América Latina
OEA convoca reunión de Cancilleres para tratar crisis en Venezuela
En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará 24 meses para salir de la organización.
La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó este miércoles la convocatoria a una reunión de Cancilleres del Continente para analizar la crisis en Venezuela.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria del Mecanismo de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por 19 votos a favor, 10 en contra, cuatro abstenciones y una ausencia. Se necesitaban 18 votos para alcanzar la mayoría de los 35 países miembros necesaria para aprobar la convocatoria.
Una cumbre de cancilleres podría, con la aprobación de 24 países, suspender Venezuela de la OEA.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la quinta sobre Venezuela en un mes, fue pedida por un grupo de 17 países "considerando la creciente preocupación" continental sobre ese país, donde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro dejan ya una treintena de muertos.
Así enfrentaron los venezolanos a la Guardia Nacional el 20 de abril en Caracas
La petición fue presentada por Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que le atribuyen "carácter urgente y de interés común" a la situación en Venezuela.
El representante de Venezuela, rechazó la reunión reiterando lo expresado más temprano por la Cancillería de ese país.
"Venezuela no atenderá ninguna iniciativa en el marco de la OEA, que ha demostrado amplia y públicamente su tenor intervencionista en los asuntos internos de nuestro país", indicó un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.
En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará 24 meses para salir de la organización.
Al rechazar la decisión de Consejo Permanente, Rodríguez afirmó que lo que se pretender es “intervenir” y “tutelar” a Venezuela y sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no aceptará esas acciones.
Asimismo, la canciller indicó que a partir de ahora Venezuela no participará en ninguna actividad de la organización en la se pretenda posicionar el “intervencionismo” y el “injerencismo” de las naciones que, sostuvo, buscan “perturbar la estabilidad y la paz” de su país.
Rodríguez, había advertido la víspera que el presidente Nicolás Maduro ordenó "iniciar el procedimiento de retiro" del país de la OEA "de realizarse alguna reunión de cancilleres (..) que no cuente con el aval y el consentimiento del gobierno de Venezuela".
Las declaraciones de Rodríguez fueron condenadas por líderes opositores como el excandidato presidencial Henrique Capriles.
"El proceso tardaría dos años para hacerse efectivo. No vamos a permitir que nos aíslen del mundo. Todas las decisiones que toma el gobierno, en detrimento de los venezolanos, nos dan más razones para seguir luchando", dijo Capriles.
El gobierno venezolano reiteró sus críticas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien tilda a Maduro como "dictador".
"La OEA está descalificada para atender asuntos relacionados con Venezuela porque ha sido instrumentalizada para despropósitos, arbitrarios, parcializados, desproporcionados, dolosos y desviados" de Almagro, "que contravienen gravemente las normas rectoras", agregó la Cancillería.
El acuerdo de la OEA aumenta la presión internacional sobre el gobierno venezolano, que se intensificó luego de que a finales de marzo el máximo tribunal se atribuyera temporalmente funciones del Parlamento, el único poder en manos de la oposición.
Almagro, acusa al gobierno venezolano de tener "las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo", defiende un llamado a elecciones generales como única salida a la crisis.
El embajador de Venezuela trató de que se suspendiera la reunión alegando que su país ya había pedido una reunión extraordinario de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (Celac) señalada para el 2 de mayo, un marco que el gobierno venezolano país considera más adecuado que la OEA.
A diferencia de la OEA, la Celac, una iniciativa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, padre político de Maduro, excluye a Canadá y Estados Unidos pero incorpora a Cuba.
La canciller argentina Susana Malcorra defendió a la OEA como el lugar idóneo. “¿Por qué algo de suma gravedad en el CELAC no lo sería en la OEA”, se preguntó. “Esto no es intromisión en asuntos internos. Es nuestra responsabilidad colectiva”.
Para calmar las aguas, Maduro dice querer elecciones, pero se refiere a comicios regionales, que en 2016 fueron postergadas y aún no tienen fecha, descartando un adelanto, como piden sus adversarios, de las presidenciales previstas para diciembre de 2018.
"Queremos votos en elecciones libres y democráticas", dijo el líder opositor Henrique Capriles, afectado por los gases lanzados por la policía durante las protestas escenificadas hoy en Caracas.
"Las elecciones regionales son impostergables, pero eso no basta para aliviar la tensión. Se debe recomponer el tejido constitucional para solventar esta crisis", dijo a la AFP el exrector del poder electoral Vicente Díaz.
Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, asegura que sus adversarios hacen "terrorismo" y tienen un plan apoyado por Estados Unidos para derrocarlo y propiciar una intervención extranjera.
La oposición lo llama "dictador" y estima que la salida del poder de Maduro es la única solución a la profunda crisis política y económica del país petrolero.
Más de un 70% de venezolanos, según encuestas privadas, reprueba la gestión de Maduro, cansados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.
(Con información de OEA, AFP y AP)
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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