América Latina
Fiscalía: Asesinan a dirigente estudiantil en Venezuela
Estudiantes universitarios se enfrentaban este jueves en Caracas con la policía antidisturbios en un nuevo brote de violencia que ha dejado más de 30 muertos en poco más de un mes de protestas.
Un dirigente estudiantil fue asesinado a tiros cuando participaba en una asamblea de su universidad en Anzoátegui, norte de Venezuela, informó la Fiscalía, sin precisar si tomaba parte de las protestas que realizan este jueves universitarios opositores.
José López Manjares, de 33 años, "se encontraba en una asamblea estudiantil. Al finalizar, uno de los asistentes se le acercó y le propinó varios disparos; posteriormente, huyó en una moto", según un boletín del Ministerio Público.
López era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Territorial José Antonio Anzoátegui. En el hecho resultaron heridas otras tres personas, según la Fiscalía.
Las autoridades, que no precisaron la filiación política de la víctima, realizan las investigaciones para identificar a los autores y determinar los móviles del crimen.
Según versiones de prensa, López organizaba durante la asamblea una manifestación. Otras versiones apuntan que ya había sufrido un atentado en diciembre pasado.
El homicidio ocurrió en una jornada en la que estudiantes universitarios protestaron en Caracas y otros puntos del país, en un nuevo brote de violencia que deja ya 33 muertos en poco más de un mes de protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.
En Caracas, agentes antimotines impidieron una marcha de cientos de alumnos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) lanzando bombas lacrimógenas, a lo que un grupo de jóvenes encapuchados respondió con piedras y cócteles molotov.
"Somos estudiantes, no somos terroristas", gritaban los estudiantes a los antimotines que bloquearon una de las principales entradas a la universidad con camiones blindados.
Los estudiantes, los más confrontativos en las marchas, realizaron asambleas en la UCV y en otras universidades en distintos puntos de Caracas así como en otras ciudades del país, y luego salieron a las calles para rechazar una Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro y exigir su salida del poder.
Un grupo llegó a la Conferencia Episcopal Venezolana, en el oeste de Caracas, donde entregaron un mensaje a la Iglesia y al papa Francisco, quien ha expresado su preocupación por la violencia.
"El mensaje al papa: nos están matando, es una dictadura. Que la Iglesia se sume a las movilizaciones", reveló Santiago Acosta, de la Universidad Católica Andrés Bello, al entregar la misiva.
La protesta estudiantil se desarrolla tras una jornada de fuertes disturbios el jueves en manifestaciones contra la Constituyente. Un joven de 18 años murió en el este de la capital, mientras que un policía falleció en una manifestación en el estado Carabobo (norte).
Las manifestaciones ocurren en medio de un fuerte deterioro de la economía, que golpea a los venezolanos con una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación considerada la más alta del mundo, de 720% para 2017 según el FMI.
"He perdido 10 kilos por esta situación del país. Lucho para que esto mejore", declaró a la AFP Daniel, un estudiante de 20 años, en la UCV, en el sureste de Caracas.
Según sondeos privados, más del 70% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, quien concluye su mandato en enero de 2019. Para la oposición su salida anticipada del poder es la única solución a la crisis.
"Seguiremos en la calle, pese a la fuerte represión del régimen, ante la gravedad de la crisis que hoy vive el país", retó Daniel Ascanio, de la Universidad Simón Bolívar.
Acosta aseguró que seguirán pidiendo elecciones, aunque el llamado a la Constituyente deja en el limbo los pendientes comicios de gobernadores que debieron realizarse en 2016, los de alcaldes de 2017 y los presidenciales de 2018.
"¿Cuántos heridos van? ¿Cuántos muertos?"
La dirigente Rafaela Requesens indicó que los estudiantes planeaban ir a la sede del Ministerio de Interior y Justicia para denunciar "violaciones de derechos humanos, represión y asesinatos" por parte de las fuerzas de seguridad.
"¿Cuántos heridos van? ¿Cuántos muertos? A pesar de que nos reprimen, luchamos por ustedes. Pusieron estos camiones porque saben que un piquete (cordón policial) lo tumbamos", espetó Requesens a los uniformados.
Cuando los estudiantes avanzaron de nuevo para intentar superar la barrera policial, se desató el enfrentamiento que duró más de tres horas.
Mientras algunos jóvenes armaban con dificultad los cócteles incendiarios en medio de una nube de gas, otros, incluidas algunas mujeres, recogían las bombas lacrimógenas y las apagaban en barriles con agua. Muchos, con síntomas de asfixia, tuvieron que retroceder.
El diputado y médico José Manuel Olivares, que acompañó la manifestación, aseguró a la AFP que ésta dejó una treintena de heridos, ninguno de gravedad.
Los policías, que obligaron a los jóvenes a replegarse, quedaron a pocos metros de la puerta del claustro. "Si quieres entrar a la universidad, inscríbete", gritó un joven a un oficial justo antes de arrojarle una roca.
La protesta se dispersó cuando los policías aumentaron la descarga de bombas, algunas directo a los manifestantes, que ya lucían exhaustos.
"Vayamos a nuestras casas, hay que recuperar energía, mañana volvemos a salir. Hoy defendimos nuestros derechos", pidió Requesens a docenas de jóvenes.
¿Fisuras en el chavismo?
La fiscal general Luisa Ortega, chavista confesa, condenó la represión de las protestas, en entrevista publicada el miércoles por el diario estadounidense The Wall Street Journal, lo que es interpretado por algunos analistas como fisuras en el chavismo.
Maduro está decidido a sacar adelante una Asamblea Constituyente que ahogue la ofensiva opositora en las calles. "Es el camino de la paz, de la reconciliación de Venezuela", declaró este jueves a la televisora oficial.
"Es una batalla compleja, pero nuestra patria no nos la va a quitar nadie", agregó el mandatario, quien el martes entregó al poder electoral el decreto de convocatoria a la Constituyente.
La oposición asegura que esa iniciativa consolida el "golpe de Estado", que según dice inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a fines de marzo las funciones del Parlamento, único poder del Estado que controla.
(AFP)
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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