a todos aquellos que sí estamos convencidos de que vale la pena apoyar a los demócratas cubanos sin doblegarse ni lo más mínimo ante las exigencias de un gobierno ilegítimo como es el castrista. Y mucho menos si la contrapartida no supone ningún tipo de mejoría para la situación de los cubanos en la Isla.
Me consta que hay grupos de apoyo en el exterior que ya han hecho esta lectura. Cada vez se extiende más la desazón por el punto muerto en el que el “caso cubano” está instalado de forma permanente, sin que se adivine cuál es la propuesta factible a implementar en Cuba una vez conclusa la era Castro, si es que llega realmente jamás a ponérsele punto final. Por ello también se plantea el interrogante de si es necesario arriesgarse a mandar a nadie a la Isla en operaciones que pueden acabar como al régimen mejor le convenga.
La ayuda externa a la oposición cubana ha dependido mucho más de la voluntad de partidos políticos conservadores en alianza con grupos afines en el interior de la Isla, pero el caso de Ángel Carromero muestra la fragilidad de estas alianzas. Al final pueden ser solo posturas de cara a la galería sin una firme convicción a favor de la democracia en Cuba.
Mientras se sigan anteponiendo los intereses económicos de un país o los de un partido por delante de lo que se está defendiendo para los cubanos, un horizonte de libertad y democracia, la ayuda de los partidos políticos resultará inocua para la dictadura. A la solidaridad con la oposición interna cubana le ha hecho falta más apoyo cívico y menos político. Incluso podríamos decir que dejar caer la causa cubana en un conflicto entre derecha-izquierda ha mermado la posibilidad de ampliar la base de apoyo internacional hacia los opositores internos. Y más todavía cuando el régimen ha hecho un trabajo ejemplar al extender sus garras en todo el tejido asociativo europeo, fabricando un discurso de apoyo y justificación a la dictadura que se ha quedado fosilizado en la mente de un amplio sector de la opinión pública.
La auténtica solidaridad, aquella que cuenta, es la que parte de una inquebrantable voluntad por defender la democracia y la libertad, algo que puede sonar grandilocuente y a veces incluso naïf. La democracia es una lucha diaria y cada cuál, en su comportamiento cotidiano, la va construyendo. Porque no solo vale autodenominarse demócrata, hay que mirarse al espejo cada día y evaluarse cada día. Es casi una religión, una fe.
En este sentido, el gobierno español del PP está actuando como un mal demócrata al no cumplir con su promesa de invitar este 12 de octubre a los opositores cubanos a la Embajada de España en La Habana con motivo del Día de la Hispanidad. Como sede que representa en Cuba a los ciudadanos españoles, que contribuyen con sus impuestos a su existencia y mantenimiento, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy ofende a todos aquellos que sí estamos convencidos de que vale la pena apoyar a los demócratas cubanos sin doblegarse ni lo más mínimo ante las exigencias de un gobierno ilegítimo como es el castrista. Y mucho menos si la contrapartida no supone ningún tipo de mejoría para la situación de los cubanos en la Isla.