Un jurado de Puerto Rico deliberaba el miércoles si un narcotraficante convicto debe ser ejecutado por matar a una novia que era informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos.
La agencia Prensa Asociada (AP) podría ser un caso histórico para este territorio estadounidense, donde la Constitución no acepta la pena de muerte y donde la última ejecución ocurrió en la horca en 1927.
Aunque el jurado puertorriqueño tiene la última palabra, el caso contra Edison Burgos Montes está en manos de un tribunal federal, que puede pedir la pena de muerte.
Si el jurado opta por la pena capital, Burgos sería ejecutado en el territorio continental de Estados Unidos, en algún estado que sea seleccionado por la Oficina de Prisiones, dijo Lymarie Llovet, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos para Puerto Rico.
Si el jurado rechaza la pena de muerte, Burgos sería condenado a cadena perpetua, agregó. Burgos fue declarado culpable a finales de agosto por el asesinato de Madelyn Semidey Morales, en julio de 2005.
El jurado comenzó a deliberar el martes por la mañana. Desde entonces, decenas de personas realizaron una protesta frente al tribunal federal. Entre ellos había miembros de la Iglesia Evangélica Unida, que se opone a la pena de muerte.
Cuando el juicio comenzó en abril, la madre de la víctima, Georgina Morales, dijo al diario El Nuevo Día que ella no cree en la pena capital y que prefería que se le impusiera cadena perpetua.
Desde entonces, Morales y otros familiares se han negado a hablar con los medios de comunicación, aunque el padre de la víctima, Carlos Semidey, entregó esta semana a la prensa una nota escrita a mano en la que lamenta que nunca se haya encontrado el cuerpo de su hija. Madelyn Semidey también dejó tres hijas pequeñas.
En casos federales previos, en 2005 y 2006, los jurados de Puerto Rico han rechazado la pena de muerte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos espera que otros dos casos de pena de muerte vayan a juicio en enero, dijo Llovet.
Puerto Rico prohibió primero la pena de muerte en 1929 a través de una legislación, y de nuevo al aprobar la Constitución en 1952, que considera la pena de muerte como una violación a los derechos humanos. La isla se une a 17 estados de Estados Unidos que no reconocen la pena de muerte.