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América Latina

Venezuela: Fiscal Gen. denuncia ruptura del orden constitucional; opositores salen a las calles

La OEA convoca a sesión urgente y también desde Ginebra, Suiza, el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas pidió al Tribunal Supremo de Venezuela que reconsidere su decisión de hacerse cargo de los poderes legislativo.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo el viernes que dos sentencias del Tribunal Supremo de su país, con las que la justicia asumió las funciones del legislativo, constituyen "violaciones" del orden constitucional.

En un sorpresivo giro, Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó esta semana al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", señaló durante un acto público Ortega, muy cercana al chavismo.

El bloque opositor denuncia que se consumó un "golpe de Estado" y desconoce al TSJ.

"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", señaló Ortega, confesa chavista, al referirse a las sentencias durante un acto público.

Es la primera alta funcionaria del Estado que critica los fallos judiciales, que desataron una oleada de rechazo en la comunidad internacional marcada por denuncias de ruptura institucional.

Un grupo de adversarios al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, liderados por un diputado de oposición, bloqueaba la mañana del viernes una de las principales autopistas de Caracas, anunciando más protestas en las calles para presionar por un cambio de gobierno en el país.

La movilización se produce un día después que el parlamento se declaró en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del máximo tribunal de la nación petrolera, que se adjudicó competencias legislativas esta semana.

"Hoy en toda Venezuela amanecimos trancando las calles y las autopistas. Que nadie se rinde, que nadie se detenga (...)Tenemos que exigir nuestros derechos", dijo el legislador Miguel Pizarro, acompañado de unas decenas de simpatizantes opositores, quienes obstaculizaban la vía muy cerca de la barriada de Petare, al este de la ciudad.

Acusan a Maduro de “golpe de estado” contra poder legislativo
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Naciones Unidas

Desde Ginebra, Suiza, el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas pidió este viernes al Tribunal Supremo de Venezuela que reconsidere su decisión de hacerse cargo de los poderes legislativos e instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a garantizar los derechos de reunión pacífica.

"Exhorto firmemente a la Corte Suprema a que reconsidere su decisión. La separación de poderes es esencial para que la democracia funcione, y mantener abiertos los espacios democráticos es esencial para asegurar que los derechos humanos estén protegidos", dijo en un comunicado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein.

"Las continuas restricciones a las libertades de movimiento, asociación, expresión y protesta pacífica no sólo son profundamente preocupantes sino contraproducentes en un país extremadamente polarizado que sufre una crisis económica y social", puntualizó el alto cargo de la ONU.

Zeid "tomó nota" asimismo del involucramiento regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la situación en Venezuela.

El diputado Juan Requesens (i) dirige una protesta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hoy, jueves 30 de marzo de 2017, en Caracas (Venezuela). Decenas de dirigentes opositores en Venezuela rechazaron hoy la sentencia que publicó el miércol
El diputado Juan Requesens (i) dirige una protesta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hoy, jueves 30 de marzo de 2017, en Caracas (Venezuela). Decenas de dirigentes opositores en Venezuela rechazaron hoy la sentencia que publicó el miércol

OEA

Mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó hoy formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Almagro pide que en esa sesión se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo) "así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela", según la solicitud, firmada hoy, a la que tuvo acceso Efe.

Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general y a cualquier Estado miembro para solicitar una sesión de "apreciación colectiva de la situación" donde se puedan "adoptar las decisiones que se estimen convenientes" cuando "se produzca "una alteración del orden constitucional" en un país que "que afecte gravemente su orden democrático".

UNASUR: La mayoría de los países de la alianza sudamericana Unasur condenó el viernes la situación institucional de Venezuela y consideró que el Tribunal Supremo atentó contra principios de la democracia al asumir funciones legislativas.

La crítica lleva la firma de Argentina, Brasil, Chile,Colombia, Paraguay y Uruguay, pero no de Bolivia y Ecuador,también miembros de Unasur pero de mayor afinidad ideológica con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

"Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá lascompetencias del Poder Legislativo, así como la decisión delimitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir lainmunidad parlamentaria de sus miembros", señalaron los países através de un comunicado.

La mayoría de los miembros de Unasur consideró que los recientes sucesos en Venezuela "atentan contra los principios yvalores esenciales de la democracia representativa y laseparación, independencia y acatamiento de poderes públicos".

Reacción Internacional

PERU. condenó la decisión y decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Venezuela, Mariano López Chávarry.

CHILE. Lamó a consulta a su embajador en el país, Pedro Ramírez Ceballos, como expresión de "la máxima preocupación respecto de los hechos que están ocurriendo".

BOLIVIA. La Cámara de Senadores de Bolivia pidió a José Alberto Gonzales, presidente del órgano legislativo, ordenar el retiro inmediato del embajador en Venezuela, Luis Trigo.

ESTADOS UNIDOS. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, condenó la decisión del TSJ de "usurpar los poderes de la Asamblea Nacional electa democráticamente" e hizo un llamado a realizar elecciones lo más pronto posible.

PANAMA. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la sentencia “agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela” e hizo un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”.

COLOMBIA. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó este viernes de "inaceptable" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones del Parlamento, que consideró una vulneración a la democracia.

"Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia, que es la representación popular", dijo Santos, durante un acto público en Cartagena

El Gobierno colombiano ordenó a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, que regrese a Bogotá para que “informe” sobre la situación de ese país, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento.

“Es un llamado a informar, queremos oír al embajador Lozano, entender la situación conversando con él y ahí tomaremos la decisión de qué hacer con el embajador”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, en declaraciones a la emisora Blu Radio.

CANADA. Canadá demandó hoy al Gobierno venezolano a que "restablezca la democracia" en el país tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland,
señaló en un comunicado que "Canadá está profundamente preocupada
por la decisión del Tribunal Supremo de suspender los poderes
legislativos de la Asamblea Nacional democráticamente elegida".

ARGENTINA. Argentina convocó para este sábado una reunión urgente de cancilleres del Mercosur en Buenos Aires para analizar la "grave situación institucional" que atraviesa Venezuela.

"Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela" los integrantes del Mercosur "han resuelto convocar una urgente reunión de Cancilleres" el sábado "para analizar posibles vías de solución", dijo un comunicado de la Cancillería argentina.

Argentina reivindicó la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos, la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas.

BRASIL. El canciller brasileño, Aloysio Nunes, asistirá este sábado en Buenos Aires a la reunión ministerial convocada por el Mercosur para discutir la situación venezolana, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El gobierno de Brasil consideró que en el país se produjo una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo. “El pleno respeto al principio de la independencia de los poderes es esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política del país”, refiere un comunicado de la Cancillería.

MEXICO. mostró preocupación por lo que considera “un deterioro del orden democrático en Venezuela”.

GUATEMALA. llamó a preservar "el Estado de Derecho, el apego a las normas constitucionales, la separación de poderes, la libre expresión del pensamiento y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, valores esenciales para conservar y consolidar una democracia representativa".

COSTA RICA. el Congreso indicó que la actuación del TSJ es uno de “los más graves atropellos al Estado de Derecho”, por tanto la Asamblea Legislativa condenó la “violación al régimen democrático” y repudió este acto que “se convierte en un golpe de Estado”.

ESPAÑA: El presidente del gobierno español Mariano Rajoy mostró este viernes su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de retirar las competencias a la Asamblea Nacional, alertando de que una ruptura de la división de poderes supone que "se rompe la democracia".

"Si se rompe la división de poderes se rompe la democracia. Por la libertad, la Democracia y el Estado de derecho en Venezuela", escribió poco antes de las 09h00 (7h00 GMT) en Twitter.

"El Gobierno español desea manifestar su profunda preocupación por la evolución de la situación en Venezuela", indicó mas tarde el gobierno en un comunicado.

UNION EUROPEA. llamó a fijar un “calendario electoral claro" y a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros".

"Las recientes resoluciones (...) están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolano", refirió un comunicado de la UE.

[Con información de AFP, Reuters , EFE y El Nacional]

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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

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