América Latina
Firmado el acuerdo final; ¿habrá paz en Colombia?
Un día después de que se firme la paz, el ejército de Colombia cambiará la posición de sus tropas para proteger a los ex subversivos en su traslado a las zonas donde se establecerán de manera transitoria mientras se realiza el proceso de abandono de las armas.
El cierre de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las FARC ha puesto a la nación sudamericana en el umbral del fin de un conflicto armado que lleva más de cinco décadas, pero lo cierto es que un acuerdo definitivo aún deberá sortear varios obstáculos.
El cese bilateral y definitivo del fuego comenzará una vez se haya firmado un acuerdo final de paz que las autoridades esperan esté listo el próximo mes.
Un día después de que se firme la paz, el ejército de Colombia cambiará la posición de sus tropas para proteger a los ex subversivos en su traslado a las zonas donde se establecerán de manera transitoria mientras se realiza el proceso de abandono de las armas.
Completar este proceso, que estará supervisado por las Naciones Unidas, tendrá un plazo máximo de seis meses y cuenta desde ya con el rechazo de buena parte de la población.
Sin embargo, los negociadores aún deben dejar totalmente establecido que los acuerdos firmados en La Habana tengan rango constitucional para evitar que gobiernos futuros los echen para atrás.
El presidente Juan Manuel Santos terminará su mandato en agosto de 2018. Los subversivos exigen también garantías de seguridad después de que depongan las armas para formar un movimiento político.
Santos anunció que el acuerdo de paz será sometido a una votación el 2 de octubre en el que los colombianos deberán manifestar su apoyo o rechazo. Si bien las FARC dijeron el 23 de junio que respetarían cualquier decisión que la Corte Constitucional tomara respecto del plebiscito, también han manifestado la necesidad de realizar una asamblea nacional constituyente.
Una elección sobre el tema podría enfrentar dificultades debido a la profunda impopularidad de los miembros de las FARC que se dedicaron al narcotráfico, la extorsión y el secuestro con su interminable estela de muerte de civiles y al deseo de venganza que tales actos pueden provocar en la población.
Los partidarios del proceso de paz también temen que muchos votantes no participen de la consulta toda vez que en Colombia el voto no es obligatorio. Adicionalmente y para disgusto de los guerrilleros comunistas y de Santos, el mayor opositor al proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe, es el político con mayor aceptación del país, con 60% de popularidad, según una encuesta revelada la semana pasada por la firma Invamer.
Las partes deben establecer un mecanismo de selección de los jueces que presidirán los juzgados de paz especiales que evaluarán los crímenes cometidos por la guerrilla y los demás actores del conflicto armado.
Existe por otro lado el riesgo de que el segundo movimiento terrorista de Colombia, el también comunista Ejército de Liberación Nacional (ELN), llene el vacío dejado por las FARC. Ese grupo subversivo ha acordado recientemente llevar adelante negociaciones formales con el gobierno, pero las mismas aún no han comenzado debido a la insistencia de que antes de sentarse a dialogar liberen a los secuestrados que mantienen en su poder. El secuestro es una de las principales fuentes de ingresos del grupo, como también lo fue de las FARC, y los terroristas en el colmo de la desfachatez han rechazado esa condición para los diálogos.
Por su parte, el Gobierno canadiense, en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, aplaudió el acuerdo de paz alcanzado ayer por las autoridades colombianas y el grupo guerrillero FARC pero advirtió que "construir paz no es fácil" y requerirá edificar "una sociedad incluyente".
Además, el presidente estadounidense, Barack Obama ha dicho en una declaración que este "es un día histórico para el pueblo de Colombia. Con la finalización de un acuerdo de paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerra más larga en el hemisferio occidental está llegando a su fin" y que "felicitaba en especial al presidente Juan Manuel Santos, por su valiente liderazgo durante cuatro años de difíciles negociaciones. Igualmente agradezco al gobierno de Cuba para la celebración de estas conversaciones, a su co-garante Noruega, y al enviado especial de Estados Unidos, Bernie Aronson, por su contribución al proceso de paz".
Por su parte, la periodista Isabel Cuervo, quien cubrió el conflicto armado para varios medios de prensa, especialmente para el diario El Espectador, es menos optimista y piensa que "lastimosamente la realidad es que la paz no comenzará con la firma del acuerdo. El conflicto armado en Colombia, como todos sabemos, data de más de medio siglo y está compuesto por varios factores: guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común".
"El documento que se acaba de firmar en La Habana es un acuerdo, a puerta cerrada, entre el Gobierno de Santos y las FARC; que no son solamente un grupo alzado en armas que ha vivido del secuestro, la extorsión, masacres, reclutamiento de menores y otros delitos de lesa humanidad, son también el cartel de drogas más rico del mundo. Por lo tanto, no se ha firmado la paz, se ha firmado un acuerdo entre Gobierno y Farc que deja fuera todos los demás factores de violencia existentes en Colombia.
todo colombiano quiere un acuerdo con las FARC, pero un acuerdo sin mentiras ni cinismo, en donde paguen sus delitos con cárcel y sean juzgados con la misma ley que rige a todos los colombianos, no una ley diseñada a la medida de sus delitos...Isabel Cuervo, periodista colombiana
Todo este proceso no solo ha sido manejado con secretismo y desinformación al pueblo, sino que ha sido maniqueo. Santos se ha apoderado de la palabra Paz para usarla como bandera política, a sabiendas de la sed de paz que tenemos los colombianos. Nadie puede estar en contra de vivir en un país en paz, máxime cuando cada colombiano sabe de primera mano lo que es la guerra; no hay familia sin secuestrados, asesinados o extorsionados.
Por supuesto que todo colombiano quiere un acuerdo con las FARC, pero un acuerdo sin mentiras ni cinismo, en donde paguen sus delitos con cárcel y sean juzgados con la misma ley que rige a todos los colombianos, no una ley diseñada a la medida de sus delitos; en donde lo primero que se discuta sea en dónde están los miles de desaparecidos, los cientos de secuestrados; en donde entreguen las armas y el dinero del narcotráfico que serviría para reparar las miles de víctimas que han dejado; un acuerdo en donde los criminales de lesa humanidad no puedan ocupar curules en el Senado, como lo indica la ley de derecho internacional.
Sí se deben apoyar los diálogos de paz con todos los causantes de la guerra, pero sin perder la sensatez y ajustados a la ley, de lo contrario se está premiando el delito y lanzando al abismo a una de las democracias más sólidas de Latinoamérica", concluyó la periodista.
Por su parte, el escritor, cineasta y experto en temas de Colombia y Latinoamérica, Ricardo Puentes Melo, estima que "con la firma de la paz entre él gobierno de Santos y el grupo terrorista de las FARC no habrá cese de violencia. Esta firma es otro proceso más en la larga lista de acuerdos entre estos bandidos y diferentes gobiernos afines a la tiranía de los Castro. No habrá paz, solo impunidad, fortalecimiento del comunismo en Colombia y un descomunal lavado de activos procedentes del narcotráfico y los secuestros".
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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